El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, informó hoy que la construcción de los 14 bloques de departamentos de la Villa Sudamericana, ubicada en el barrio La Tamborada, en Cochabamba, causó un daño económico al Estado.
Dijo que fue construida fuera de las normas estructurales, no tiene derecho propietario para adjudicar sus 672 unidades habitacionales y la subsanación de ambas falencias demandará cinco millones de bolivianos.
«No hay los derechos propietarios, la Alcaldía de Cochabamba no emite los planos individuales porque no está permitido, regularizar eso costará cinco millones de bolivianos. Se ha invertido 33 millones de dólares en construir todos estos 14 edificios, que como podrán ver están vacíos no se los puede adjudicar y realmente es un daño muy grande. Tenemos que dar una solución», dijo después de realizar una inspección a esos predios.
Explicó que el incumplimiento de las normas estructurales es un problema puesto que sólo podía levantarse tres pisos en cada bloque; sin embargo, se llegó a levantar de 11 a 12 pisos.
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Dijo que el caso del derecho propietario es otro factor para solucionar, con el fin de adjudicar los departamentos, puesto que «nadie compraría una vivienda si no le dan su título».
«Regularizar eso nos van a tomar tiempo y nos va a tomar recursos. Acá la Agencia Estatal de Vivienda, a través de la coordinadora regional, aquí el Viceministro de Urbanismo y Vivienda, están gestionando y haciendo trámites para que esos cinco millones de bolivianos que nos va a costar (la regularización de las falencias) se reduzca y tratemos de cumplir la norma», recalcó.
El viceministro de Urbanismo y Vivienda, César Cladera, informó que se inició una investigación para identificar a los responsables directos de las irregularidades detectadas para su sometimiento ante la justicia ordinaria.
«Estamos identificando por el momento a responsables directos como a ex directores generales de la Agencia Estatal de Vivienda, como Víctor Márquez Quino, Noemí Bautista Chambi, Marcelo Fernando Delgado», manifestó.
La autoridad estatal dijo que los delitos tipificados en este caso son malversación, conducta antieconómica, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y daño económico al Estado.
Fuente: lostiempos.com