“La actuación de las fuerzas de seguridad boliviana fue estrictamente apegada a la Convención de Viena”, aclaró Karen Longaric.
Los funcionarios de la Embajada española iban acompañados de sujetos encapuchados y presumiblemente armados en vehículos con matrículas de esa embajada que, según la Cancillería, querían ingresar de una forma “clandestina”.El hecho tuvo lugar durante la visita a la residencia de la embajadora mexicana de la encargada de Negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, y el cónsul Álvaro Fernández.El Gobierno boliviano aún evalúa si existió la intención de evacuar a algunos de los asilados en la residencia, aunque el gobierno español negó ayer que la visita fuera para “facilitar la salida de las personas” que están asiladas en esas dependencias.Ayer, el secretario privado presidencial, Erick Foronda, ratificó que el Gobierno de Bolivia está dispuesto a dialogar con su par de México, pero en igualdad de condiciones y con transparencia para buscar una salida a la crisis diplomática que desató la situación de exfuncionarios del gobierno de Evo Morales asilados en la residencia de la Embajada de ese país en La Paz.En días pasados, México anunció una demanda contra Bolivia, ante la Corte Internacional de Justicia por la seguridad desplazada en el exterior de su legación diplomática, donde se encuentran nueve exautoridades bolivianas asiladas.“Están protegiendo a un régimen y a una persona que se ha caracterizado en Bolivia por proteger el narcotráfico y por promover el terrorismo, Juan Ramón Quintana es el culpable de sedición, de terrorismo, de alzamiento armado que ha dividido este país”, dijo Foronda. Página Siete / La Paz
