Por Maggy Talavera, periodista
Cuando cuestioné el proceso electoral propuesto por el Gobierno central para cambiar a las autoridades del Poder Judicial, no lo hice por mal agüera o por puro afán de criticar otra más de las iniciativas del Ejecutivo.
Había razones valederas para cuestionar no sólo la forma, sino también el fondo del proceso. Por eso cuestioné, por ejemplo, la posición asumida por algunas organizaciones periodísticas que centraron sus críticas en un par de artículos de la Ley de Régimen Electoral, porque violan de hecho el derecho a la libertad de expresión y de prensa, pero obviaron muchos otros artículos y aspectos de fondo que hacen de esta ley una trampa y del proceso una farsa electoral.
Lo cierto es que no se necesitaba ser experta en leyes para darse cuenta que el proceso, tal como fue impuesto por el Gobierno central en la Asamblea nacional a través de su mayoría parlamentaria, no apuntaba a mejorar la administración de Justicia en Bolivia, sino apenas a consolidar el control político sobre ésa.
Por eso la orden de establecer un sistema de pre-selección de candidatos, a cargo de la Asamblea nacional dominada por el MAS, entre quienes la población deberá votar a ciegas, en mesas de sufragio que no tendrán control ni veeduría civil independiente, y sobre quienes nadie podrá decir nada que no esté autorizado previamente por el Tribunal Supremo Electoral, el único autorizado no sólo para informar sobre los perfiles de los postulantes, sino para decir dónde, cuándo y qué pueden declarar.
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Como si no bastaran ya las restricciones arbitrarias mencionadas que nos hacen calificar al proceso no como una elección, sino como una votación cerrada y controlada por el MAS a través del TSE, éste está decidido a incurrir en otra violación, nuevamente influenciado por el Gobierno central: la de prohibir y hasta punir manifestaciones desde la sociedad civil a favor del voto blanco o nulo, como señal de protesta contra el amañado proceso impuesto por el Ejecutivo.
Lo peor: forzando argumentos y manipulando datos con el único propósito de amedrentar a la población, inhibiéndola de ejercer otro de sus derechos inalienables, como es la libertad de conciencia. Un exceso que no puede ser sino interpretado como temor a que el rechazo expresado en las urnas sea mayor que los votos válidos inducidos por el MAS.
En resumen: adaptando un viejo refrán, da para afirmar que “elección que nace torcida no endereza nunca”, por muchos intentos que hagan sus impulsores para lograrlo. Intentos que pasan incluso por la inclusión de un par de nombres de profesionales probos en la lista de los preseleccionados, que están siendo usados como “carnada” para capturar el voto de incautos y otros ni tanto, pero que abrazan el proyecto político del MAS.
Pero por muchos esfuerzos que hagan, no podrán borrar los datos que arroja la realidad y que nos confirman que esto no es una elección, sino una votación cerrada y dirigida por el MAS entre candidatos que su mayoría parlamentaria eligió, sobre quienes ningún medio podrá informar, menos comentar o entrevistarlos.
Una votación sin control ciudadano en mesas de sufragio y escrutinio. Y una votación para la cual el MAS ya trabaja el voto consigna.
Esta realidad ya no se puede ocultar, tal como lo refleja –entre otros- la desconfianza en el proceso electoral manifestada por 84% de los encuestados en junio por Mercados y Muestras, a pedido de Página Siete. Sólo el 13% de los encuestados en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y El Alto “cree que la elección será transparente y limpia”.
Como tampoco se puede ocultar que el TSE está actuando acorde a los intereses políticos del Gobierno. ¿O cómo se explica que asuma la voz oficial y amenace con cárcel a quienes se manifiesten a favor del voto blanco o nulo en este proceso electoral?
“Todos estamos prohibidos de hacer campaña a favor o en contra de los candidatos o en contra de todos los candidatos. Es una prohibición aprobada por el pueblo”, ha dicho el presidente del TSE, Wilfredo Ovando.
Habrá que aclararle al TSE que no se trata de una campaña en contra de uno o más candidatos, sino del derecho que nos asiste a los bolivianos a expresar libremente nuestra opinión (derecho consagrado en el Art. 21 inc. 3 y 5, y en el Art. 22 de la CPE), en este caso cuestionando un proceso electoral amañado. Y aclararle también, por si no lo recuerda, que “El electorado puede manifestar su voluntad mediante tres tipos de voto: válido, blanco y nulo’”, tal como lo establece claramente el Art. 161 I de la Ley No. 026 aprobada el 30 de junio de 2010 por el presidente Evo Morales Ayma. ¿Es necesario seguir enumerando leyes?
Me voy recordando a Cantinflas en Su Excelencia y una de las sabias frases dichas en una ficticia sesión de la ONU: “¿Cómo podemos votar por un sistema que habla de dignidad y acto seguido atropella lo más sagrado de la dignidad humana que es la libertad de conciencia…?”.
Fuente: www.aulalibrebol.com