El Gobierno corta los bonos de la NAS a los erradicadores

El TGN se hará cargo de pagar los alicientes a los uniformados.

El Viceministerio de Defensa Social cuenta con 20 millones de dólares para la interdicción en 2009.

imageErradicación: uniformados destruyen un cocal, en noviembre de 2008



La Prensa

El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, informó ayer que la Narcotics Affairs Section (NAS, Sección de Asuntos de Narcóticos) de Estados Unidos dejó de financiar los bonos destinados a los erradicadores de cocales ilegales, que dependen de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

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Cáceres anunció que desde marzo de este año ese pago será efectuado con fondos provenientes del Tesoro General de la Nación (TGN), aunque será necesario hacer “un ajuste”.

“Por una cuestión de dignidad y soberanía nacional, a partir del próximo mes de marzo los bonos serán pagados con recursos propios a través del Ministerio de Gobierno y Viceministerio de Defensa Social. Se pagarán estos bonos, aunque es cierto que hay que hacer un ajuste puesto que un oficial, en este caso el comandante, tiene un bono de más o menos 3.800 bolivianos y un policía raso gana entre 1.200 y 1.300 bolivianos”.

Los conscriptos reciben un socorro mensual que fluctúa entre 700 y 800 bolivianos.

La FTC cuenta con 1.600 efectivos, que recibirán un “aliciente” que se nivelará para todos, independientemente del rango que alcanzaron.

La decisión de suspender el apoyo de la NAS forma parte de la política gubernamental de nacionalización de la lucha contra el tráfico de drogas.

Hasta el año pasado, los bonos ofrecidos a los uniformados fueron costeados exclusivamente por esa organización.

El Viceministro dio cuenta de que para el año 2009 se cuenta con un presupuesto de 20 millones de dólares, no sólo para financiar los trabajos de interdicción, sino para cubrir el trabajo que efectúa la FTC encargada de racionalizar la producción excedente de coca en el trópico de Cochabamba, en los Yungas de La Paz y en parques nacionales, donde se observa la existencia de cultivos ilegales.

Un nuevo convenio

La autoridad informó que en el plazo de 15 a 20 días se tendrá listo el nuevo convenio de cooperación bilateral entre Bolivia y Estados Unidos para lucha contra el narcotráfico.

En la actualidad, comisiones de ambos gobiernos redactan el acuerdo que en el término indicado será aprobado y firmado por las dos cancillerías.

Con base en ese convenio, la NAS se encargará de apoyar las tareas logísticas de la erradicación y racionalización de cultivos, por lo que proveerá uniformes, equipos, combustible, será responsable del mantenimiento de vehículos, según informó Hilder Sejas, responsable de Prensa del Viceministerio.

En las próximas semanas se desarrollará el quincuagésimo segundo periodo ordinario de sesiones de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en Viena, Austria, encuentro ante el que la delegación boliviana solicitará de manera oficial la despenalización de la hoja de coca en su estado natural.

En esa oportunidad, la representación boliviana será presidida por el embajador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Pablo Solón.

La JIFE es un órgano independiente compuesto por 13 miembros que supervisa el cumplimiento de los tratados de fiscalización internacional de drogas.

Crece consumo de marihuana

El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, aseguró ayer que el consumo de marihuana se incrementó notablemente en los últimos años, a grado tal que el combate a su producción se ha convertido en “prioridad” del Gobierno.

“Informes de Inteligencia nos han dado a conocer que en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, ciudades que forman el eje del país, hay indicios de que el 0,6 por ciento de la población consume esta droga, lo que realmente causa la preocupación de las autoridades nacionales”.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) se incautó de 624 toneladas de marihuana en lo que va de este año.

Sobre la base de ambos datos, Cáceres exhortó a la colectividad, en particular a los padres de familia, a sumarse a esta lucha.

Si se considera que, de acuerdo con las proyecciones del Censo Nacional de Población y Vivienda, para 2005 en las tres ciudades vivían unas 2,5 millones de personas, unos 150.000 individuos fuman habitualmente esta droga.