El principal problema se encuentra en los escaños indígenas.
El problema para una nueva ley electoral es la cantidad de circunscripciones indígenas
La Patria
A partir de mañana, al Congreso sólo le quedan 37 de los 60 días que tiene para aprobar la nueva ley electoral, para las elecciones del 6 de diciembre de 2009, para designar a la nueva Asamblea Plurinacional y elegir al binomio presidencial.
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La disposición transitoria de la nueva Constitución Política del Estado establece el plazo que vence el 7 de abril y la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados hasta el viernes recibió al menos 12 proyectos de ley para las nuevas reglas de juego que servirán para recomponer el tablero de poder en Bolivia.
Incluso la Unión Europea, a través de un informe, producto de las observaciones al referéndum del 25 de enero, ha recomendado la aprobación de un nuevo código electoral “permanente y exhaustivo como referencia para todo futuro proceso electoral” y después de un proceso de concertación “porque la democracia no es la tiranía de la mayoría”.
CONTRADICCIONES
Varios analistas y actores políticos han advertido que la principal contradicción, en el debate de aprobación de la nueva ley de elecciones, consiste en las propuestas de asignación de escaños en el nuevo Congreso.
“El tema crítico”, según la analista María Teresa Zegada, “gira en torno a la conformación de la futura Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir, a la asignación de escaños para la Cámara de Diputados y para la Cámara de Senadores”.
La nueva Constitución establece un número escaños en la Cámara Baja y 36 curules para la Cámara Alta, o de senadores.
“El problema” surge de las “contradicciones, ambigüedades y dificultades de aplicación” en las propuestas que buscan atender la participación de representantes de pueblos indígenas en circunscripciones especiales, o indígenas, según la analista.
El Gobierno ha propuesto un total de 130 diputaciones, disminuir un escaño de las diputaciones uninominales (de las 70 actuales a 69); para luego, de las 61 diputaciones plurinominales (que antes eran 60) asignar 15 a las circunscripciones especiales indígenas.
Pero los representantes de los “movimientos sociales” que apoyan al MAS, han calificado esa propuesta como una traición y piden entre 24 y especiales, donde eleva a 18 la cifra de escaños para los pueblos indígenas.
El Consejo Nacional de Marcas y Ayllus del Qullasuyo (Conamaq) demanda 24 curules: 11 para tierras altas y 13 para tierras bajas; mientras la CIDOB reivindica 18 escaños.
“La propuesta del CIDOB tiene un nivel superior de coherencia con la nueva Constitución”, sostuvo Iván Bascopé, responsable de la oficina del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) de La Paz.
En la propuesta de Podemos, principal partido de oposición en el Congreso se reducen a 66 las diputaciones uninominales para incrementar en uno los curules plurinominales. Las restantes tres diputaciones se asignan a indígenas o especiales.
Este debate choca con la realidad porque hasta ahora “antropólogos y cientistas sociales coinciden en que no existe claridad sobre la actual cantidad y densidad poblacional de pueblos indígenas en Bolivia”, dijo Zegada.
VIOLAN LA NUEVA CONSTITUCION
Para el ex asambleísta y vocal de la Corte Nacional Electoral, Jorge Lazarte, el proyecto del Gobierno para reformar el Código Electoral viola el artículo 30, II, 18, que reconoce a las naciones y pueblos indígenas originario campesinos el derecho a la “participación en los órganos e instituciones del Estado”.
“Son 36 naciones y no 15, que es el número que reconoce ahora el proyecto. Además, ¿por qué 15 y no más, o menos? Pero si fueran las 36, habría naciones con menos de cien habitantes y menos aún votantes”, cuestionó Lazarte.
También viola el art. 146, II, que establece que una mitad de los diputados serán uninominales y la otra mitad plurinominales. Según el proyecto del Gobierno, para Beni la mitad de nueve es dos; para Pando, la mitad de cinco es uno; Tarija, la mitad de nueve es tres; Santa Cruz, la mitad de 25 es nueve y para La Paz la mitad de 29, 11. Estas distorsiones manifiestas contrarían la aritmética escolar, dijo Lazarte.
El ex vocal de la CNE también mencionó algunos “problemas prácticos de implementación”.
“No hay correspondencia entre las nueve circunscripciones indígenas propuestas, una por departamento, y los varios grupos indígenas asentados en más de un departamento. ¿Cómo se va a decidir el asiento electoral de esos pueblos, sin dividirlos, pero tampoco manipularlos con traslados de votantes?”, preguntó.
“¿Cómo o mejor dónde van a votar los indígenas u originarios que viven dispersos en el territorio de su extendida circunscripción? ¿Y cuál va a ser la situación de los que residen en las circunscripciones no especiales?”.
Por su parte, la Unión Europea insiste en que el nuevo Código sancione la coacción en el voto comunitario, control en el gasto público en la campaña y un padrón electoral transparente que tenga como referencia un registro civil actualizado y administrado por la Corte Nacional Electoral.