Colonizadores cocaleros pretenden el control de zonas ubicadas fuera del lugar legal para asentamientos, del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). La CSCIB contra la marcha indígena que comienza el 15 de agosto. El Gobierno minimiza desmonte por construcción de carretera y CIDOB anuncia demanda.
MOVILIZACIÓN. Indígenas de tierras bajas de CIDOB protagonizan una marcha en agosto pasado. – Cristian Fournier La Prensa
Por Cristian Fournier – La Prensa
La CSIB amenaza a los indígenas por el TIPNIS
Anticipan enfrentamientos por la tenencia de tierras en el área.
Los colonizadores quieren tierras en el parque. La marcha anunciada para el 15 de agosto será protagonizada por indígenas de tierras altas y bajas.
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El secretario general de la Confederación Sindical de Campesinos Interculturales de Bolivia (CSCIB), Gustavo Aliaga, reveló a La Prensa que los colonizadores cocaleros de su sector pretenden tener control de zonas ubicadas fuera del polígono Siete (lugar legal para asentamientos) del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
Los colonizadores están decididos a atacar a los indígenas yuracarés, moxeños y chimanes del lugar en caso de que partiera la marcha prevista para el 15 de agosto en protesta por la apertura de una carretera por el medio de esa área.
“TARDE O TEMPRANO ENTRAREMOS AL TIPNIS POR TIERRAS”. El dirigente de casi dos millones de trabajadores interculturales del país dijo que el problema data de hace mucho tiempo y es consecuencia de la falta de equidad gubernamental en la distribución de tierras para indígenas, campesinos y colonos.
“El Gobierno debe prever una nueva ley (de la Madre Tierra, propuesta por el Pacto de Unidad) que no establezca diferencias tan grandes de tenencia de tierra. Por eso, queremos debatir con los indígenas sobre la desigualdad, cada uno de ellos tienen más de 20.000 hectáreas a título de tierras comunitarias de origen, mientras nosotros apenas contamos entre una y cinco hectáreas. Eso sí es una criminalidad, no la construcción de la carretera que, para nosotros, beneficia al colonizador y a toda la población”.
Criticó las amenazas de marchas y bloqueos, así como enfatizó en que si lo hacen, se levantarán “por la desigualdad de tierras y nos vamos a medir con ellos, cuando pasen por el Chapare o los Yungas”.
Con esa actitud provocadora, dijo, la CIDOB busca desgastar y mellar la imagen del presidente Evo Morales, agregó, tras lamentar que los colonizadores ya no tienen espacio para asentarse. “Con las TCO saneadas, los indígenas nos quieren asfixiar”.
“YA HAY VIOLENCIA”. Aliaga confirmó que en Rurrenabaque y Yucumo, Beni, e Ixiamas, La Paz, ya existieron enfrentamientos entre indígenas y colonos por tierras.
“Éste es un problema grande que no sólo está presente en el TIPNIS”. Sugirió al Gobierno aceptar el anteproyecto de ley para diseñar un plan de cómo cuidar la flora y fauna del parque de más de un millón de hectáreas, sin dañar la vida de los lugareños, con la construcción del Tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que atravesará el TIPNIS.
“Como colonizadores, nuestra intención no es depredar toda la naturaleza para plantar coca, sino poder sacar nuestros productos a los mercados del país. Por eso queremos traspasar el polígono Siete, para tener más tierras en la zona. Ya hay compañeros que quieren avasallar el parque por falta de tierras fiscales para cultivarlas y mantener nuestras tierras".
Se suman indígenas del altiplano por la defensa del área, ante la invasión colona y con la petición de la consulta.
Destacó a La Prensa el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro.
LOS AVASALLADORES SERÁN SANCIONADOS. Agregó que el proyecto vial no tiene como finalidad la apropiación de zonas protegidas, sino acelerar el desarrollo del país y la integración nacional.
“Los que están en función de estos intereses de invasión van a ser debidamente sancionados. Hay que defender los parques, pero también el desarrollo y la comunicación entre dos departamentos”.
“EL DIÁLOGO DEBE DARSE”. Explicó que el Gobierno mantiene la apertura al diálogo. “Para la solución es importante el acuerdo, que ellos definan el tiempo y lugar para reunirse; el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, ya les envió a sus autoridades una nota para negociar”.
Gobierno minimiza desmonte y CIDOB anuncia demanda
Conamaq se sumará a la marcha y llama a otros pueblos indígenas.
Violación. Los pueblos originarios del TIPNIS sostienen que la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos vulnera los derechos indígenas.
Página Siete / La Paz – 02/08/2011
El Gobierno nacional minimizó la tala de medio millón de árboles y rechazó el veto a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, mientras que la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) anunció que demandará al Estado por violar sus derechos.
“El proyecto no tiene la finalidad de afectar a la Madre Tierra ni afectar a la biodiversidad”, así respondió ayer el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, al ser consultado sobre los efectos que tendrá el desmonte en el área del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
Sin embargo, este hecho es considerado como una violación a los derechos de los pueblos indígenas y en consecuencia la CIDOB asumirá acciones, como demandar al Estado ante organismos internacionales.
“Corresponde ya a la confederación alistar una demanda, primero ante el Tribunal Constitucional y dar a conocer en otro paquete a las instancias internacionales por violación de nuestros derechos”, declaró su presidente, Adolfo Chávez, a radio Alternativa de la red Erbol.
Los pueblos indígenas del TIPNIS se amparan en varios artículos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que en su artículo 7 señala: “Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”.
La Constitución Política del Estado (CPE), en su artículo 403, deja a los pueblos indígenas la “definición” de su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza.
Las visiones de desarrollo del Gobierno y de indígenas se contraponen; para el primero, por encima de los indígenas del parque está el desarrollo, mientras que para los pueblos originarios existe una convivencia con la naturaleza que no puede romperse.
En esa perspectiva, el Gobierno argumenta que no es aceptable el “veto” o que la consulta tenga carácter vinculante. “Pero en lo que no podemos ingresar es en una especie de veto, un veto que impide el desarrollo”, señaló Navarro.
La posición se genera después de que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) emitió la resolución para autorizar a la constructora brasileña OAS el desmonte de 47 hectáreas para la construcción de la carretera.
Marcha
La marcha de los pueblos indígenas afectados por la construcción de la carretera que cruzará el parque está ratificada para el 15 de agosto.
El Gobierno aguarda que las organizaciones definan fecha y lugar para el diálogo.
Normas sobre derechos indígenas
Convenios El 169 de la OIT establece que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, cada vez que se prevén medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Las consultas deben ser de buena fe para llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.
Participación Los pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente, según el mismo Convenio 169 de la OIT, sobre derechos indígenas.