Hace más de 10 años, cuando el Movimiento al Socialismo lograba triunfo tras triunfo en las urnas y en todos los escenarios donde se disputaban las luchas políticas, muchos analistas buscaban una explicación al fenómeno. Uno de ellos, planteó que, más que por sus propios méritos, los éxitos masistas se podían explicar por los desaciertos de las fuerzas opositoras.
“El punto fuerte del oficialismo es la oposición” fue la frase con que, en 2009, en vísperas de las elecciones generales de ese año, se sintetizó esa hipótesis.
Los acontecimientos sucedidos entre octubre y noviembre del año pasado dieron motivos para creer que tan penoso panorama había llegado a su fin. La concentración del voto en una fórmula opositora, primero, la movilización ciudadana contra los abusos del MAS, después, y la formación de un Gobierno de transición, parecían indicar que a la democracia boliviana se le abría un horizonte esperanzador.
Solo dos meses han sido suficientes para poner en duda los fundamentos del optimismo. A tal punto que la decepción tiende a cundir entre quienes –en las urnas y en las calles, durante tres semanas de movilizaciones– cerraron el camino al autoritarismo del MAS con la esperanza de que sea algo mejor lo que ocupe su lugar.
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La decisión de la presidenta Jeanine Áñez de presentar su candidatura en nombre de su partido, que no logró más de un 4% de los votos en las elecciones de octubre, fue el clímax del proceso de desengaño. Y no podía ser de otro modo pues, más allá de la legalidada, resulta por demás evidente que se trata de una abusiva transgresión de esa especie de pacto tácito por el cual se le encomendó encabezar un proceso de transición democrática, libre de las taras del pasado.
Los argumentos legales en los que se respaldan las impugnaciones a la candidatura de Áñez son muchos. Tantos, que no será fácil para el Tribunal Constitucional Plurinacional ni para el Tribunal Supremo Electoral avalar esa postulación. Pero no son las formalidades legales, sino las de carácter ético, las que más pesan a la hora de cuestionar una decisión que tiene todo el aspecto de una maniobra política solo inspirada en los intereses de una camarilla de sus conmilitantes.
La posibilidad de que el aparato estatal vuelva a ser, como durante los 14 años pasados, un instrumento puesto al servicio de la campaña electoral de la nueva fórmula oficialista es solo la expresión más visible de lo que eso significa.
Jeanine Áñez está todavía a tiempo para rectificar el rumbo de su corta gestión. Puede y debe dar un paso atrás. Si no lo hace, habrá que exigir al TSE y al TCP que den al país una muestra de su independencia y apego a lo que manda la ley.
Fuente: lostiempos.com