El Consejo de la Judicatura investigará al juez Vladimir Pérez, por la liberación del clan Candia Romero, implicados en lavado de dinero del narcotráfico.
El principal procesado, Orlando “Sérpico” Candia, en la audiencia del pasado 30 de julio en Cochabamba. Foto Los Tiempos
Cochabamba, BOLIVIA, 3 ago (ABI).- El Consejo de la Judicatura determinó iniciar una investigación de oficio contra el juez Segundo de Instrucción en lo Penal, Vladimir Pérez, por la liberación, con medidas sustitutivas, del principal implicado en un caso de lavado de dinero del narcotráfico, Orlando Candia Romero.
"A partir de la nueva Constitución Política del Estado desaparecen los fueros y los juicios de privilegio. Vocales, jueces, fiscales, policías, todos estamos sujetos a ser denunciados y ser investigados por los actos en los cuales incurramos en el servicio público", manifestó el titular de esa entidad, Johnny Ledezma.
Dijo que la situación jurídica del juez será definida en las próximas semanas, aunque mencionó que la autoridad judicial debería excusarse del conocimiento de la causa por la querella que le planteará el Ministerio de Gobierno por incumplimiento de deberes y prevaricato.
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Recordó que una de las principales causas para la excusa de los juzgadores se refiere a tener un proceso pendiente, tal como pasó con la juez Primero de Instrucción Penal, Rosario Butrón, quien por un caso similar optó por alejarse por una demanda interpuesta en su contra por el Ministerio Público.
El titular del Consejo de la Judicatura dijo que el alejamiento de autoridades judiciales por demandas interpuestas en su contra en hechos que involucran el lavado de dinero generará en el corto plazo un problema jurídico colateral.
"A este paso se va a quedar sin jueces el distrito que puedan conocer casos de esta naturaleza", manifestó.
Mencionó que la raíz del conflicto de la liberación de imputados en legitimación de ganancias ilícitas está en los planteamientos de algunos fiscales que solicitan el encarcelamiento sin considerar algunos principios básicos.
Los operadores de justicia, dijo, al parecer, no recuerdan que los jueces tienen que basarse en la ley y la regla fundamental en materia penal establece que se vele por la libertad de las personas y la detención preventiva, en realidad, es la excepción.
El juez Segundo de Instrucción en lo Penal, Vladimir Pérez, no quiso tener contacto con la prensa y sólo mandó a manifestar que toda explicación sobre su accionar está en la resolución que libró el pasado domingo.
Los imputados por legitimación de ganancias ilícitas en el caso Sérpico, Orlando Candia y su cuñada Rossmery Lozada de Candia, fueron beneficiados con medidas sustitutivas a la detención preventiva.
Actualmente, ambos viven en la casa de un familiar porque les fueron confiscados cerca de diez bienes inmuebles.
Tuvieron que depositar ante de su liberación 100.000 bolivianos, cada uno, como fianza.