La Resolución de la ASFI Nº 591/2011 del 5 de agosto, señala que se debe buscar “las medidas de solución a sus obligaciones financieras que contemplen condiciones accesibles ajustadas a las características del crédito y la situación real de la capacidad de pago de cada prestatario, en el marco de una genuina de ayuda solidaria”.
La Paz, 8 Ago. (ANF).- La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) determinó ampliar por un año calendario la suspensión en el pago de las deudas en mora de alrededor 2.500 afectados del mega deslizamiento del 26 de febrero que, en conjunto, deberían alrededor de seis millones de dólares a las entidades financieras de crédito.
La Resolución ASFI Nº 317/2011, del 30 de marzo pasado, concluye este 27 de agosto, que suspendía el pago de esas deudas sólo por seis meses computables a partir del 27 de febrero, del año en curso, es decir un día después del desastre del 26 de la ladera oeste que afectó a cinco mil personas y unas 1.500 unidades habitacionales quedaron desaparecidas.
La nueva Resolución de la ASFI Nº 591/2011 del 5 de agosto, hace referencia a la carta enviada el pasado martes 2 de agosto a esa entidad por parte de casi un millar de afectados que solicitaron la condonación de sus deudas.
El colectivo de Mujeres Creando realizó un estudio de campo que estableció que el 64,67 por ciento de los damnificados que perdió sus bienes es mujer y se encuentra en una situación de doble vulnerabilidad y un 35,43 por ciento son varones.
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“La mayor parte de los deudores son mujeres madres con doble responsabilidad y doble jornada de trabajo, y su vulnerabilidad se acentúa si consideramos que además deben conseguir los recursos para su subsistencia y la de sus familias y conseguir recursos en el corto plazo para pagar su deuda con las microfinacieras”, destaca el estudio realizado por Julieta Ojeda y Mayra Rojas.
El sobreendeudamiento es otro factor que afecta a estas familias empobrecidas, pues adquirieron créditos en diferentes microfinancieras, que menciona que la mayoría de las deudas se contrajo con entidades reguladas.
En promedio, el 71 por ciento de las deudas oscila entre 1.000 a 3.000 dólares; seguido por aquellas comprendidas entre 3.000 a 6.000 dólares (14 por ciento); las deudas entre 6.000 a 9.000 dólares y las de 9.000 a 12.000 llegan cada una al 6 por ciento. El resto son cifras marginales hacia arriba y abajo. La mayor parte de las deudas son nuevas y están en proceso de pago inicial.
Las principales deudas están concentradas en Banco Sol (Banco Solidario S.A), un 24 por ciento; Diaconía – FRIF (Financiera de Desarrollo), un 16 por ciento; en el Banco Fie S.A., con un 10 por ciento; Banco Los Andes ProCredit con un 8 por ciento; Crecer (Institución Financiera de Desarrollo) con 8 por ciento.
En tanto que el Banco Unión S.A. tiene el 6 por ciento de deudores al igual que Pro Mujer. Mientras que Crediempleo tienen a un 5 por ciento. Con 3 por ciento figuran las entidades Cooperativa La Sagrada familia Ltda.; Ecofuturo S.A. Fondo Financiero Privado; Emprender y el Prodem (Fondo Financiero Privado S.A.).
Con porcentajes menores está el Banco Económico con 2%; y con el uno por ciento de deudores figuran: Banco Mercantil (BDP Crédito Productivo); Cooperativa San Pedro de Aiquile Ltda.; Fortaleza Fondo Financiero Privado (Fondeco); Mutual La Paz; y PAMIC (Programa de Apoyo en Microcrédito S.R.L).
La Resolución de la ASFI Nº 591/2011 del 5 de agosto, señala que se debe buscar “las medidas de solución a sus obligaciones financieras que contemplen condiciones accesibles ajustadas a las características del crédito y la situación real de la capacidad de pago de cada prestatario, en el marco de una genuina de ayuda solidaria”.
Además, instruye “mantener la suspensión de acciones de cobro de operaciones crediticias vigentes” y “mantener la suspensión de acciones de cobro judicial o extra judicial de créditos que se encuentren en estado vencido o en ejecución”.
También dispone mantener en resguardo y a disposición de la ASFI la documentación de respaldo que fundamente las medidas de solución acordadas entre las entidades de intermediación financiera y los deudores afectados.
Inicialmente se había previsto una tolerancia de seis meses a partir del 27 de febrero del año en curso para que las entidades de intermediación financiera “suspendan acciones de cobro de operaciones crediticias vigentes y acciones de cobro judicial o extra judicial de créditos que se encuentren en estado vencido o en ejecución, con el fin de precautelar los intereses de los damnificados que por circunstancias de fuerza mayor se ven impedidos de honrar sus compromisos adquirido”.