El Gobierno asegura que los fondos se revirtieron al TGN. Ex autoridades aseguran que la gestión fue deficiente y se ocupó de la agenda política.
Movilización: los conflictos regionales dominaron la agenda pública en 2008
La Prensa
En 2008, los 14 ministerios del Poder Ejecutivo no pudieron ejecutar 3.490,1 millones de bolivianos, que conforme a normas legales vigentes fueron revertidos al Tesoro General de la Nación (TGN), lo cual, según expertos, muestra la falta de gestión e incapacidad de la actual administración.
Así lo revelan datos del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), dependiente del Ministerio de Hacienda.
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Las cifras reflejan que uno los ministerios menos eficientes fue el de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, cuya ejecución fue de apenas 25 por ciento del presupuesto de 1.318 millones de bolivianos que se le asignó en 2008.
También tuvo un bajo desempeño la cartera de Planificación para el Desarrollo, con el 24,4 por ciento (ver infograma).
Mientras que los que alcanzaron una ejecución moderada fueron Presidencia, 49,9 por ciento; Hidrocarburos, 56,4 por ciento; Hacienda, 55,4 por ciento, y Agua y Saneamiento Básico, 52,6 por ciento.
Las carteras de Estado con mejor desempeño fueron Gobierno, 87,2 por ciento; Defensa, 82,9 por ciento; Defensa Legal, 94,5 por ciento; Relaciones Exteriores, 77,3 por ciento; Salud, 70,4 por ciento; Educación, 68,2 por ciento; Minería, 66,9 por ciento; Trabajo, 66,6 por ciento, y Justicia, 60,4 por ciento.
El Presupuesto General de la Nación (PGN) 2009, en su artículo 14, señala: “Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a realizar la reversión automática de aquellos saldos en caja y bancos, con fuente de financiamiento del Tesoro General de la Nación, cuando los mismos no hayan sido ejecutados ni devengados al cierre de una gestión fiscal (31 de diciembre). Para el efecto se creará una cuenta especial para que sean reasignados en prioridades gubernamentales”.
El viceministro de Presupuesto, Emilio Pinto, confirmó que en 2008 se revirtieron al TGN los fondos que tenían como fuente de financiamiento el Tesoro, pero no precisó montos.
Sin embargo, las entidades del sector público tienen hasta el 31 de marzo de cada año para cerrar estados financieros.
Pinto aclaró que la normativa no incluye los fondos que no pudieron ejecutar las prefecturas y municipios y que tienen como fuente ingresos propios, a saber, los impuestos Directo a los Hidrocarburos (IDH) y Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD).
La Prensa intentó hacer una evaluación de la gestión con la viceministra de Coordinación Gubernamental, Rebeca Delgado, pero su departamento de prensa no devolvió la llamada hasta el cierre de edición de esta nota (viernes 27 de febrero), pese a que existía el compromiso.
El ex ministro de Hacienda Waldo Gutiérrez opinó que la gestión no ha sido la mejor y fruto de ello se observa una baja ejecución presupuestaria.
Además dijo que es llamativo que los ministerios políticos, como de Gobierno y de Defensa, hayan sido los más exitosos en su ejecución por encima de los de índole productiva y económica.
Esto confirma que la agenda económica fue postergada y que el Poder Ejecutivo dio prioridad a los procesos electorales.
Para el economista Julio Linares, la baja ejecución en los ministerios del área productiva tiene que ver, además de con problemas de gestión, con la burocracia y cumplimiento de normas. Agregó que impulsar un proyecto productivo demanda la convocatoria a una licitación, evaluación de los proponentes y otros procesos que demoran su adjudicación. En cambio, en Defensa o Gobierno los gastos están más relacionados con servicios o compra de bienes, que son más expeditos.
El ex presidente del Banco Central de Bolivia (BCB) Armando Méndez señaló que las carteras de Gobierno y Defensa tienen gastos rutinarios, mientras que las del área productiva delinean grandes proyectos que no se llegan a impulsar por la baja capacidad de gestión gubernamental vinculada a la escasez de profesionales con experiencia en gestión pública debido a que el Ejecutivo despidió a personal técnico que se había formado varios años en viceministerios clave, como el de Inversión Pública.
A esto se suman, añadió Méndez, la prioridad que se dio a la agenda política y la subalternización de lo económico.
La viceministra Delgado, en noviembre, reconoció que hubo problemas de gestión que impidieron a los ministerios ejecutar sus recursos, pero aseguró que este año se buscará mejorar la inversión.
El Gobierno justificó que el año pasado tuvo que afrontar recurrentes conflictos con los grupos y regiones opositoras que concentraron la atención de las autoridades.
Delgado precisó el 15 de noviembre de 2008: “La gestión se ha debilitado porque hemos vivido una situación de conflicto permanente, especialmente con el objetivo de que no se apruebe la Ley de Convocatoria a Referéndum y aprobación de la nueva Constitución Política del Estado”.
De por medio también hubo burocracia y normas vigentes que han dificultado la ejecución presupuestaria y de los planes operativos anuales (POA) de los ministerios.
En el reporte publicado por el SIGMA en su sitio web se revela que en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), una de las empresas estatales líderes, la ejecución alcanzó a 53,7 por ciento. Su presupuesto ascendía a 53.287,2 millones de bolivianos y su gasto llegó a 28.648,6 millones.
La empresa nacionalizada se encuentra envuelta en actos de corrupción presuntamente cometidos por su ex presidente Santos Ramírez y funcionarios de su entorno, destituidos hace un mes.
Inversión llegó a 91,6%
El Gobierno asegura que en materia de inversión pública la ejecución el año pasado (datos a noviembre) alcanzó a 1.165 millones de dólares, es decir, un 91,6 por ciento de la asignación.
El viceministro de Inversión Pública, Javier Fernández, en una publicación del Ministerio de Planificación para el Desarrollo, aseguró que este monto es superior al de gestiones pasadas.
Los sectores donde más se destinaron los recursos fueron infraestructura, 572,5 millones de dólares; proyectos sociales, 355,5 millones de dólares; área productiva (hidrocarburos, minería, industria y turismo, y agropecuaria), 148,2 millones de dólares, y proyectos multisectoriales, 88,7 millones de dólares.
Fernández anunció que para hacer más eficiente la ejecución en la administración central, prefecturas y alcaldías, el Viceministerio a su cargo instituirá un sistema de seguimiento y evaluación que permitirá conocer en forma bimestral el estado de gastos.
De esta manera, el Gobierno aguarda que se mejore la calidad de la inversión.
Municipios gastaron un 72%
Durante la pasada gestión, los 327 municipios del país fueron los más eficientes en el desembolso de sus recursos destinados a la inversión pública: ejecutaron el 72,3 por ciento.
Así lo revela un análisis del Sistema de Información y Análisis de la Gestión Municipal (SIAM) y la Federación de Asociaciones de Municipios (FAM-Bolivia) basado en datos preliminares obtenidos en el Ministerio de Hacienda y el Viceministerio de Presupuesto.
El Presupuesto General de la Nación (PGN) 2008 proyectó para esa gestión una asignación de 1.271 millones de dólares para el programa de inversión pública.
Los datos oficiales dan cuenta de que la ejecución en los municipios llegó a 919,2 millones de dólares (6.636 millones de bolivianos), o sea, el 72,3 por ciento de lo presupuestado a inicios de año.
Entre 2000 y 2007, la inversión pública programada ascendió a 4.560 millones de dólares, de los cuales el 55 por ciento fue gastado por las alcaldías; seguidas por el Gobierno central, con 26,7 por ciento, y las prefecturas, con 18 por ciento.
Según el SIAM-FAM, aún no es posible construir un cuadro comparativo de inversión pública entre todos los niveles de gobierno y administración del Estado debido a que la información sobre ejecución de la inversión disponible en la página web del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) sólo contiene datos del primer trimestre de 2008.
Según el SIAM-FAM, durante 2008 los municipios destinaron el gasto principalmente al desarrollo humano con los servicios del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) (25 por ciento).
Luego se ubican inversiones en infraestructura caminera, equipamiento, medicina y educación (infraestructura, equipamiento, desayuno escolar). Sigue en importancia la inversión en infraestructura urbana y rural, así como la apertura, mejoramiento y mantenimiento de caminos vecinales y la ejecución de proyectos de electrificación, que significa el 20 por ciento, además de la dotación de los servicios básicos de alumbrado público, administración de la basura, emergencias, mantenimiento, mingitorios, cementerios, mercados y otros, que representan en conjunto 19 por ciento.