Los casos de violación quedan impunes en su mayoría, sin aclarar y con daños sociales. Tres organizaciones exigen promulgar una ley contra este delito.
RECREO. Niños se divierten en el patio de una escuela en presencia de una maestra.
Por Wendy Inarra – La Prensa
En Bolivia, 16 niños y adolescentes son violados sexualmente cada día. Un proyecto de ley destinado a sancionar a los culpables, además de proteger a esta población, lleva varios años postergado en la Asamblea Legislativa, y los padres de familia dieron un último plazo para que el documento sea sancionado.
Treinta años sin derecho a indulto. El portavoz de las juntas escolares de Bolivia, José Antonio Pereira, dijo que desde octubre de 2007, el planteamiento de la necesidad de establecer un nuevo régimen punitivo a los delitos de violación, estupro, violación y rapto a niños, niñas y adolescentes no es analizado por los legisladores.
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La Junta Escolar Nacional, los vecinos de la zona 14 de Septiembre de La Paz y la Federación de Padres de Familia de La Paz concedieron un último plazo de 30 días a partir del próximo lunes 15 para considerar y aprobar el proyecto de ley.
Los padres de familia de Bolivia
—según Pereira— están preocupados por “los hechos de violaciones que ocurren todos los días y que en Bolivia se invisibilizan, a pesar de que hay 16 casos en los que los niños sufren de este vejamen corporal y psicológico”.
La propuesta contiene tres aspectos. El primero es que se deben prevenir las violaciones, actitud en la que deben involucrarse el Gobierno, las gobernaciones, las alcaldías y los colegios.
El segundo establece una sanción de 30 años de presidio sin derecho a indulto al violador, pues casi todos los que cometen este delito serán reincidentes en caso de recuperar su libertad.
Tercero, los niños que hayan sufrido de esta agresión física y psicosocial, deben ser sometidos a un adecuado tratamiento psicológico y físico.
“LOS VIOLADORES SON UN PAÑO DE LÁGRIMAS”. Según Pereira, “los verdugos asumen el papel de paño de lágrimas. Los principales son los curas y los maestros”; en tal sentido, ni “el Defensor del Pueblo, ni la Asamblea de Derechos Humanos hacen nada en defensa de estos niños. Estamos desprotegidos, no hay una institución que tenga información científica”.
Pereira recordó que cuando redactó la propuesta de ley con otros padres de familia, visitó el Instituto Nacional de Estadística, para conocer mayor información sobre los casos de violación a menores, y le ofrecieron datos de 1994.
En el país —destacó Pereira— “no hay una institución que lleve a cabo una adecuada medicina forense o especializada, cuando se presentan estos casos. A esto se suma la tarea de los jueces que dejan en libertad al violador”.
Intento de violación en un kínder de La Paz. En junio, en un jardín de infantes de La Paz, varios padres de familia alertaron del intento de una violación de un niño. A raíz del hecho, y ante la exigencia de los padres de familia hacia la Dirección del establecimiento, se decidió contratar personal administrativo femenino, aunque esa determinación fue definida como un acto de discriminación.
En ese establecimiento de educación inicial, que recibe a alrededor de 50 alumnos, hay instaladas cámaras de vigilancia.
1,84 es el promedio de niños violados cada día en los nueve departamentos del país, según los padres de familia.
En un principio, el proyecto planteaba la castración de los violadores de niños. El mecanismo propuesto establecía que los culpables sean sometidos a ese procedimiento por vía química o quirúrgica.
Según el portavoz de las juntas escolares de padres de familia de todo el país, José Pereira, “como el asunto fue manejado políticamente, no creo que ese planteamiento tenga apoyo en la Asamblea o en los médicos”.