Fernando Molina
Evo Morales enfrenta una amenaza a las bases mismas de la ideología que mercadeó internacionalmente durante estos años. Hoy lo desafían aquellos bolivianos que supuestamente él representa más directamente, los indígenas que viven en la selvática región oriental del país.
Las asociaciones de nativos de los llanos han comenzado una larga caminata de este a oeste, con destino a La Paz, para oponerse a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que atraviesa una reserva ecológica e indígena. Su temor es que la ruta facilite la inmigración de campesinos, que podría acabar con la foresta del parque en pocos años, convirtiéndolo en otro espacio de agricultura cocalera como los que se encuentran alrededor.
Morales, que sigue siendo el principal dirigente del gremio cocalero, dijo que construirá el camino “les guste o no” a quienes viven en él. Hace caso omiso de lo que su propio Gobierno aprobó dentro de la nueva Constitución: la obligación de los agentes económicos de consensuar los proyectos de desarrollo con los indígenas que podrían ser afectados por éstos.
Así, un solo acontecimiento concentra las paradojas del proceso boliviano. Gran agitador en contra del calentamiento global y la destrucción de la “Madre Tierra” por el “capitalismo”, en casa Morales se muestra como un desarrollista de vieja escuela. Y, pese a su performance en los foros sociales internacionales, aquí actúa como lo que en verdad es, un dirigente campesino (lo que quiere decir pequeño agricultor sindicalizado) antes que un líder indígena.
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La necesidad de “dar” un camino a las bases sociales más antiguas y firmes que lo respaldan, autoriza a Morales a pagar el precio del desprestigio que la actual lucha indígena puede causar a su imagen. Hay que tomar en cuenta que la marcha actual repite otra realizada hace 21 años, con apoyo del entonces casi desconocido dirigente cocalero. Esta protesta logró que las leyes bolivianas reconocieran la figura legal de los “territorios indígenas”, que actualmente ocupan 20 millones de las 100 millones de hectáreas que posee el país.
Cualquiera podría decir que “más de la cuenta”, pues los indígenas del oriente (12 millones de hectáreas) no llegan a ser el 10 por ciento de la población. Sin embargo, a esto apuntó y esto logró en las últimas dos décadas la izquierda indianista, ecologista y anti-modernista con la que se identificaba Morales hasta antes de llegar al poder.
Hoy esta izquierda, presionada por intereses encontrados, se decanta por las mismas decisiones que tomaron sus predecesores de derecha: impulsar el desarrollo al costo de la naturaleza, recurrir a inversiones extranjeras para lograrlo y cuestionar el carácter formalmente colectivista de la propiedad indígena. Incluso podría decirse que en el pasado el compromiso ecológico era más serio, ya que fue entonces cuando se declaró la zona en pugna como parque nacional.
Se resuelva de una u otra manera, el Gobierno no puede ganar el conflicto actual. Si impone la construcción de la vía, como pretende, perderá su posicionamiento ecologista y vencerá a quienes en el pasado fueron sus electores y que de aquí en adelante se convertirán en sugestivos opositores: los grupos indígenas del oriente. Si retrocede, perderá puntos ante los cocaleros y mostrará una debilidad política que podría ser aprovechada por otros movimientos reivindicativos.
Si tendríamos que apostar, deberíamos poner nuestras fichas en la casilla de la construcción del camino. Éste es un deseo personal del Presidente, lo que tiene una gran importancia en la Bolivia actual. Si bien el financiador de la obra, Brasil, siente dudas, en especial por la presión del movimiento verde, es difícil que pierda un negocio como éste, más si tomamos en cuenta cuál fue el comportamiento del gobierno de Lula respecto a la naturaleza. En tal caso, sin embargo, y esta vez definitivamente, el marbete de “gobierno indígena” quedará vacío de contenido.
Infolatam