El prefecto Mario Cossío presentó una demanda por la comisión de tres delitos. Sus colegas de Santa Cruz, Beni y Chuquisaca se sumaron. El Gobierno asegura que se trata de una cortina de humo y anunció el procesamiento del chapaco.
La petrolera estatal despide a 600 personas
Enfrentamiento. Morales y el prefecto tarijeño en una reunión pasada. Políticamente, ambos están enfrentados (El Deber)
La Razón
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Los prefectos de la denominada media luna decidieron impulsar una demanda de juicio contra el presidente Evo Morales, por la presunta comisión de los delitos de aprobación de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
De acuerdo con la demanda, que convierte al Jefe de Estado en la primera autoridad en riesgo de ser enjuiciada en el marco de la nueva Constitución Política, Morales habría violado la ley al emitir el decreto supremo 29506, por el que reformó las normas sobre contratación de bienes y servicios en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
La respuesta del Gobierno fue inmediata y, en una conferencia realizada en el Palacio de Gobierno, los ministros de Defensa, Walker San Miguel y Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, denunciaron que ésta es una cortina de humo para esconder los delitos que habría cometido el prefecto de Tarija, Mario Cossío.
La proposición acusatoria fue presentada en primera instancia justamente por Cossío el día lunes y ayer decidieron adherirse a ella sus colegas de Santa Cruz, Rubén Costas; Chuquisaca, Savina Cuéllar; y Beni, Ernesto Suárez.
El fiscal general de la República, Mario Uribe, confirmó a radio Fides, en Sucre, la presentación de la proposición acusatoria.
“Sí, efectivamente, la denuncia ha sido presentada por el señor Mario Abel Cossío Cortez, prefecto y comandante del departamento de Tarija. Una proposición acusatoria en contra del presidente de la República, Juan Evo Morales Ayma, por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica”, explicó.
La proposición acusatoria está sostenida en el hecho de que el decreto 29506 promueve la contratación libre de obras, bienes, servicios generales y de consultoría sin seguir los procedimientos establecidos en la Ley 1178.
El proceso ya llegó manos de un fiscal de Recursos, quien iniciará la investigación respectiva en el marco de la Ley 2445 de Juicio de Responsabilidades.
• EN DEFENSA DEL PRESIDENTE • Los ministros Héctor Arce y Walker San Miguel, durante la conferencia de prensa que ofrecieron en el Palacio de Gobierno. El encuentro se realizó ayer.
Conocida la información, los ministros San Miguel y Arce ofrecieron una conferencia en la que anticiparon que Cossío aparecerá como uno de los principales culpables de los enfrentamientos y tomas de instituciones públicas que se produjeron a fines del año 2008 y por las que varios dirigentes cívicos ya fueron detenidos y ahora son procesados.
“Quieren echar una cortina de humo a las propias responsabilidades del prefecto Cossio en el denominado golpe cívico prefectural que se gestó en agosto del año pasado y se ejecutó en septiembre”, señaló San Miguel.
La autoridad aseguró que detrás de la demanda también existe la intención de distraer las denuncias de corrupción que pesan contra el prefecto de Tarija
“Quieren echar una cortina de humo a las propias responsabilidades del prefecto Cossío en el denominado golpe cívico prefectural… Cossío sabe muy bien de sus responsabilidades. El ex presidente cívico (Reynaldo) Bayard está sometido a un proceso penal y entre los cívicos y la Prefectura había una relación carnal en la voladura de ductos y bloqueos de caminos. Cuando se llegue a establecer a los culpables, con absoluta seguridad que Mario Cossío va a estar entre los principales”, advirtió la autoridad.
De igual forma, el ministro Arce calificó la acción judicial de los prefectos como “una aberración legal” y aseguró que no prosperará en los estrados judiciales.
“La proposición acusatoria es una verdadera aberración jurídica, no tiene ningún asidero legal, porque observa un decreto supremo que incluye modificaciones que están en derecho, respetando la normativa mayor… Los decretos supremos que se dictaron en diferentes áreas para facilitar el papel productivo del país son total y plenamente legales y constitucionales. La norma tiene su sentido, justificación y total amparo en la Constitución”, dijo.
San Miguel anunció que se analizará la pertinencia de presentar un juicio por difamación contra Cossío. “Analizaremos si amerita presentar una demanda penal contra Mario Cossío”.
REPERCUSIONES
Antonio Peredo (MAS) • “No entiendo las movidas de los prefectos, que piden para reunirse con el Gobierno que el Presidente esté presente y luego lo acusan. Es una acusación sin base”.
Paulo Bravo (Podemos) • “Creo que ya de una vez por todas lo único que queda acá es que la Corte Suprema debe pronunciarse, ya no debe seguir escondiéndose más (la corrupción)”.
Óscar Ortiz (Podemos) • “Lo que hay es que claramente tanto el Presidente como los ministros que firmaron decretos que autorizan las contrataciones directas, violaron la Ley Safco”.
Héctor Arce • “El pretender involucrar al Presidente en un acto de corrupción es un acto indigno que no procede. Estamos seguros que la Fiscalía ha de rechazar esta proposición acusatoria”.
Acusan a Cossío
Suxo acusa • La actual ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, denunció el 2008 ante el Fiscal General, que el prefecto de Tarija, Mario Cossío Cortez, cometió supuestas irregularidades en 17 obras (2006 y 2007) por un valor de Bs 249 millones.
17 obras • Velódromo y Piscina, presas Huacata, El Molino y Calderas, defensivo Río Bermejo, gaviones río Camacho, vía Tarija-La Florida-Villanueva, puentes San Pedro, Mena y Jarcas, vía Yesera-Río Pilaya, riego Junacas-España y Chocloca-Saladillo, acueducto Chaco Seco.
Defensa • El prefecto Mario Cossío Cortez formalizó el 2008 una querella formal en contra de la actual ministra Suxo, acusándola del delito de desacato, debido a que presentó una proposición acusatoria con datos falsos en contra de su autoridad y la Prefectura.
Cobro • La empresa Uniservice giró $us 2.490 a Pablo Fabián Cossío Cortez, hermano del prefecto de Tarija, 8 días antes del atraco de $us 450 mil, según el diputado Willman Cardozo. Cossío lo desmintió.
Demandan a Evo por los contratos directos
Proceso. El prefecto de Tarija, Mario Cossío, el lunes presentó ante la Fiscalía General de la República una acusación propositoria contra el Presidente del país. Lo sindica de haber violado la Ley Safco
El Deber
Gustavo Ondarza
El prefecto de Tarija, Mario Cossío Cortez, demandó al presidente de la República, Evo Morales, para la apertura de un juicio de responsabilidades por la supuesta comisión de los siguientes delitos: Resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, y conducta antieconómica.
La solicitud, que fue enviada a la Fiscalía General de la República, tiene que ver con la emisión del DS 29506, mediante el cual Morales “autoriza, facilita, promueve la contratación directa de obras, bienes, servicios generales y de consultoría sin efectuar los procesos regulares establecidos por ley para las entidades y empresas del Estado, brindándole a YPFB la facultad de actuar al margen de la Ley Safco”.
El fiscal Mario Uribe confirmó la recepción de la acusación y explicó que, tras esa presentación, el proceso que corresponde está siendo tramitado conforme determina la Ley 2445 de Juicio de Responsabilidades y en el marco de lo que dispone la nueva Carta Magna.
El ministro de Defensa, Walker San Miguel, calificó la acción judicial como una ‘cortina de humo’ para tratar de encubrir ‘las propias responsabilidades de Cossío’ en la supuesta articulación de la ‘masacre de Pando’ de septiembre de 2008.
Según la acusación, el Gobierno aprobó al menos cinco decretos supremos que permitieron la discrecionalidad en YPFB y de su ex presidente Santos Ramírez, hoy recluido por presuntos actos de corrupción que salieron a la luz a fines de enero cuando el empresario Jorge O’Connor, de Catler-Uniservice, fue muerto en momentos en que cargaba con $us 450.000.
El ministro de Defensa Legal, Héctor Arce, dijo que el objetivo de estos decretos era agilizar los procesos burocráticos de contratación de bienes y servicios en la petrolera estatal para potenciar su liderazgo en el sector de los hidrocarburos, nacionalizado en 2006.
“No hay que confundir el mal uso que se haya podido hacer de un decreto con supuestas fallas en la normativa y alteraciones de la legalidad”, agregó.
Según la investigación policial, O’Connor, representante de Catler, iba a pagar dicha cifra como soborno a familiares políticos de Ramírez, entonces presidente de YPFB. Posteriormente se dispuso la detención preventiva de Ramírez, quien es acusado de daños económicos al Estado, cohecho pasivo e incumplimiento de varias normas en la contratación de una planta separadora de gases y líquidos, de $us 86 millones, que debía construir Catler.
En forma paralela, ayer la Cámara Baja decidió conformar una comisión especial, para investigar presuntas irregularidades en la Prefectura de Tarija. El presidente de esta instancia camaral, Edmundo Novillo, dijo que la decisión fue asumida por las múltiples denuncias sobre actos irregulares en dicha institución.
YPFB Andina frena medidas legales
YPFB Andina descartó por el momento realizar cualquier medida legal o sanción económica contra YPFB Sipsa (contratista) por el atraso en la puesta en funcionamiento y perforación del pozo 34D de campo Víbora.
Ante la consulta de qué iban hacer por la demora en el inicio de las operaciones, responsabilidad del contratista, YPFB Andina indicó que la relación contractual entre ellos y YPFB Sipsa, como todo contrato de esta envergadura, establece causas justificables de demora o de resolución y que el mayor interés es aumentar la producción de hidrocarburos en el país.
Sin embargo, la petrolera precisó que en el contrato con YPFB Sipsa se prevé penalidades legales y sanciones económicas por el incumplimiento del contrato. “Hasta el momento los atrasos en la perforación no son graves pero de seguir así la situación se tendrá que evaluar otro tipo de medidas”, indicaron.
Al respecto, el director de YPFB, Fernando Vincenti, dijo que las multas empiezan a correr a partir del momento en que se inicie la perforación y eso no pasó, por lo cual no es cierto que se vayan a cobrar.
Sobre el pago al contratista por el alquiler del taladro, YPFB Andina reconoció que hay un documento firmado (no detalló los montos) a la vez de desmentir que se esté realizando algún tipo de desembolso.
La petrolera informó de que se le hizo llegar una carta a YPFB con la intención de agilizar los trabajos de perforación en el campo 34D de campo Víbora. /JCS
La petrolera estatal despide a 600 personas
De acuerdo con el ministro de Hidrocarburos, Óscar Coca, la agencia de empleos del Movimiento Al Socialismo (MAS) mantuvo planillas sobrecargadas con ‘supernumerarios’ innecesarios.
La autoridad preciso que tan sólo en un mes la nómina de YPFB bajó en más de 600 funcionarios.
Por su lado el dirigente de La Paz, Ramiro Saavedra, indicó que en el caso de Senkata se redujo el número de empleados en casi 200%.
La reestructuración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) redujo su planilla en cerca del 40%. Hasta el 31 de enero del presente año eran 1.557 empleados. Lo que entonces fue calificado por el presidente interventor de la estatal, Carlos Villegas, como un crecimiento ‘exponencial’ y ‘asimétrico’, puesto que la mayoría son administrativos.
El objetivo de la reingeniería de la estatal petrolera es contar con más técnicos operativos que burocracia administrativa, como ocurrió hasta ahora.
Hasta la fecha, la nueva administración de la petrolera sólo convocó públicamente a siete cargos: Gerente Nacional de Planificación, cuatro abogados y dos técnicos especialistas en finanzas y adquisiciones. /ANF
Hay indicios para el juicio
Edwin Rojas / Pdte. Colegio de Abogados de Bolivia
La proposición acusatoria que hace el prefecto Cossío tiene tintes de legalidad porque los decretos que emitió el Gobierno para autorizar a YPFB a hacer compras directas no se ajustan a lo que establecen las Normas Básicas de Contratación de Bienes y de Servicios. Esta, que se desprende de la Ley Safco, establece que toda compra directa se la debe hacer mediante una licitación y sólo se la puede vulnerar en caso de calamidad pública o cuando el servicio requerido lo hace un solo proponente por la complejidad de la compra. Nada de eso sucedió en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por lo que se está demostrando.