Activistas de DDHH advierten que para el extracto de llamadas se necesita orden judicial. Sacha coordina con bancada del MAS y reitera que la marcha indígena liderada por la CIDOB tiene tinte político.
Las “evidencias” sobre las comunicaciones telefónicas de dirigentes indígenas con la embajada de EE.UU durante la marcha, ente ellos Rafael Quisope, de la CONAMAQ, mostradas por el gobierno, ayer (Foto ABI)
Ejecutivo confirma a asambleístas que marcha de la CIDOB tiene tinte político
La Paz, 23 ago (ABI).- El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, confirmó el martes que la movilización de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (CIDOB), tiene tinte político.
En una reunión con las bancadas del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa, Llorenti hizo una serie de precisiones sobre las pruebas que demuestran esas aseveraciones.
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"Está confirmado que la marcha de la CIDOB tiene tinte político y que utilizan a los indígenas", precisó al salir del encuentro con los asambleístas que se realizó en la Vicepresidencia del Estado.
Al respecto, los asambleístas del MAS decidieron realizar una investigación mediante una Comisión para verificar los alcances de la marcha indígena y sus objetivos, ante las informaciones de que sus dirigentes mantengan conversaciones con funcionarios de la embajada de Estados Unidos.
Esta legación diplomática ha confirmado que mantiene permanente comunicación con diversas organizaciones sociales, al considerar que es su obligación mantener contacto con las representaciones de la sociedad boliviana.
Dentro su agenda, el Ministro asistirá en el transcurso de la mañana en la reubicación de los jóvenes infractores privados de libertad al Centro de Rehabilitación Calahumana de Viacha.
Oficialismo conformará comisión para investigar vínculos de indígenas con EEUU
La Paz, 23 Ago (Erbol).- El presidente de la Cámara de Senadores, René Martínez, informó este martes que luego de una reunión de evaluación, realizada por la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), se decidió conformar una comisión multipartidaria para investigar a dirigentes indígenas que tengan relación con la embajada de Estados Unidos.
“(Hemos decidido) la conformación de un mecanismo de investigación mayor para que podamos entrar en definiciones después de tener esta conformación”, sostuvo.
En la reunión, que se realizó en horas de la mañana, la bancada Masista además estableció que la agencia USAID, dependiente de la embajada estadounidense, estaría financiando la marcha indígena, que se opone a que la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, pase por el corazón del parque Isiboro Sécure (Tipnis).
El domingo pasado, el presidente del Estado Evo Morales, presentó en la televisora estatal, una lista de llamadas telefónicas que supuestamente vinculan a dirigentes indígenas con la embajada de EEUU en actividades conspirativas.
Activistas dicen que para el extracto de llamadas se necesita orden judicial
La Paz, 23 Ago (Erbol).- La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Yolanda Herrera, y el exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín, coincidieron por separado que para requerir el extracto de llamadas telefónicas, de personas particulares, se debe tener una orden judicial y no una simple solicitud fiscal.
El pasado domingo, el presidente Evo Morales confesó que tuvo acceso al extracto de llamadas telefónicas realizadas entre Rafael Quispe, dirigente del Consejo Nacional de Ayllus Markas del Qullasuyu (Conamaq), y un funcionario de la Embajada de los Estados Unidos, además de la esposa de Adolfo Chávez, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), y el diputado Pedro Nuni, con un requerimiento fiscal emitido por Félix Peralta.
“Tiene que haber un debido proceso, las personas que vamos a ser o son investigadas requieren tener la igualdad de defensa. No se puede intervenir en la vida privada o la intimidad de nadie si es que esa persona no ha sido consignada con algún tipo de delito; de lo contrario se estaría vulnerando sus derechos constitucionalizados”, dijo Herrera.
Albarracín agregó que “una autoridad judicial competente podría ordenar (el acceso al extracto de las llamadas) cuando una persona esté siendo objeto de una investigación penal, supongamos un tema de narcotráfico o terrorismo”; por tanto, el presidente Evo Morales, no tiene la potestad constitucional por ser jefe de Estado de interferir o involucrase en comunicaciones privadas.
Orden judicial
La Constitución Política del Estado, en el artículo 25, señala que toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial.
En el parágrafo III, del mismo artículo, dice que ni la autoridad pública, ni persona u organismo alguno podrá interceptar conversaciones o comunicaciones privadas mediante instalación que las controle o centralice.
Petición de informe
Herrera sostuvo que la entidad defensora de los derechos humanos en el país, en las próximas horas pedirá un informe pormenorizado de las acciones del Ministerio de Gobierno en la obtención de los extractos de las llamadas telefónicas, vigilancia de los derechos políticos y civiles de las personas.
“Vamos a hacer una petición de informe (sobre el caso) al ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, para saber por qué se estaría actuando de esta manera en esta situación. A partir del informe, nosotros vamos a actuar como corresponde para velar que los derechos humanos no sean conculcados”, dijo la activista.