El presidente de la Cámara de Senadores Oscar Ortiz insistió este miércoles, en la responsabilidad que tiene el presidente Evo Morales, en los hechos de corrupción denunciados en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que derivaron en la primera proposición de un juicio de responsabilidades en su contra interpuesto por el prefecto de Tarija Mario Cossio.
En coincidencia con el senador Walter Guiteras, añadió que tanto el Presidente como los ministros de Economía Luis Arce, el interventor de YPFB Carlos Villergas y el Superintendente de Hidrocarburos Guillermo Aruquipa, son responsables por firmar decretos que autorizan las contrataciones directas que sirvieron para la comisión de los delitos de corrupción por lo que está acusado el ex presidente de la estatal petrolera Santos Ramírez.
"El Presidente y su gabinete tienen responsabilidades en favorecer las condiciones que generan los hechos de corrupción porque han aprobado decretos y por lo tanto tiene responsabilidad porque violaron la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) que regula los sistemas de Administración y control de los recursos del estado", dijo.
Ortiz recordó que el diciembre de 2008 desde el Senado se le advirtió al presidente Evo Morales sobre la peligrosidad de la firma de fideicomisos, pero que no fueron acogidas por el Ejecutivo.
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El pasado martes el presidente de la Comisión Especial del Senado Walter Guiteras (Podemos) que investiga el escándalo de corrupción en YPFB advirtió que las responsabilidades por los hechos de corrupción en YPFB alcanzarían al presidente Evo Morales por haber autorizado, mediante decreto, los fideicomisos petroleros.
Las reacciones no se dejaron esperar y fue el prefecto de Tarija Mario Cossio, quién formalizó la acusación del juicio de responsabilidades contra el presidente Evo Morales por la aprobación del Decreto Supremo 29506, que permitió la contratación directa de Catler-Uniservice y desencadenó el mayor caso de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales bolivianos (YPFB).
En ese contexto el diputado Jorge Silva (MAS) dijo que este juicio en contra del presidente Evo Morales es un mecanismo que no tiene base legal ni constitucional al acusar a la oposición de pretender generar una "cortina de humo" a la corrupción que existe en la Prefectura de Tarija.
"Cossio debería estar preocupado en sanear de la corrupción a la Prefectura y que los vamos a investigar", dijo sin ingresar en detalle de los presuntos hechos de corrupción que involucraría al prefecto tarijeño en el manejo de las cuentas de la Prefectura de Tarija.