El presidente adjudicó por decreto la carretera Potosí-Uyuni. Aseguran que buscaba beneficiar a Santos Ramírez.
El MAS arremetió contra Supremos por la audiencia concedida a prefectos
El Tribunal Supremo defendió su derecho a conceder audiencias
Los prefectos miembros del Conalde ayer estuvieron en Sucre visitando a las autoridades del Poder Judicial. Luego dieron una conferencia de prensa.
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La Estrella del Oriente
JUSTICIA. Los prefectos consideran que hay muchos actos de corrupción en el Gobierno que deben aclararse. No ven razón alguna para haber dispuesto que 130 millones de dólares en una obra no se haya licitado, aspecto que lo consideran no transparente.
El prefecto cruceño, Rubén Costas, anunció que el Consejo Nacional Democrático (Conalde) presentará otra proposición acusatoria para iniciar un juicio de responsabilidades al presidente de la República, Evo Morales, esta vez por la emisión de un Decreto Supremo supuestamente ilegal, para la construcción del tramo caminero en el sur del país.
La anterior demanda que presentaron contra el Mandatario fue por los decretos que aprobó creando fideicomisos a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que fueron utilizados de manera discrecional por el ex presidente de la estatal petrolera, hoy detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro, acusado por la supuesta comisión de seis delitos, entre ellos daño económico al Estado.
La decisión tomada tras la reunión de los prefectos de Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y Tarija, con los ministros de la Corte Suprema de Justicia en la ciudad de Sucre y fue dada a conocer en la puerta de la Casa de la Libertad.
En ese marco, el Prefecto de Santa Cruz aseguró que el anuncio le provocó causado un escozor al vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, al referirse que las denuncias planteadas eran una chacota. “Decirle al Vicepresidente que se vaya acostumbrando porque los actos de corrupción van a seguir siendo denunciados”, aseguró Costas.
Así también, el prefecto de Tarija, Mario Cossío Cortez, quien fue el primer Prefecto en plantear una proposición acusatoria y recordó que el Gobierno central justificó la emisión del DS 29506 para que YPFB haga contrataciones directas porque se trataba de una “empresa estratégica para el desarrollo nacional”.
“¿Entonces el DS 28623 dictado el 3 de marzo de 2006 y que lleva la firma del presidente de la República, Evo Morales, era también por una cuestión estratégica?”, cuestionó.
El Prefecto tarijeño cuestionó si es que ese Decreto autorizó que se contrate de manera directa y sin licitación a una empresa constructora privada por un valor de 130 millones de dólares para la construcción del camino Potosí a Uyuni.
Acusan al Gobierno de favorecer a empresas
Conalde. Los prefectos de la ‘media luna’ sindicaron al Presidente de adjudicar por decreto la carretera Potosí-Uyuni. Aseguran que buscaba beneficiar a Santos Ramírez. En el Gobierno le restan importancia
Sesión. Los prefectos de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz fueron recibidos ayer por los magistrados de la Corte Suprema
El Deber
Henrry Ugarte A.
El Consejo Nacional Democrático (Conalde), integrado por los prefectos opositores al Gobierno, acusó ayer al Poder Ejecutivo de emitir, en 2006, un decreto supremo que firmó el presidente de la República, Evo Morales, para favorecer la construcción de un tramo carretero entre Potosí y Uyuni. Sin embargo, voceros gubernamentales restaron importancia a la versión de las autoridades departamentales.
Adoptando la estrategia del contraataque, el prefecto de Tarija, Mario Cossío, con el aval de sus colegas de Santa Cruz, Rubén Costas, y de Chuquisaca, Savina Cuéllar, además del apoyo de los líderes cívicos Luis Núñez y Jhon Cava, preguntó al Gobierno si el Decreto Supremo 28623, del 3 de marzo de 2006, firmado por el presidente Morales, era también ‘una cuestión estratégica’ como el caso YPFB.
La arremetida de Cossío fue en respuesta a la declaración del ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, que dijo que la proposición acusatoria presentada en contra del presidente, Evo Morales, por el caso de YPFB sólo busca perjudicar la candidatura de Evo para las elecciones generales de diciembre. A su vez, el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, la calificó como “una chacota más del Conalde”,
Según la nueva denuncia contra el Gobierno, el decreto 28623 permitió la contratación de una empresa privada, sin licitación, en tierra del potosino Santos Ramírez para construir la carretera Potosí-Uyuni, por un valor de $us 130 millones. “¿Esto era también estratégico, o había sido una práctica para facilitar la corrupción en el MAS?”, preguntó Cossío.
“Que se vaya acostumbrando el Vicepresidente a este tipo de chacota, porque seguiremos presentando una serie de denuncias de corrupción de este Gobierno”, dijo el prefecto cruceño, Rubén Costas.
Si bien los miembros del Conalde expresaron su confianza en el Ministerio Público para que inicie las investigaciones respectivas y dé curso a las demandas, encomendaron al presidente del Comité Interinstitucional de Chuquisaca, Jhon Cava, para que haga el seguimiento y las representaciones ante la Fiscalía General de la República.
“Voy a mandar una carta al fiscal Mario Uribe para que nos reciba en audiencia y podamos hacer la representación correspondiente”, manifestó Cava a tiempo de comentar su primera acción sobre el tema.
Consultado al respecto, el ministro de Autonomías, Carlos Romero, manifestó que ese tipo de denuncias lo tiene ‘sin cuidado’. “Si tienen pruebas que las exhiban ante las instancias jurisdiccionales”, dijo.
Al mismo tiempo, Romero criticó la forma de hacer política ‘a la criolla’ por parte de los prefectos de la ‘media luna’. “Hay que alertar a la población que no hagan caso a estas acciones”, señaló.
La jornada en la capital
– Expectativa. Los prefectos y cívicos que estuvieron ayer en la capital de la República concitaron la atención de la prensa y de la población, que se dio modos para saludar a los visitantes.
– Visitas. La magistrada Silvia Salame, única ‘sobreviviente’ del Tribunal Constitucional, recibió a los prefectos y cívicos. “Hemos compartido la necesidad de tomar decisiones responsables porque la historia nos juzgará”, dijo Salame.
– Negativa. Si bien por la tarde la comitiva fue parte de la reunión de sala plena de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general de la República, Mario Uribe, a último momento canceló la audiencia, argumentando ‘motivos de fuerza mayor’.
– Plan. Por decisión de los prefectos y cívicos, la reunión del Conalde que debía realizarse este viernes en Santa Cruz quedó suspendida de forma indefinida. La prioridad del Conalde es visitar el Senado y a Leopoldo Fernández en la cárcel de San Pedro, en La Paz, antes del 13 de marzo y después volverse a juntar en Cobija el 16 de marzo, con ocasión de los seis meses de detención del prefecto pandino.
– Tarea. Los dirigentes cívicos Luis Núñez y Jhon Cava coordinarán la reunión del Conalde.
Supremos garantizan que habrá neutralidad
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) advirtió ayer de que seguirá ejerciendo su independencia pese a las permanentes diatribas, mentiras e infamias que tratan de denigrar su imagen.
El presidente de la CSJ, Eddy Fernández, que recibió ayer a los prefectos y líderes cívicos de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, con quienes compartió inquietudes sobre la situación jurídica de los presos políticos de Pando, aseveró que la institución seguirá la línea de independencia que le otorga la Constitución.
A propósito de la visita de los miembros del Conalde, Fernández fue objeto ayer de una solicitada de prensa, pagada por el MAS de Chuquisaca, en la que acusan al titular de la Corte de irregularidades y de estar en contra del Gobierno.
“Hemos recibido a los prefectos y cívicos, y vamos a recibir a cuanta institución pública no los pida, así como lo hicimos con los dirigentes de la Central Obrera Boliviana y otros sectores de la sociedad civil”, se descargó Fernández.
Sobre la reunión, el magistrado dijo que compartieron aspectos técnicos del proceso contra Leopoldo Fernández. “Hemos hecho lo que nos corresponde en este caso y ahora está en manos de la Sala Penal Segunda para que el proceso siga su curso”, agregó.
A su vez, la abogada de Leopoldo Fernández, Sandra Almanza, presentó ayer un memorial en el que pide un pronunciamiento de la Corte Suprema sobre el proceso. Reclama la remisión de todas las actuaciones procesales a los magistrados a la Sala Penal Segunda de la CSJ, y recordó que esa instancia es la señalada por ley para ejercer la función de «contralor de los derechos y garantías constitucionales».
Cita de prefectos y supremos reaviva la crisis entre poderes
El oficialismo arremetió contra la Corte Suprema por la audiencia concedida
El Tribunal Supremo defendió su derecho a conceder audiencias
Sucre/CORREO DEL SUR
La audiencia de Sala Plena de la Corte Suprema con los prefectos de tres departamentos
La visita protocolar de prefectos opositores a los ministros de la Corte Suprema de Justicia y a la única magistrada del Tribunal Constitucional reavivó la crisis entre los poderes Ejecutivo y Judicial, tras la nueva arremetida gubernamental contra el Tribunal Supremo por su decisión de recibir en audiencia a tres prefectos.
El inicio de la jornada en Sucre estuvo marcado por la publicación de una solicitada en este periódico. La página pagada por el Movimiento Al Socialismo, cuestionó la independencia de la Corte Suprema ante la audiencia concedida, haciendo hincapié además en el rechazo del presidente del Tribunal, Eddy Fernández, a la nueva Constitución antes del referéndum. La publicación cuestionó además la contratación de Germán Gutiérrez y la designación de Bernardo Wayar como conjuez.
Si bien la comitiva fue recibida sin inconvenientes en el Tribunal y en la Suprema, el fiscal General de la República, Mario Uribe, canceló a último momento la audiencia, arguyendo «motivos de fuerza mayor». Después se aclaró que éste aplazó la cita para este viernes debido a un viaje que debía realizar a la ciudad de La Paz para reunirse con el Comandante General de la Policía.
En la Suprema, la reunión duró más de una hora. Los prefectos, según dijeron luego, expresaron su preocupación por la violación a los derechos fundamentales y al Estado de derecho por parte del Gobierno, que dijeron advertir en Bolivia, específicamente en el caso del prefecto suspendido de Pando, Leopoldo Fernández.
Las autoridades departamentales recibieron información acerca del estado del proceso contra Leopoldo Fernández, quien lleva casi seis meses de detención preventiva en la cárcel San Pedro, de la Sede de Gobierno.
De la reunión participaron los prefectos Rubén Costas de Santa Cruz, Savina Cuéllar de Chuquisaca y Mario Cossío de Tarija y por la Corte Suprema, ocho magistrados. Los ausentes fueron los ministros Julio Ortiz, Teófilo Tarquino y Ángel Irusta.
Eddy Fernández salió al frente para defender la decisión de la Sala Plena del Tribunal Supremo. Arguyó que en otras ocasiones también recibió a representantes de instituciones y organizaciones como la Central Obrera Boliviana (COB) y los mineros, entre otros que pidieron ser escuchados en sus inquietudes y preocupaciones, afirmó.
«Si los del Poder Ejecutivo solicitaran audiencia por supuesto que los recibiéramos para coordinar nuestras actividades como lo manda la Constitución Política del Estado», sostuvo al argumentar que no puede cerrar sus puertas a representantes de instituciones cívicas y del propio Estado como son los prefectos de departamento.
Para Fernández, la visita no debió generar susceptibilidades porque se enmarcó en la Constitución, sin las supuestas componendas políticas insinuadas desde esferas del oficialismo.
En resumen, las declaraciones respecto a lo abordado en la reunión fueron prudentes. También a su turno, la magistrada del Tribunal Constitucional Silvia Salame comentó que los prefectos le expresaron su preocupación por la situación jurídica y económica del país. Dijo que a su vez, ella les pidió no rechazar todo intento de acercamiento con el oficialismo porque de ello dependía el futuro del país.
«Hemos compartido la necesidad de tomar decisiones responsables porque la historia nos juzgará», añadió.
PREFECTOS
Tras las visitas, los prefectos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca, más los cívicos de Santa Cruz y Chuquisaca, ofrecieron una conferencia de prensa en el frontis de la Casa de la Libertad, en la que afirmaron que la jornada cumplida en la Capital era parte de una serie de reuniones programadas con varias instituciones del país, entre ellas el Senado Nacional, además de los «detenidos políticos».
El prefecto cruceño, Rubén Costas, calificó de importante el intercambio de opiniones y sugerencias con los ministros para intentar revitalizar la institucionalidad y los derechos fundamentales en el marco de la democracia y darle el respaldo a las instituciones del país.
En esa misma línea, la prefecta Savina Cuéllar abogó por la defensa de los derechos y las libertades que se ven afectadas, dijo, por las actuaciones del Gobierno.
Finalmente, el prefecto tarijeño, Mario Cossío, sostuvo que en las entrevistas expresaron su preocupación en torno a los riesgos que se ciernen sobre el país por el «permanente atentado a las leyes, a las garantías constitucionales y al Estado de derecho».
PRÓXIMOS PASOS DEL CONALDE
– Por decisión de los prefectos y cívicos, la reunión del Conalde que debía realizarse este viernes en Santa Cruz, quedó suspendida de forma indefinida.
– La prioridad del Conalde es visitar el Senado y a Leopoldo Fernández en la cárcel San Pedro, en La Paz, antes del 13 de marzo y después volverse a juntar en Cobija el 16 de marzo, en ocasión de los seis meses de detención del ex prefecto pandino.
– En La Paz, activistas del MAS pegaron carteles alrededor de San Pedro, en los que amenazan a los prefectos con no dejarlos abandonar el penal si llegan al lugar.
– Luis Núñez y Jhon Cava coordinarán la reunión del Conalde.
TRIBUNAL SUPREMO RECHAZA ACUSACIONES
La Corte Suprema de Justicia calificó la página solicitada del MAS en su contra como una «despiadada y costosa campaña mediática de desprestigio del Gobierno contra el Supremo Tribunal pretendiendo denigrar la dignidad personal de su presidente».
En el pronunciamiento leído justamente por el presidente Eddy Fernández, los magistrados niegan haber asumido una posición contraria a la nueva Carta Fundamental aprobada el 25 de enero de este año y mucho menos que su presidente hubiera actuado políticamente.
También aclaran que el ex delegado de reformas judiciales del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, Germán Gutiérrez, fue contratado por decisión de Sala Plena como abogado asistente de Sala Plena cumpliendo una función estrictamente técnica y no de asesor político, como asegura el Poder Ejecutivo.
Sobre la designación del abogado Bernardo Wayar como conjuez de la Corte Suprema, Fernández calificó de mentirosa la publicación porque la designación la hace la Sala Plena en base a los méritos de los profesionales en derecho, así como el abogado y ahora ministro de Defensa, Walker San Miguel, fue designado en su tiempo conjuez de esa Corte.
«Es de lamentar que en circunstancias difíciles por las que atraviesa el país, se recurra a la diatriba, la mentira y la infamia para denigrar la imagen y la dignidad de una institución del Estado, como es el Poder Judicial», termina el pronunciamiento de este órgano judicial.