Marco Octavio Ribera Arismendi*
Es llamativa, aunque no causa sorpresa, la estrategia del gobierno de instalar una mesa de diálogo en Puerto San Borja, en pleno camino que sigue la marcha indígena, y al mismo tiempo, atacar a las dirigencias y el movimiento indígena con diversas acusaciones, esta vez a partir de otro operador, no menos nefasto que el ministro de la Presidencia. La intención es clara, desvirtuar y criminalizar la marcha indígena y su principal reclamo, el tramo dos partiendo el TIPNIS.
Por una parte, están las denuncias de injerencia de USAID en una multitud de organizaciones no gubernamentales ambientalistas y organizaciones indígenas, algo que no es novedad, al igual que el apoyo que dicha instancia da a numerosos proyectos de desarrollo productivo, educación, infraestructura, etc. En principio, es claro que el apoyo de USAID, nunca ha sido desinteresado, como tampoco lo son las figuras de apoyo del Brasil o de Venezuela. Se acusa a las ONG´s y las organizaciones indígenas, de prestarse a intereses de “internacionalización” de la amazonía y explotación de recursos para fines foráneos, un discurso que hizo furor antes del año 2004, Lo que el Señor Quintana y otros operadores que manejan este discurso, es que el actual gobierno, tal como lo hicieron los anteriores, echaron en el trasto del olvido, al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, escatimando todo esfuerzo efectivo y sincero para fortalecer la gestión institucional y administrativa de la gestión ambiental. ¿Cuánto invirtieron los anteriores gobiernos y el actual en el tama ambiental y de áreas protegidas? ¿Por qué sigue siendo tan irrisoria la actual asignación del PGN para estos temas? Reglamente es una pena que el desarrollo de la gestión ambiental del país haya tenido que recurrir a los fondos de la agencia de un país que ha puesto en la picota la salud ambiental del planeta entero, y que pena que la gestión ambiental no se haya beneficiado a partir del discurso de la protección uy respeto de la Madre Tierra.
De haber sido la figura diferente, y con una mayor cobertura y coherencia desde el discurso – antes del desarrollo sostenible y ahora con el de la protección de la Madre Tierra – posiblemente no hubieran sido necesarios los 100 millones de dólares de USAID o de otras fuentes.
El tema de los negociados de madera en el TIPNIS, con la injerencia de una empresa fantasma Suri, (fantasma por que no existen registros oficiales) o incluso la complicidad de algunos indígenas, desde luego no debería ser pasado por alto, y ser investigado por la ABT, el SERNAP, etc., con aplicación rigurosa de la norma. Pero esto, no desdice, que la “madre del cordero”, nuevamente es la dejadez con la que el gobierno ha manejado el tema ambiental en todos estos años, y parte de ello es el olvido y relegamiento crónico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, del cual forma parte el TIPNIS. Si existe culpa y cargo en temas relacionados al mal manejo de los recursos forestales u otros, en las áreas protegidas, parte de esta culpa recae sin duda, en el gobierno y su política de seguir dejando a la gestión ambiental como la “quinta o sexta rueda del carro”, es decir, de no darle ni la menor importancia, salvo, claro está, en los discursos de la palestras internacionales.
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Si existen falencias y contravenciones a los ecosistemas y los recursos, en el TIPNIS o en cualquier otra área protegida, existen los mecanismos legales para que el SERNAP y otras autoridades, incluso la justicia comunitaria, aplique los correctivos necesarios. Pero esto no contradice, ni debería servir de argumento, para minimizar la marcha indígena, ni el rechazo general a la futura destrucción del área protegida.
Tratar de justificar el control de una supuesta acción ilegal maderera, denunciada por varios operadores del gobierno, a partir de un camino como el tramo II, significa la incoherencia mayúscula de tratar de curar un uñero, amputando la pierna.
*Biólogo y ecologista