¿Obedecerán las Fuerzas Armadas al presidente de la República y su Capitán General en el futuro cuando ocurran conflictos sociales y le ordene reprimir a los manifestantes?.
La segunda etapa del caso Octubre se ventilará en ámbitos internacionales. Exmilitar y senador propone ley para que no los usen políticamente. Quieren que caso ‘octubre negro’ incluya a incitadores.
El Día
Subordinación y condena, hay un dilema
Senador antezana cree que habrá temor en las FFAA.
El fallo contra cinco exmilitares del gobierno de Goni condenados a penas de 10 a 15 años en el caso “Octubre Negro” planteó ayer una pregunta ¿obedecerán las Fuerzas Armadas al presidente de la República y su Capitán General en el futuro cuando ocurran conflictos sociales y le ordene reprimir a los manifestantes?.
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“La pensarán dos veces”, respondió el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas y ahora en servicio pasivo, Marcelo Antezana, senador por Convergencia Nacional, quien fue el primero en reaccionar ayer y en una conferencia de prensa calificar la sentencia de “nefasta”.
Antezana dijo que ningún militar en servicio activo se pronunciará sobre el tema, pero es seguro que ese tipo de determinaciones judiciales “genera malestar”.
Antezana, a título personal, dijo que el Órgano Legislativo debería realizar una ley con la finalidad de que el Órgano Ejecutivo no aproveche la subordinación de la institución castrense. “(Debe aprobarse) una ley para que el poder político asuma su responsabilidad, porque da la impresión de que son una punta de cobardes que eluden responsabilidades, y aquí los dejan solos a los que han cumplido las órdenes que los han salvado”, manifestó.
Antezana también cuestionó por qué no se incluyó a los policías en el proceso ni a los instigadores.
Gobierno y analista. Por su parte, el ministro de Comunicación, Iván Canelas, en conferencia de prensa en Palacio Quemado, dijo desconocer de la propuesta del senador opositor. “Me gustaría conocerla antes de emitir un criterio sobre el tema”, indicó.
Por su parte el analista político Carlos Cordero coincidió con Antezana que este fallo puede generar desobediencia de los militares en un futuro conflicto social y expresó que la sentencia parece haber apuntado a ser condescendientes con los movimientos sociales y no con la ley.
Pero más contundente fue el jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, quien señaló que a partir de ahora, “se acabó el idilio entre el presidente Evo Morales y las Fuerzas Armadas", porque el dictamen está seguro que ha generado malestar.
En Argentina hay una norma ‘protectora’
Exculpa a militares que en el ejercicio de sus funciones cometieran algún delito mandado por sus superiores. fue promulgada en 1997 en el gobierno de raúl alfonsín.
NORMA
Qué dice la Constitución Política
Las fuerzas armadas. Dependen de la Presidenta o del Presidente del Estado y reciben sus órdenes, en lo administrativo, por intermedio de la Ministra o del Ministro de Defensa y en lo técnico, del Comandante en Jefe.(art. 246)
No deliberan. "La organización de las FFAAA descansa en su jerarquía y disciplina. Es esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y a los reglamentos militares. Como organismo institucional no realiza acción política de ninguna naturaleza".(art. 245)
La segunda etapa del caso Octubre se ventilará en ámbitos internacionales
Fallo. Familiares de víctimas y un sentenciado tramitarán en el exterior.
La Razón – Paulo Cuiza – La Paz
Tras la condena a siete exautoridades de Gonzalo Sánchez de Lozada por los hechos de octubre del 2003, el caso se traslada a escenarios internacionales. Familiares de víctimas y la bancada del MAS pedirán la extradición de nueve personas, mientras un sentenciado apelará a órganos externos.
Sucre. El Gral. Roberto Claros (c) y el Almte. Luis Aranda (der.) tras el fallo.
Las víctimas anunciaron que irán hasta Estados Unidos para exigir al gobierno de Barack Obama que encamine la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, residente en ese país desde la Guerra del Gas de octubre del 2003.
Además de Sánchez de Lozada, se pedirá la extradición de los exministros Jorge Berindoague, Guido Áñez y del exilado político Manfred Reyes Villa, advirtió el abogado de familiares de las víctimas, Freddy Ávalos.
De acuerdo con el viceministro de Justicia, Nelson Cox, la sentencia judicial “fortalece e impulsa el proceso de extradición de Sánchez de Lozada, y de sus exministros Berindoague, Áñez, Mirtha Quevedo, Javier Tórrez, Jorge Torres Obleas, Dante Pino y Hugo Carvajal, quienes salieron del país y residen en Estados Unidos, Perú y España.
El martes, la Corte Suprema de Justicia encontró culpables de “genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta” a dos exministros de Sánchez de Lozada, Adalberto Kuajara y Erick Reyes Villa, y a los exjefes militares Roberto Claros, Juan Véliz Herrera, Osvaldo Quiroga, Luis Alberto Aranda y Gonzalo Rocabado, fijando penas de tres y 15 años de presidio.
El vocero del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Luis Eduardo Siles, reclamó ayer la creación de una comisión internacional que investigue “a profundidad y exhaustivamente” los hechos de octubre.
“Me parece inaudito que el señor (Roberto) de la Cruz esté vociferando sobre este tema de la sentencia, cuando él es un responsable de los hechos (…) Que se investigue si habían militares chilenos en un hotel recibiendo órdenes del Gobierno y el rol del señor (Carlos) Mesa porque anmistió a los responsables a través de un decreto”, manifestó Siles.
Apelación. El excomandante General de Ejército entre agosto del 2002 y noviembre del 2003, Juan Véliz Herrera, sentenciado a 15 años de prisión, que apelará la decisión de la Corte Suprema de Justicia ante organismos externos.
“Ante semejante injusticia no voy a descansar en proclamar mi inocencia a través de los medios que me permita la ley nacional e internacional”, manifestó. La sentencia contra las exautoridades se dio a conocer tras siete días de debate por el fallo y ocho años de proceso en la Corte Suprema, cuyo domicilio es la ciudad de Sucre.
La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) sugerirá a la Asamblea Legislativa que se conforme una comisión especial para que se traslade a Estados Unidos para reclamar la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada, según anunció ayer la diputada Emiliana Ayza.
El MNR critica la sentencia
A través de un comunicado, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) sostiene que el fallo del caso Octubre es un desconocimiento “grosero” a los más elementales principios del derecho, del debido proceso y del derecho a la defensa. La sentencia, según el comunicado, pasará a la historia como una arbitrariedad que prueba cuánto puede distorsionarse el concepto de justicia. En el documento, el MNR considera necesaria la convocatoria a una Comisión Internacional de la Verdad sobre los hechos de septiembre y octubre del 2003, con el objetivo de investigar y documentar “lo que verdaderamente ocurrió”. El MNR enumeró cinco violaciones a la ley y al debido proceso cometidos en el juicio.
El MAS sugiere que una comisión vaya a EEUU
La bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) sugerirá a la Asamblea Legislativa que se organice una comisión especial para que viaje a Estados Unidos con el fin de acelerar los trámites para la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien reside Washington, acusado como principal responsable del genocidio del caso Octubre.
“Seguramente nosotros vamos a decidir como Asamblea nacional que se arme una comisión para que vaya a Estados Unidos donde están esos masacradores que han dañado al pueblo boliviano, que vaya una comisión para pedir a las autoridades que lo extraditen”, sostuvo la subjefe de la bancada del MAS, Emiliana Ayza.
Edwin Tupa, jefe de la bancada del oficialismo, señaló que esta comisión sería multipartidaria, esto con el objetivo de evitar comentarios de otros partidos de que el MAS estaría organizando una persecución política.
“Queremos evitar que se refieran a nosotros de esa manera y los integrantes (de la comisión), que no tendrían nada que esconder ni nada con la oposición, deberían cumplir el mandato de la Asamblea”, manifestó Tupa. Ayza afirmó además que no está de acuerdo con la sentencia de tres años a Adalberto Kuajara y Erick Reyes Villa.
Puntos de vista
Luis E. Siles: ‘No están los causantes de este hecho’
“(El fallo) no corresponde a un juicio que haya tenido los requisitos mínimos de imparcialidad, no están los que llamaron a la guerra civil, deberían estar (Jaime) Solares, Felipe Quispe, muchos que convocaron a las armas. Proponemos que se organice una comisión internacional que investigue a profundidad los hechos”. Vocero del MNR.
Juan Véliz: ‘Se juzga la conducta, no el cargo’
“Esta sentencia es injusta con mi persona y las Fuerzas Armadas, los hechos ocurridos el 2003 no fueron provocados ni planificados por la FFAA. Me condenan porque fui comandante del Ejército en el gobierno de Sánchez de Lozada, lo cual no es un delito, ni un tipo penal, porque se juzga la conducta humana y no el cargo”. Sentenciado.
Ángel Irusta: ‘El Tribunal actuó con imparcialidad’
“Este Tribunal ha actuado con imparcialidad y dejando de lado cualquier presión, hemos actuado conforme a la Constitución y las leyes… la ley no establece que aquellos que salen a guardar el orden puedan hacer abuso de la autoridad, tienen direcciones y reglamentos y especialmente está el Código Penal, nadie puede matar”. Ministro del Tribunal
Emiliana Ayza: ‘Tres años es muy poco tiempo’
“No estamos muy de acuerdo con que los acusados tengan sentencia corta, tres años es muy poco tiempo en relación al daño que hicieron al pueblo boliviano, pedimos que tengan por lo menos 30 años, pedimos una justicia digna para todos. Vamos a pedir este reclamo a través del Ministerio Público”. Subjefa bancada MAS
Quieren que caso ‘octubre negro’ incluya a incitadores
Después del fallo analizan futuros pasos. Opositores creen que debe procesarse a los incitadores de esa crisis. El senador Antezana teme que el Alto Mando Militar no acate próximas órdenes del Gobierno.
Ref. Fotografia: Imágenes de archivo del panorama que Bolivia vivió hace 8 años con el enfrentamiento en ‘octubre negro’.
El Día
Después de 59 días de vigilia en Sucre, los familiares de los 64 fallecidos en el llamado "Octubre negro" retornaron ayer a La Paz mientras el Gobierno estudiaba cómo extraditar al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y a sus exministros refugiados en Estados Unidos, Perú y España. La oposición pide incluir también a los instigadores de los movimientos sociales, entre ellos al actual presidente Evo Morales, que figuraba entre ellos.
"El fallo ha sido como poco drástico e incompleto”, dijo el asesor legal de las víctimas Freddy Ávalos, "pero ya hay un fallo".
El Tribunal de Sentencia determinó 15 años y 6 meses de prisión para los militares Roberto Claros Flores y Juan Véliz Herrera. Mientras, para José Osvaldo Piola Mendoza y Luis Alberto Aranda Granados 11 años de reclusión, además de 10 años de cárcel para Gonzalo Alberto Rocabado, todos por el delito de “genocidio en su forma de masacre sangrienta”.
Los exministros Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara fueron condenados a tres años de cárcel.
Ángel Irusta, presidente del Tribunal de Sentencia, aseguró que el veredicto no obedeció a presiones ni amenazas de ningún tipo y que los miembros de ese organismo judicial actuaron con imparcialidad.
Ahora apuntan a Goni y sus ministros. "Me parece muy bien que haya terminado este proceso de esta naturaleza y creo que todavía está inconcluso, porque los verdaderos actores intelectuales de lo que sucedió en octubre, han escapado del país”, dijo ayer el ministro de la Presidencia, Iván Canelas, a tiempo de señalar que el Gobierno aún no ha evaluado el resultado de la sentencia.
Por su parte, la fiscal de distrito de La Paz, Betty Yañíquez dijo que espera que el fallo abrirá las puertas a la extradición del ex-presidente Gonzalo Sánchez y sus exministros Carlos Sánchez, Guido Áñez y Jorge Berindoague de Estados Unidos; y de Mirtha Quevedo, Jorge Tórrez, Dante Pinto y Javier Tórrez de Perú; lo mismo que de Hugo Carvajal, en España.
Desde Estados Unidos, la abogada de Goni, Ana Reyes, a través de un comunicado, consideró que la justicia boliviana está “politizada” y señaló al presidente Evo Morales de formar parte de una movilización colectiva cuando era dirigente sindical. Luego, cuando fue presidente, utilizó todo su poder para poner a los jueces y así tener una sentencia que le convenga, según Reyes.
Pese a las críticas de la defensa del exjefe de Estado, el fiscal Milton Mendoza solicitará a las autoridades diplomáticas que gestionen la traducción en inglés de la sentencia para remitir el documento a las autoridades estadounidenses. Pedirá un resarcimiento económico a las víctimas.
¿Y Evo Morales?. El jefe del MNR en Santa Cruz, Willam Paniagua, se quejó porque en el proceso los instigadores de los movimientos sociales, entre los que se encuentran el actual presidente Evo Morales, señaló, no han sido incluidos en el proceso.
"Se atentó contra un gobierno legalmente establecido y ellos no fueron sentados en el banquillo de los acusados", afirmó.
Por su parte, el diputado opositor, Tomás Monasterio, indicó que Evo Morales, Roberto de La Cruz y muchos de los que están ahora en el poder emergieron de esa crisis política y también fueron instigadores para que muera gente inocente.
El jefe del Movimiento Sin Miedo, Juan del Granado, pidió al presidente Morales que en vez de hacer política se dedique a extraditar a Goni y sus ministros
De igual manera, el presidente del Comité pro-Santa Cruz, Herland Vaca Díez, dijo que los instigadores y los que tramaron el golpe contra Goni no fueron incluidos en el proceso ni figuran como imputados.
Algo raro está pasando en la justicia
El cívico cruceño, Herland Vaca dÍez, señaló que están quedando impunes casos como la calancha, tiquipaya y octubre negro, pero ya llegará la hora
8 Años
después fue dictada la sentencia por los muertos durante la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez.
64 Personas
murieron y más de 500 resultaron heridas durante la represión policial y militar a los manifestantes
SEGÚN LA LEY
Proceso contra prófugos queda paralizado
El exfiscal de distrito Jaime Soliz observó ayer que nadie puede ser procesado y condenado en ausencia por un principio constitucional de derecho a la defensa. De modo que si ocurre la extradición de Goni y sus exministros, todo quedaría paralizado.
Precisamente los artículos 89, 90, 91 y 92 del Código de Procedimiento Penal establecen el procedimiento a seguir en caso de rebeldía.
NO PRESCRIBEN. Sin embargo, tampoco se cuentan los años para la prescripción de un delito y este prosigue cuando aparezcan los imputados en el país.
La lectura de la sentencia demandará tres semanas
El presidente del Tribunal dice que el fallo tiene cerca de 1.000 páginas.
La Razón – Yubert Donoso
El Tribunal del caso Octubre se tomará tres semanas para leer las más de 1.000 páginas que contiene la sentencia del juicio de responsabilidades, luego de que el martes se conoció sólo la parte conclusiva en la que se condenó a los siete acusados con penas de entre tres y 15 años de cárcel, según confirmó el presidente de ese Tribunal, el ministro Ángel Irusta.
“La sentencia tiene unas 1.000 páginas o folios, como llamamos nosotros, (y) nos va a llevar aproximadamente 10 días dar lectura completa de la sentencia. Sin embargo, estamos con la idea de no hacer la lectura todos los días, porque se nos ha acumulado las causas en nuestras salas”, expresó el ministro Irusta.
De acuerdo con los cálculos del Tribunal, se concluirá con la totalidad de la lectura en tres semanas e Irusta también confirmó que el viernes 2 de septiembre, a partir de las 14.30, se comenzará con la lectura, para lo cual han sido convocadas las partes.
Irusta también explicó que el Tribunal seguirá funcionando hasta que se notifiquen a las partes con la sentencia y, una vez cumplida con esa tarea, se procederá a disolver esa instancia. Irusta adelantó que el Tribunal tomó en cuenta la autoría mediata para dictar su sentencia.
Explicó que se refiere al hecho de “una organización de personas que tienen el dominio del hecho, y, en este caso, se hacen responsables por este accionar aun cuando los inculpados, que se denominan fungibles que pueden ser los soldados, oficiales, etc., la responsabilidad recae en quienes están a cargo de la organización”.
Los familiares de las víctimas de octubre, después de 58 días de vigilia, abandonaron Sucre con satisfacción, tras lograr el fallo condenatorio. Patricio Quispe, uno de sus representantes, anunció que retornarán a la ciudad para escuchar la última de las sentencias.
Antezana critica la sentencia
El senador de PPB-Convergencia Nacional y excomandante general del Ejército, Marcelo Antezana, criticó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que condenó con 10 y 15 años de cárcel a cinco generales por el caso Octubre, que aceleró la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada de la presidencia.
El legislador considera que en el futuro “ningún Alto Mando Militar querrá cumplir las órdenes superiores, así sean éstas por escrito, ante el temor de ser procesados y condenados”.
Antezana dijo que el fallo es la consolidación de la politización de la justicia, pues se juzgó a una parte de la gente involucrada en las jornadas de septiembre y octubre del año 2003 y se criminalizó a las Fuerzas Armadas por cumplir las leyes y la Constitución Política del Estado.
“Las Fuerzas Armadas no actúan de oficio y están bajo las órdenes de su Capitán General, que es el Presidente, directo responsable de lo que pueda ocurrir”, dijo el senador Antezana.
El asambleísta también recordó que cuando la Policía es rebasada en conflictos sociales, donde hay delincuencia subversiva que está infiltrada en los movimientos sociales, se debe actuar para preservar la democracia y la seguridad de la población, haciendo respetar el Estado de derecho.
El martes, la Corte Suprema de Justicia condenó con penas de tres a 15 años a dos exministros y cinco exaltos mandos militares del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, al dictar sentencia por los delitos de masacre sangrienta y genocidio que derivaron en la muerte de más de 60 personas durante los hechos conocidos también como “octubre negro”.