Daniel A. Pasquier Rivero
Los conflictos se multiplican y se agravan. Cuestionan las bases mismas del proceso de cambio administrado por el gobierno. Las señales de frustración nacen de entre los pobres, de los indígenas y de los adelantados en la defensa del patrimonio universal de la madre tierra. Es la puesta en evidencia del incumplimiento del MAS a su discurso antiimperialista, anticolonialista, de defensor de los recursos naturales y de reivindicador de los derechos de pueblos y naciones indígena originarios. Es la denuncia de la intención gubernamental de imponer un proyecto con pinceladas racistas y que privilegia sólo al sector cocalero, punta de lanza de la economía del narcotráfico.
La respuesta del gobierno ha sido la negación de la democracia: intimidación, descalificación, persecución y, en el caso de la marcha indígena en defensa del TIPNIS, ya se denuncian detenciones y desaparecidos. ¿Se desconocen los preceptos constitucionales de protección a la privacidad, a la libertad de pensamiento y de expresión? ¿Un estado de excepción de hecho? Cuando esto ocurría antes corría la voz de “golpe de estado”. Las acciones de contrainteligencia sólo presagian males mayores. Sea intencional, por descuido o accidentalmente un operativo aún de bajo riesgo puede convertirse en letal. Las explicaciones posteriores, que suelen darse siempre en estos casos, no resuelven nada; los daños “colaterales” suelen sumarse a la ya larga lista de fatalidades que ensangrentaron la historia del país sin que se puedan remediar con “pensiones” los sufrimientos ocasionados a la ciudadanía. Las lamentaciones y el peloteo de responsabilidades obscurece aún más cualquier intento de hacer justicia sobre lo acontecido.
Pero habrá que enjuiciar a los responsables, aunque esto no sea la solución. En caso reciente se ha sentenciado a militares y civiles presentes en los hechos de “octubre negro” (2003). Ocho años de trajines entre tribunales y ahora las sentencias no dejan satisfecho a nadie. Porque no están en el banquillo los principales actores y la justicia queda, a los ojos de observadores independientes y de la oposición, como respondiendo a directrices políticas más que a la majestad de la ley. ¿O se ha dispuesto un juicio en dos etapas, la una, para juzgar a los involucrados en un bando de la contienda, dejando para una segunda juzgar a los del otro bando? En definitiva, para bailar el tango hacen falta dos y, como reconoce el “mallku” Felipe Quispe, en algún momento, “me van a llamar”, igual que a otros actores y autores principales que ya han sido mencionados pero que todavía no han sido llamados, o tratan de acogerse a la ley de amnistía dictada por Carlos Mesa, cuya intención queda en duda, si buscaba la pacificación o retribuía un favor político. Por el momento, es obvio que esa ley no ofrece garantías de impunidad a nadie.
El gobierno parece decidido a utilizar la “razón de Estado” en la utilización de la fuerza contra la ciudadanía, de tal manera que la crítica o la oposición a la ejecución del mismo proceso de cambio, o a la gestión administrativa de los funcionarios del MAS en el gobierno se convierte en un delito y punible por la vía más rápida posible, siendo en muchos casos la vía judicial la última elección. Está claro que en este caso la seguridad del Estado crea mayor inseguridad ciudadana. Hay un empeño dañino en desconocer la existencia real de pobreza reflejada en la falta de empleo; el desconocimiento de que la falta sistemática de respeto a los procedimientos legales, al punto de hablarse abiertamente de una “anomia” en el país, crea un ambiente propicio al salvaje “sálvese quien pueda y como pueda”; y, de manera destacada, se ha tardado en reconocer la presencia en todo el territorio nacional de la febril actividad del narcotráfico que con capacidades superiores a las del Estado pone en jaque a la sobrevivencia democrática del Estado Plurinacional. El gobierno debe rechazar definitivamente el camino de la violencia, y a los violentos.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
“Construir: he ahí la gran labor del hombre”, dijo José Martí. Van seis años de gobierno y se recurre sólo a muletillas para esconder deficiencias. El país necesita generar miles de empleos para combatir la pobreza, y eso se consigue aumentando la inversión, promoviendo incentivos según los sectores más vulnerables pero, sobre todo, garantizando el cumplimiento de las normas ya escritas y vigentes, no inventando cada día otras nuevas o “amenazando” hasta minar la confianza del Estado al punto que la “inseguridad jurídica” es el tema central de cualquier foro con empresarios nacionales o extranjeros. El ex presidente Inacio “Lula” da Silva ha llamado en Santa Cruz a la cooperación entre la empresa privada y el gobierno para sacar adelante al país y ponerlo en el camino del desarrollo sostenible. Diez años en el poder, desde donde restó 40 millones de brasileros pobres y situó a su país como gran potencia en el mundo, le da cierta autoridad. Respetó las leyes de la economía de mercado y orientó fuertes iniciativas sociales. Ojalá aconsejara a sus amigos, entre ellos a Evo Morales, a estudiar y seguir la fórmula, oyendo también otras voces que le cuenten cómo se frenaron las exportaciones, se sobre valúa al boliviano (Bs) castigando a los exportadores y beneficiando al importador y a los contrabandistas; cómo se paró la inversión al suspender de facto el derecho a la propiedad agrícola, favoreciendo avasallamientos, desconociendo títulos hasta de cien años de antigüedad, entregando títulos de propiedad sin firmas, es decir, falsos; poniendo como requisito la revisión del derecho propietario cada dos años. Eso le ayudará a dar un consejo más cercano a la realidad y, por tanto, más útil. En definitiva: un consejo comprensivo de la seguridad ciudadana como el fin de la seguridad del Estado y no al revés. Reconducir el proceso de cambio, o a fortalecer una alternativa democrática.