83% del eje central cree que presidente Morales debió ir a la marcha indígena


59% no quiere que una carretera pase por el TIPNIS. NNUU: Gobierno de Evo requiere de consentimiento de indígenas. Gobierno descalifica a la ONU, DDHH y al Defensor porque “se han afiliado a la marcha”, según ministro Delgadillo.

imagePágina Siete / La Paz – 06/09/2011

83% del eje central cree que Morales debió ir a la marcha



Error. La mayoría cree que Evo se equivocó cuando se negó a hablar con los marchistas en San Ignacio.

El 83% del eje central considera que el presidente Evo Morales se equivocó cuando se negó a dialogar con los marchistas que rechazan a la carretera que pasará por el TIPNIS, de acuerdo con una encuesta de Captura Consulting realizada para la revista Poder y Placer.

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El estudio sociométrico establece que en las ciudades de La Paz, Cochabamba, El Alto y Santa Cruz se critica la negativa del Jefe de Estado de encontrarse con las organizaciones indígenas del oriente cuando éstas lo convocaron.

Aquella decisión de Morales fue uno de los primeros problemas con los que tropezó el complejo proceso de diálogo que protagonizan los originarios y el Gobierno desde el 15 de agosto, cuando la marcha partió de Trinidad. La dirigencia de tierras bajas puso como una de las primeras condiciones la presencia del Jefe de Estado pues aseguró que los ministros han incumplido a sus compromisos antes.

800 personas respondieron a la pregunta de Captura Consulting: “¿Usted cree que el Presidente hizo bien o hizo mal al resistirse a dialogar en persona con los indígenas que marchan para pedir que una carretera no atraviese el TIPNIS?”.

80% de los paceños cree que Evo Morales se equivocó, al igual que el 86% de los cruceños y los cochabambinos y el 76% de los alteños.

La encuesta tiene una confiabilidad del 95 % y fue hecha entre el 26 y el 28 de agosto de 2011.

Como pocas veces, el anterior antecedente es el gasolinazo de Navidad, el rechazo a una decisión presidencial alcanza niveles similares en Santa Cruz, en La Paz y en El Alto. Las dos últimas ciudades son bastiones históricos del oficialismo.

En el eje central, sólo el 12% de los consultados considera que no acudir al llamado de la marcha por el TIPNIS fue un acierto de Evo Morales. Un 5% se abstuvo de tomar posición ante la consulta.

La carretera

La polarización disminuye en la segunda pregunta de la encuesta. “Usted aprueba que la carretera Villa Tunari-San ignacio de Moxos atraviese el TIPNIS como quiere el Gobierno o cree que no debe pasar por ahí como piden los indígenas”.

El 59% de los consultados no está de acuerdo con que una vía atraviese el parque Isiboro Sécure. 31% apoya la iniciativa gubernamental. Un 11% no emitió criterio en favor o en contra.

El rechazo más marcado a la carretera que unirá a Cochabamba y Beni está en Santa Cruz, 62%. El apoyo más significativo a la vía propuesta por el Ejecutivo se encuentra en la sede de Gobierno (41%).

Ficha técnica de la encuesta

Empresas La encuesta fue elaborada por Captura Consulting y encargada por la revista Poder y Placer.

Universo Fueron entrevistadas 800 personas, todas ellas mayores de edad, en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto.

Medición El estudio se realizó entre el 26 y el 28 de agosto, con la marcha en pleno avance. Tiene una confiabilidad del 95%.

Gobierno de Evo requiere de consentimiento de indígenas

Declaración de NNUU habla de consentimiento libre y previo.

Informe. Un relato de la ONU reflexionó sobre el desarrollo y los derechos de los pueblos indígenas cuando se trata de proyectos que afectan a territorios indígenas.

image Los marchistas cuando llegaron a la plaza de San Borja.

Nancy Vacaflor / Página Siete

Los proyectos que afecten las tierras o territorios de los pueblos indígenas requieren del “consentimiento libre, previo e informado”, que los estados deben lograr a través de procesos de consulta de buena fe, señala la Declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas.

Así establecen los artículos 19 y 32 de dicha Declaración, la que fue elevada al rango de ley por el Congreso Nacional de Bolivia.

En esta misma línea, el relator especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, el 2007 planteó el tema del consentimiento como un principio básico para el respeto a los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación.

Entonces dijo que los pueblos indígenas también tienen derecho a determinar y elaborar sus prioridades para el ejercicio de su derecho al desarrollo.

Los indígenas del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) exigen respeto a su territorio y reivindica el derecho a autorizar o no la implementación de ese proyecto, si es que éste afecta su territorio.

Hasta ahora, 35 pueblos indígenas participan de la marcha en rechazo de la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

El Gobierno boliviano accedió a un crédito del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil para la construcción de dicha carretera sin previa consulta y sin consentimiento del TIPNIS, que es el centro de ese proyecto vial.

No obstante, las autoridades acusaron a los indígenas de obstaculizar el desarrollo por oponerse a que esa carretera pase por su territorio. Stavenhagen, en su informe de 2007, señala que el enfoque de desarrollo considera al sujeto de derecho y no sólo a la población objeto de las políticas públicas. “En ningún caso las actividades de desarrollo deberán entrar en contradicción con los principios generales de los derechos humanos de los pueblos indígenas”, refiere el documento.

El mandato del relator especial fue establecido por la resolución 2001/57 de la Comisión de Derechos Humanos.

Consentimiento

Sin presión. “No debe haber coerción, intimidación ni manipulación”.

Autorización. “Debe tratar de obtenerse el consentimiento con suficiente antelación a cualquier autorización o comienzo de actividades”.

Motivos. “El porqué del proyecto: naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de cualquier proyecto o actividad; las razones, el objetivo del proyecto; duración y zonas que se verán afectadas; evaluación preliminar del probable impacto económico, social, cultural y ambiental, incluidos los posibles riesgos”.

Participación. “Los pueblos indígenas deben especificar qué instituciones representativas están autorizadas para expresar el consentimiento en nombre de los pueblos o comunidades afectadas”.

Acceso. “La información debe ser precisa, accesible y en un idioma que los pueblos entiendan”.

Procedimiento. “Las partes deben establecer un diálogo que les permita hallar soluciones adecuadas en una atmósfera de respeto recíproco con buena fe, y una participación plena y equitativa”.

Criterios. “Que aparecen en el informe del relator”.

Ex magistrada dice que hay jurisprudencia sobre consulta

La ex magistrada del Tribunal Constitucional Silvia Salame aseguró que existe jurisprudencia sobre la demanda de los pueblos indígenas a la consulta previa en relación a actividades hidrocarburíferas o económicas que los involucre.

La abogada manifestó que existen precedentes en el tema y se refirió a una sentencia del Tribunal Constitucional 00/45 2006, mediante la cual se declaró la inconstitucionalidad de muchos artículo de la Ley de Hidrocarburos, porque no tomaba en cuenta a los pueblos indígenas para desarrollar estas actividades y que requería de consulta previa de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según declaró a la red ATB.

“Hay actualmente otra sentencia que se ha conocido en el Tribunal Constitucional actual que validó esta situación y determinó una sentencia, que es la 0429/2011, en referencia a los indígenas tacanas, donde claramente establece que la consulta debe ser previa, además que es vinculante, que ha sido tomado de la sentencia fundadora de esta materia que es la 045/2006, también tenemos la sentencia 1586 de 2010 y la sentencia 1003/ 2010”, manifestó Salame.

Asimismo dijo que los pueblos indígenas afectados pueden recurrir ante organismos internacionales ante la ausencia del Tribunal Constitucional, para hacer control sobre el contexto inconstitucional, y que el actual organismo no tiene facultad para hacerlo.

“Es decir, que este Tribunal que está funcionando ahora no tiene facultades de hacer controles de inconstitucionalidad o de leyes, decretos, por lo que ellos no tendrían una vía a nivel nacional, por lo tanto, les quedaría expedita la vía internacional para hacer el reclamo”, explicó.

Los habitantes del TIPNIS, a través de sus autoridades, han recurrido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para pedir que dicte medidas cautelares.

El Gobierno descalifica a la ONU, DDHH y al Defensor

El ministro de Obras Públicas, Walter Delgadillo, afirmó ayer que los organismos de derechos humanos internacionales y nacionales perdieron la capacidad de ser intermediarios en la controversia de los indígenas con el Gobierno por el territorio indígena TIPNIS.

“Derechos Humanos, Naciones Unidas, Defensor del Pueblo se han afiliado a la marcha. Ayer lo mostraron así, por tanto, no tienen ninguna capacidad de intermediación y penosamente han justificado estos excesos con la vida de la gente con explicaciones absolutamente desafortunadas. El defensor del Pueblo dijo que era su cosmovisión la que los obligaba a marchar juntos, pero la cosmovisión, cualquiera que sea, ¿puede agredir el derecho a la vida?, ¿a la salud?, ¿a la educación?”, cuestionó la autoridad gubernamental.

Desde el inicio de la movilización, 15 de agosto, dos niños han fallecido, uno de ellos de 14 años cayó de una camioneta en movimiento y el segundo murió por una infección gastrointestinal.

Los infantes son vulnerables a una serie de enfermedades como las infecciones respiratorias agudas o las diarreas, como consecuencia de la mala alimentación y el consumo de agua que no es potable.

Por otra parte, Delgadillo y el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, por separado coincidieron en acusar a los dirigentes de los marchistas en trabajar en una estrategia para un nuevo proyecto político alternativo al Movimiento Al Socialismo (MAS). El hecho fue rechazado por los marchistas, quienes reiteraron que su lucha es en defensa de su casa o “la Loma Santa”.