Ministra Suxo anticipa un juicio ordinario a Cossío. Asegura que se montó una red de corrupción en Tarija.
Imputado: Mario Cossío Cortez, prefecto de Tarija, junto a un niño que lleva una bandera de esa región
La Ministra anticorrupción pide que se investigue y sancione esta relación.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La Prensa
Mario Adel Cossío Cortez enfrenta un requerimiento acusatorio del fiscal general Mario Uribe.
La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, denunció ayer que el prefecto de Tarija, Mario Cossío, firmó un contrato por alrededor de 63 millones de bolivianos con la asociación accidental Consorcio Tarija, una de cuyas empresas es Uniservice, “un tema que también tiene que investigarse”.
La denuncia surge un día después de que el Gobierno rechazara la demanda planteada por la principal autoridad de esa región, Mario Adel Cossío Cortez, contra el presidente Evo Morales, como consecuencia de la promulgación de los decretos que permitieron al depuesto titular de Yacimientos Santos Ramírez a contratar a Catler-Uniservice para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz.
Suxo vinculó, además, a Cossío Cortez con Miguel O’Connor D’Arlach, sobre quien pesa una imputación de la Fiscalía por los delitos de cohecho activo y organización criminal.
Como resultado de ese contrato, el Prefecto del departamento de Tarija enfrenta un requerimiento acusatorio formulado por el fiscal general interino, Mario Uribe.
Ese petitorio fue remitido por Uribe el 21 de agosto de 2008, a fin de que la Corte Suprema de Justicia autorice el juzgamiento de Cossío Cortez por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes.
El memorial explica que la Prefectura tarijeña suscribió, el 11 de mayo de 2007, con el Consorcio Tarija, el acuerdo para la construcción de la presa El Molino, que debió erigirse en las comunidades de Pueblo Nuevo y Carolina, con obras hidráulicas secundarias en Iscayachi, Paicho y Tomayapo.
El monto convenido fue de 62,7 millones de bolivianos; y el 30 de mayo de 2007, el consorcio recibió el 20 por ciento de esa suma por concepto de anticipo.
Sin embargo, al 30 de mayo del año pasado, vale decir un año después de haber recibido el primer pago, se llevaba un avance del 5 por ciento.
Éste es uno de los cinco casos en los que el fiscal Mario Uribe encontró materia justiciable contra el Prefecto, y Miguel O’Connor D’Arlach también fue imputado por contratos lesivos al Estado en su condición de representante legal de esa sociedad accidental formada sobre la base de Uniservice S.R.L.
Otros casos
Los otros cuatro casos que ponen a Cossío Cortez en el banquillo de los acusados se refieren a los proyectos de riego Calderas y Múltiple Hucata, así como la construcción de la piscina y el velódromo.
Por el primero, el 8 de diciembre de 2006 se adelantaron diez millones de bolivianos a la asociación accidental Santa Ana, sin que se haya logrado aún expropiar el terreno.
Por el segundo, Constructores del Sur cobró 9,5 millones de bolivianos el 17 de diciembre de 2006, sin que se haya definido el lugar de la obra.
El 24 de noviembre de 2006, Ecotar fue contratada para construir la piscina olímpica, y cinco días después retiró 9,4 millones de bolivianos, pero, luego de casi dos años, el avance de obras alcanza al 3,2 por ciento.
El 24 de octubre de 2006, Conalsi recibió la misión de levantar el velódromo olímpico, y el 17 de noviembre de ese año percibió 4,8 millones de bolivianos; sin embargo, dos años más tarde, las obras registran un avance de solamente del 3 por ciento.
Contra Pablo Cossío
Además, Nardi Suxo acusó de “lavar” dinero a Pablo Cossío Cortez, hermano del actual Prefecto de Tarija, según Erbol.
“Pablo Cossío adquiere créditos de varios bancos, entre 10.000 a 50.000 dólares. Estos créditos ni bien los asume, inmediatamente los cubre ¿Pero cómo hace para pagar inmediatamente? En realidad el señor Pablo Cossío no registra ningún tipo de ingreso, incluso tiene algunas empresas cerradas, entonces esto nos lleva claramente a una figura penal que es el lavado de dinero”.
La autoridad aseguró que la demanda interpuesta por Cossío Cortez contra Evo Morales “seguramente quedará para la anécdota, porque no tiene ningún asidero jurídicamente”.
Pablo Cossío aparece como socio de varias empresas, como Translogin y otras en las que el hermano del Prefecto de Tarija figura como socio accionista de Miguel O’Connor y también del empresario Víctor Sánchez.
Sin embargo “Víctor Sánchez es también socio de Miguel O’Connor D’Arlach, o sea tejieron una red de ‘asociaciones y sociedades’ para hacerse cargo de las obras contratadas por la Prefectura de Tarija”.
Vega comparece hoy ante el juez Guerrero
Imputado por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, asociación delictuosa y uso indebido de influencias, el ex director nacional administrativo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Marco Antonio Vega, comparecerá hoy ante el juez Carlos Guerrero, en audiencia de medidas cautelares.
El fiscal Edward Mollinedo aseguró que los principales indicios que pesan en su contra son haber firmado el certificado de precalificación de Catler-Uniservice, contratada por YPFB para construir una planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz, sin cumplir las normas ni observar los documentos legales del consorcio.
Vega conocía las irregularidades y avaló el mencionado certificado. La Fiscalía abrió, además, otra causa contra Vega por ejercicio ilegal de profesión, pues firmaba como licenciado sin poseer título.
Miguel O’Connor D’Arlach, Mario Cossío Mc Galem, Luis Fernando Córdoba, Javier Navia y Gonzalo Aramayo serán sometidos esta mañana a audiencia cautelar bajo la imputación de organización criminal y cohecho activo para los tres primeros, y ambos delitos en grado de complicidad para los dos últimos. Navia y Aramayo son parientes políticos de Santos Ramírez y manejaban la Fundación Khantati, que la Fiscalía presume era la “coartada” para beneficiar a Ramírez con una coima.
Querella contra Rodrigo Carrasco
El viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, presentó ayer una querella contra el ex gerente de Comercialización de Yacimientos, Rodrigo Carrasco, por los delitos de espionaje, falsedad ideológica y material. Farfán dijo que expuso ante el Ministerio Público partes e informes de inteligencia y los testimonios de las actividades de Carrasco.
Cambio en el Panóptico
La Dirección de Régimen Penitenciario designó ayer a Luis Cerruto, quien reemplaza a Ernesto Michel como gobernador del penal de San Pedro.
Aunque no existe una versión oficial sobre el particular, trascendió que la determinación fue consecuencia de una filmación hecha con un teléfono celular en la celda que ocupa Santos Ramírez en la sección La Posta del panóptico paceño.
Como consecuencia de esta medida, Michel fue puesto a disposición del Comando General de la Policía.
La introducción al recinto carcelario de grabadoras, filmadoras, teléfonos móviles o equipos de radiocomunicaciones está expresamente prohibida.
Cuando una periodista ingresó al recinto carcelario y pudo filmar a Ramírez dentro de su celda, se advirtió una falla en los sistemas de control en la entrada del recinto carcelario.
Michel es ex esposo de la aún diputada suplente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jiovana Navia, quien enfrenta un proceso de divorcio interpuesto por el recluso Santos Ramírez.
El Gobierno anticipa un juicio ordinario a Cossío
DENUNCIA • Nardi Suxo asegura que se montó una red de corrupción en Tarija.
La Razón
Amparado en el nuevo texto constitucional, el Gobierno anticipó ayer que el prefecto de Tarija, Mario Cossío, será procesado en un juicio ordinario por al menos media docena de casos de presunta corrupción que habría cometido durante su gestión.
El anuncio lo hizo la ministra de Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, un día después que Cossío ratificó su demanda de juicio de responsabilidades contra el presidente Evo Morales por su presunta corresponsabilidad en las irregularidades detectadas en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
“La Constitución Política del Estado señala claramente que ministros, prefectos, alcaldes o congresistas no tienen juicio de responsabilidades. Los únicos que pueden tener un juicio de este tipo son el Presidente y el Vicepresidente; por tanto, al Prefecto de Tarija lo único que le queda es asumir defensa dentro de un juicio oral”, declaró a radio Erbol.
Suxo recordó que ya se presentó ante la Fiscalía una demanda por irregularidades detectadas en al menos seis obras, en las que se detectó que se hicieron adjudicaciones irregulares y desembolsos que nunca se justificaron.
Dijo que la adjudicación de obras recayó en todos los casos en “ una red de estafa al Estado boliviano”, cuyos principales componentes son Pablo Cossío, hermano del Prefecto tarijeño, además de Victos Sánchez Grandchant y Miguel O’Connor, este último hermano de Jorge O’Connor, asesinado en el volteo que destapó el escándalo de corrupción que estalló en YPFB por la irregular firma de un contrato millonario con la empresa Catler-Uniservice, de la cual los O’Connor forman parte.
La ministra señaló que justamente Uniservice se adjudicó obras de la Prefectura de Tarija por un valor de 153.858.000 bolivianos. Explicó además que esta red trabajaba creando empresas como Translogin o Ecotar para adjudicarse las obras y que “Pablo Cossío es el hilo de relacionamiento con la Prefectura de Tarija y con estas empresas”.
El 2008, el prefecto Cossío formalizó una querella formal en contra de la actual ministra Suxo (entonces viceministra), acusándola del delito de desacato, debido a que presentó, según dijo, una proposición acusatoria con datos falsos en contra de su autoridad y la Prefectura.
OBSERVACIONES
Santos • “Mario Cossío ha incurrido exactamente y aun en peores actos que Santos Ramírez. Santos Ramírez está en el penal de San Pedro, Cossío está reuniéndose con el órgano jurisdiccional en Sucre”.
Dinero • “Los dineros manejados por Pablo Cossío no tienen explicación de su origen, lo que hace presumir que su disponibilidad de dinero conformaría presuntamente una legitimación de ganancias ilícitas”.
Cruceños cuestionan informe
En Santa Cruz rechazaron ayer el informe legislativo de la comisión multipartidaria sobre el caso de la presunta corrupción en YPFB, debido a que no incluyó al mandatario Evo Morales, a quien consideran principal responsable para que se hayan cometido irregularidades.
“El Presidente debía ser el primero de la lista, habida cuenta que es el Primer Mandatario y firmó el decreto (que autorizó a YPFB las compras sin licitación)”, aseveró el director de Autonomías de la Prefectura de Santa Cruz, Carlos Dabdoub.
Por ello, reiteró el respaldo prefectural a la demanda presentada por el prefecto de Tarija, Mario Cossío, contra el Jefe de Estado por su presunta corresponsabilidad en los hechos de corrupción en YPFB.
Aseguró que “esta denuncia contra el Presidente por actos de corrupción no se trata de una carrera electoral ni es por desacreditar, sino que el Presidente debe dar ejemplo de respeto a la institucionalidad, debe mostrar transparencia, y al que no le gusta cumplir que se atenga a las consecuencias”.
El Director de Autonomías agregó que “no se trata de crear un colchón para defendernos de cualquier hecho de corrupción. El gobierno departamental sabrá asumirlo como corresponde”.
Redacción Santa Cruz