Corrupción. Ricardo Díaz y Antonio Peredo cambiaron de opinión en menos de 48 horas. Gobierno y MAS cierran filas en torno a Luis Arce, actual ministro de Economía y Finanzas, y al ex ministro de Hidrocarburos Carlos Villegas, hoy presidente de YPFB. Evo Morales no dijo nada de Saúl Ávalos, viceministro de Autonomías, ni del “Súper” del sector.
Ratificación: el presidente Morales (centro) flanqueado por el Presidente de YPFB y el ministro Arce
La Prensa
Peredo y Díaz retiran sus firmas del informe por presión del MAS
Evo ratificó su confianza en las autoridades que tienen presunta responsabilidad
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El Reglamento del Senado indica no se puede retirar una firma porque se trata de un texto aprobado.
La presión del Gobierno y del Movimiento Al Socialismo (MAS) obligó a los senadores oficialistas Ricardo Díaz y Antonio Peredo a “retirar” sus firmas del informe que establece indicios de responsabilidades contra cuatro autoridades del Ejecutivo por la figura de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en el contrato con la empresa Catler-Uniservice para la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande (Santa Cruz).
El presidente Evo Morales, en tanto, ratificó su confianza a dos de los funcionarios involucrados y descalificó la resolución camaral asegurando que los senadores opositores “no tienen moral” para cuestionar la emisión de fideicomisos en su administración porque en anteriores gestiones gubernamentales se usaron estos sistemas.
Los senadores Díaz y Peredo formaron parte de la comisión especial multipartidaria del Senado que investigó las irregularidades en la estatal petrolera que se destaparon tras el asesinato del empresario Jorge O’Connor, el robo de la presunta coima para Santos Ramírez de 450.000 dólares y las anomalías en el contrato con la empresa Catler-Uniservice, que debía construir una planta separadora de líquidos.
El escándalo de corrupción que se destapó en YPFB derivó en la destitución del cargo y detención preventiva de Ramírez en el penal de San Pedro.
La noche del miércoles, el informe de la comisión se aprobó en el Senado con apoyo de los parlamentarios masistas.
Este grupo parlamentario concluyó que los miembros del Directorio de YPFB, los ex ministros de Hidrocarburos Carlos Villegas y Saúl Ávalos, el ministro de Hacienda Luis Alberto Arce y el superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, tienen posible responsabilidad por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, y pidió que la Fiscalía investigue a esas autoridades.
El vicepresidente Álvaro García Linera fue el primero en reclamar el informe a los senadores oficialistas y alegó el jueves que los parlamentarios de su partido habían sido engañados por la oposición. Algunos parlamentarios del MAS también criticaron la posición de los senadores. El diputado masista Gustavo Torrico dijo que sus correligionarios favorecieron a la oposición porque con ese informe supuestamente se pretende afectar políticamente la candidatura del presidente Morales para las elecciones generales del 6 de diciembre y llamó “carajo” al senador Peredo porque no valoró la “intencionalidad política” del informe.
La Prensa conoció de fuentes cercanas al Palacio que tanto Peredo como Díaz recibieron duras reprimendas del Vicepresidente por ese “error político”, de hecho, la presión comenzó durante las negociaciones del informe, el miércoles. El senador Peredo admitió que recibió llamadas telefónicas de esa autoridad gubernamental.
Se dice que García Linera les pidió “revertir” ese informe “por cualquier vía”.
El miércoles por la noche, el Vicepresidente protestó por la determinación asumida por la bancada del MAS, que el jueves salió a defender el informe aprobado conjuntamente con la oposición. Ambos senadores precisaron entonces que con el documento no se acusaba a las autoridades, sino que “se recomendaba” a la Fiscalía que pueda averiguar a los funcionarios.
Díaz, quien también es jefe de la bancada de senadores del MAS, justificó ayer su decisión de retirar su firma de ese documento, del que dijo que existe un “uso malicioso”, lo que le obliga “no solamente a retirar la firma de este documento, sino presentar otro documento que será expuesto al Senado”.
Aclaró que el grupo parlamentario que averiguó los hechos de corrupción en la estatal petrolera no se constituyó en cabeza de Ministerio Público para realizar acusaciones “como está interpretando la oposición”.
En el Reglamento de la Cámara de Senadores no existe la figura de “retirar la firma” de un documento ya aprobado en sesión ordinaria y hecho público.
El senador Peredo, por su parte, rechazó las declaraciones del presidente de la comisión especial, Wálter Guiteras, quien dijo que este informe será la base para entablar un juicio de responsabilidades en contra del presidente Morales.
Por la tarde, el Presidente ratificó su confianza en el presidente interino de YPFB, Carlos Villegas, y en el ministro de Economía, Luis Alberto Arce, de quienes dijo que no cometieron ningún acto de corrupción y fustigó duramente a los senadores opositores que redactaron el informe. En cambio, no mencionó a Guillermo Aruquipa, superintendente de Hidrocarburos, ni a Saúl Ávalos, ahora viceministro de Autonomías.
Añadió que el decreto supremo que autoriza la creación de fideicomisos es legal, está enmarcados en la Ley Safco y le son ajenos los actos de corrupción, que sí tienen responsables.
La nota de color la puso el Presidente casi al cierre del acto de ratificación de las autoridades, cuando criticaba a los senadores opositores. El Mandatario dijo: “… Corruptos como Villegas… (mejor dicho) Guiteras”, corrigió de inmediato; pero el lapsus linguae del Jefe de Estado no pasó inadvertido a los asistentes.
El informe genera discrepancias en el partido de Evo
El informe de la Cámara de Senadores apoyado por el oficialismo sobre posibles responsabilidades en los miembros del Directorio de YPFB; los ex ministros de Hidrocarburos Carlos Villegas y Saúl Ávalos; el ministro de Hacienda, Luis Alberto Arce, y el superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, en los hechos de corrupción en la estatal petrolera generó discrepancias en el partido oficialista.
El diputado Jorge Silva (MAS) respaldó la decisión de los senadores masistas de recomendar que se investigue a las autoridades gubernamentales por los hechos de corrupción en Yacimientos que derivaron en la detención preventiva del ex presidente de esa entidad Santos Ramírez.
“Para luchar contra la corrupción hay que despojarse de la sigla, del color, del amor a la camiseta y se debe luchar por el proceso de cambio. La lucha contra la corrupción fue parte de nuestra bandera contra el sistema neoliberal. El mismo Presidente (Evo Morales) es enemigo de la corrupción”.
Sin embargo, su colega Gustavo Torrico dijo que los senadores fueron engañados por la oposición.
Los argumentos en dos días
“El Ministerio Público debe investigar las responsabilidades de los ministros que tienen que ver con los fideicomisos y otras acciones legales, por eso vimos la necesidad de esclarecer el hecho”.
Antonio Peredo
Jueves 5 de marzo
“No se está responsabilizando a nadie o buscando juicios de responsabilidad (…) no fuimos presionados por la oposición (…) nunca se trató el tema del Presidente, sólo de ministros”.
Ricardo Díaz
Jueves 5 de marzo
“El informe que hemos aprobado quiere ser manejado de manera maliciosa por una oposición, que no tiene autoridad moral para hacerlo (…) nunca se quiso acusar a ninguna autoridad”.
Antonio Peredo
Viernes 6 de marzo
“Se está haciendo un uso malicioso del documento por parte de la oposición, lo que nos obliga no solamente a retirar la firma de este documento, sino presentar otro documento…”.
Ricardo Díaz
Viernes 6 de marzo
La comisión especial
El Senado formó una comisión multipartidaria para que investigue las denuncias.
El grupo parlamentario realizó varias entrevistas, entre ellas a autoridades y fiscales.
Concluyó que cuatro autoridades tenían posible responsabilidad en los hechos.
LA RAZÓN:
Evo ratifica a sus ministros incluidos en el caso YPFB
El Jefe de Estado dijo que la oposición apeló a esta figura cuando era gobierno para dar luz verde a la capitalización. Rechazó el informe de la comisión mutipartidaria y pidió a sus colaboradores que se sientan fortalecidos.
El presidente Evo Morales anunció ayer que su gobierno continuará aprobando fideicomisos y ratificó públicamente su confianza en el ministro de Hacienda, Luis Arce, y el ahora titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, ambos cuestionados en el Senado por su presunta corresponsabilidad en las irregularidades cometidas en la firma del contrato entre la estatal petrolera y la empresa Catler-Uniservice.
Morales convocó a una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, donde, flanqueado por Villegas y Arce, rechazó el informe aprobado por la comisión multipartidaria del Senado (avalado por dos senadores oficialistas, Antonio Peredo y Ricardo Díaz, que ayer decidieron retirar sus firmas) y anticipó que no tendrá ningún efecto legal.
“La temeraria afirmación de que los ministros de Hacienda e Hidrocarburos (refiriéndose a Villegas) hayan incumplido sus funciones y estén comprometidos con actos de corrupción, es una conclusión totalmente política, sin ningún asidero legal y, por tanto, no tendrá ninguna consecuencia jurídica. Los ministros no han cometido ningún acto de corrupción, por lo cual gozan de mi plena confianza”, aseveró.
El informe de la multipartidaria señala “posible responsabilidad” de ambas autoridades, además del superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, y del directorio de YPFB, en la firma del contrato con Catler-Uniservice, que luego derivó en la autorización de un millonario fideicomiso para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande.
El documento fue aprobado también por los senadores de Podemos Wálter Guiteras y Luis Vásquez, a quienes Morales acusó de haberse aprovechado de la buena fe de Peredo y Díaz, y de no tener moral para criticar los fideicomisos, ya que ellos habrían firmado varios cuando ejercieron cargos de ministros.
“En el gobierno de Hugo Banzer siete decretos de fideicomiso, en el de Tuto Quiroga, en un año de gobierno, 10 decretos de fideicomiso, en el de Sánchez de Lozada 10, en el de Carlos Mesa 25 decretos, y ahora quienes gobernaron con estos gobiernos nos piden abrogar los decretos de fideicomiso, que inmoralidad”, declaró Morales, para luego anunciar que “van a seguir habiendo más fideicomisos, pero para recuperar nuestras empresas, no para privatizar”.
En el caso de Guiteras y Vásquez, dijo que cuando eran ministros aprobaron el Decreto Supremo 25775 que autorizó un fideicomiso para pagar el proceso de capitalización, “ para sanear Yacimientos y entregárselo a las transnacionales”.
Luego se refirió a ellos como “los senadores corruptos” y les recordó que la Constitución vigente determina que los delitos contra el Estado no prescriben.
“Tarde o temprano van a caer esos señores”, advirtió, antes de dirigirse a Villegas y Arce para reiterarles su plena confianza. “Esto es como una censura en el Senado…los ministros censurados no se van del gabinete”, afirmó.
El fideicomiso
Concepto • Un fideicomiso es un contrato o convenio en virtud del cual una persona, llamada fideicomitente o también fiduciante, transmite bienes, cantidades de dinero o derechos, presentes o futuros, de su propiedad a otra persona (una persona natural, llamada fiduciaria), para que ésta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero, llamado fideicomisario. Cabe señalar que, al momento de la creación del fideicomiso, ninguna de las partes es propietaria del bien objeto del fideicomiso. El fideicomiso es, por tanto, un contrato por el cual una persona destina ciertos bienes a un fin lícito determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución fiduciaria.
Peredo y Díaz retroceden en el informe sobre YPFB
MEDIDA • Los senadores decidieron retirar sus firmas para no perjudicar al Gobierno.
Dos días después de haberlo avalado, los senadores del MAS Antonio Peredo y Ricardo Díaz decidieron retirar sus firmas del informe de la comisión multipartidaria que investigó el caso de la firma del irregular contrato entre YPFB y Catler-Uniservice.
Lo hicieron después que el vicepresidente Álvaro García los criticara porque fueron “objeto de engaño” y por no haber “entendido a cabalidad el contenido político” de ese documento, en el que se involucra como sospechosos de haber avalado la irregularidad al ministro de Hacienda, Héctor Arce, al ex ministro de Hidrocarburos y ahora titular de YPFB, Carlos Villegas, y al superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa.
“Vamos a presentar una carta de protesta retirando nuestras firmas de un documento que pretende ser utilizado tan maliciosamente por una oposición que no tiene ninguna autoridad moral para decir lo que está diciendo”, justificó Peredo. Insistió en que los opositores utilizan políticamente el documento, al señalar que éste confirma que la corrupción trascendió más allá de YPFB y que podría ser utilizado como base para iniciar un juicio a los ministros e incluso al presidente Evo Morales Ayma.
“Cuando tergiversan como están tergiversando hasta este momento, yo no puedo aceptar que ese documento haya sido suscrito con sinceridad”, aseveró.
Al finalizar la tarde, el Jefe de Estado señaló que estos dos senadores “fueron confundidos, mal utilizados, por los senadores corruptos”.
EL INFORME
Villegas • Sobre Carlos Villegas, dice que su actuar “no se enmarcó en las atribuciones específicas que la ley y norma inherente le obliga”.
Arce • Sobre Luis Arce señala que las normas para la contratación “no merecieron un correcto control y fiscalización del órgano rector” a su cargo.
Sólo Ramírez llegó a prisión por la corrupción en YPFB
Avance • El caso está estancado. La Fiscalía no aprehendió a los acusados de pagar y recibir el soborno para Ramírez. Ellos retrasan, con un recurso contra el juez y en libertad, su cautelar.
• EN EL JUZGADO • Luego de que se suspendió ayer la audiencia de medidas cautelares en contra de O’Connor y otros funcionarios de la Fiscalía retiran los expedientes del caso.
El caso relacionado con la corrupción y soborno que llevó al ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez a la cárcel de San Pedro está estancado, porque los otros implicados, libres debido a que la Fiscalía no los aprehendió antes de imputarlos, hace dos semanas, atrasan ahora con una recusación a un juez la audiencia que definirá si es que se defenderán tras las rejas o desde la calle.
El 27 de enero, se produjo en La Paz el volteo de 450 mil dólares que derivó en el asesinato del empresario tarijeño Jorge O’Connor. Este hecho destapó un escándalo de corrupción, porque presumiblemente ese dinero estaba destinado a una coima para Santos Ramírez, por la adjudicación de la empresa Catler-Uniservice, para la construcción de una planta procesadora de licuables en Río Grande (en el departamento de Santa Cruz).
La Fiscalía implicó a Ramírez y a los pocos días, el ex hombre poderoso del MAS estaba en el penal de San Pedro. Sin embargo, los demás imputados por el Ministerio Público por el soborno y de realizar contratos lesivos al Estado, y de conformar una asociación delictuosa siguen libres.
Se trata del Miguel O’Connor, el hermano del empresario asesinado; el gerente regional de la empresa, Mario Cossío McGalem; el cuñado de Santos Ramírez, Javier Navía; el primo de Navía, Gonzalo Aramayo; y el único de ellos recluido en San Pedro, Luis Fernando Córdova, pero porque fue implicado en el caso paralelo del volteo que derivó en el asesinato.
Todos ellos presenciaron la muerte de O’Connor. La Fiscalía estableció que quienes presuntamente acudieron para pagar el soborno (O’Connor, Córdova y Cossío) cobraron también 3,3 millones de dólares, que YPFB otorgó como adelanto a la empresa, y llevaron el dinero a cuentas personales en Estados Unidos.
La Fiscalía anunció el congelamiento de sus cuentas, cosa que también está paralizada porque la audiencia no se realizó ayer.
El equipo de investigadores señaló que Navía y Aramayo están implicados en la recepción de la coima, que debía producirse en el domicilio del último.
Pese a todos los antecedentes, la Fiscalía señaló que no los aprehendió porque los delitos por los que están imputados no rebasaban el mínimo de dos años de pena, como establece el Código de Procedimiento Penal.
La imputación salió hace dos semanas. Como no fueron aprehendidos, no corrieron los plazos procesales, así que esto demoró la audiencia cautelar.
El primer escollo fue la recusación planteada por la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, contra la jueza décima, Marcela Siles, porque consideró leves sus decisiones de otorgar medidas sustitutivas a la ex colaboradora de Ramírez, Esther Carmona, y por la detención domiciliaria dictada contra el ex gerente de planificación de la estatal petrolera, Misael Gemio.
El caso pasó al juez décimo, Carlos Guerrero, quien fijó la audiencia para ayer a las 9.00.
Sin embargo, los abogados de Javier Navía lo recusaron porque supuestamente tiene una “estrecha amistad” con el ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce. Hasta que se solucione la recusación, con un plazo de 48 horas, esta audiencia se realizaría la próxima semana.
El Ministerio Público volverá a citar a Santos
DECLARACIÓN
El Ministerio Público volverá a citar al ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, para que brinde una declaración ampliatoria referente al movimiento financiero bancario que lo vincula con los hermanos O’Connor D’Arlach Taborga y Córdova Santiváñez.
El fiscal asignado al caso, Luis Mamani, informó ayer que para tal efecto se acumulan las pruebas de peritaje técnico que permitan conocer los movimientos económicos que realizaron los imputados; Miguel O’Connor D’Arlach, Mario Cossío McGalem, Gonzalo Aramayo Navía, Javier Navía Doria Medina y Luis Fernando Córdova, y sus vínculos con Santos Ramírez.
“Para nosotros es importante tener estos movimientos que nos están llegando paulatinamente por estos días, para conocer la relación entre Ramírez, O’Connor, los hermanos Córdova además de la Fundación Kantati a cargo de los hermanos de Jiovana Navía Doria Medina (esposa de Ramírez). Vamos a convocarlo a una declaración ampliatoria con relación a este caso específicamente”, sostuvo Mamani.
Explicó que los extractos de los movimientos económicos bancarios y de las cuentas estarán listos a finales de marzo; aunque no precisó una fecha.
Consultado sobre la cantidad económica recuperada de los $us 450.000 del atraco a Jorge O’Connor D’Arlach, explicó que primero se recuperó $us 38.000 que están en FIE; luego otros $us 50.000, que tenía Rufino Rodríguez Coca en Cochabamba y, finalmente, en Unduavi a Lucio Lazo, a quien se le confiscó $us 132.800. ANF