Los movimientos sociales recogerán 250 mil firmas para solicitar un referéndum.
Oposición. Los autonomistas llaman a conformar un frente.
La Prensa
Encuentro: los representantes de los sectores cantan el himno nacional en la inauguración
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El Ejecutivo retrocedió en la aplicación del Decreto Supremo 29691 y ahora prepara un proyecto de Ley para convocar a los referendos dirimitorio y aprobatorio de la nueva Constitución con la ayuda de los movimientos sociales que recolectarán 250 mil firmas (6 por ciento del padrón electoral) en 15 días y marcharán desde Caracollo para que se apruebe la convocatoria de los comicios en el Congreso Nacional.
El vicepresidente, Álvaro García Linera, informó ayer que el Gobierno elevará el Decreto Supremo, aprobado hace dos semanas por el presidente Evo Morales, a rango de ley después de que la Corte Nacional Electoral (CNE) frenó la realización del acto electoral previsto para el domingo 7 de diciembre argumentando que precisaba de una Ley Especial.
La Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam), que se reunió ayer en la ciudad de Santa Cruz, decidió impulsar la recolección de 250 mil firmas para solicitar la convocatoria a consulta popular que podría realizarse a fines de diciembre.
La iniciativa legislativa ciudadana es una figura prevista en la actual Constitución Política del Estado y en la Ley Marco del Referéndum. Además, por esta misma vía, los prefectos de la «media luna» convocaron a los referendos por los estatutos autonómicos, considerados como ilegales por el Gobierno.
Bajo esa lógica, el Poder Legislativo deberá sancionar la norma que permitirá realizar los referendos constitucional y dirimitorio, además de las elecciones de los prefectos de La Paz y Cochabamba, y subprefectos y consejeros departamentales.
Las rúbricas que sean recogidas serán presentadas ante la Corte Nacional y después deberán ser remitidas al Parlamento. El jefe de la bancada del MAS, Félix Rojas, anunció que habrá sesión de Congreso el 16 de septiembre para analizar las designaciones de autoridades del Poder Judicial y la Corte Electoral que quedaron suspendidas.
En ese encuentro se podría analizar también la convocatoria a referéndum, aunque esa jornada las organizaciones sociales iniciarán una marcha hacia La Paz desde la localidad orureña de Caracollo, ubicada a 230 kilómetros de la sede de Gobierno. Otro grupo de marchistas también de dirigirá desde el municipio cruceño de Concepción hacia la ciudad de Santa Cruz en una caravana de protesta en contra del prefecto Rubén Costas, quien comenzó a ejecutar el Estatuto Autonómico.
Esa movilización comenzará el 10 de septiembre
El senador Rojas explicó la función de la futura norma será únicamente superar «inconvenientes menores (la objeción de la CNE) porque la convocatoria ya ha sido hecha a través de la Ley 3837 sancionada por el Congreso el 29 de febrero pasado y por el decreto que emitió el presidente Evo Morales».
El Vicepresidente sostuvo que si resulta «insuficiente o hay limitaciones o imposibilidad de aplicar o cumplir el decreto, el siguiente paso obligatorio es la ley». No obstante, advirtió que no se permitirá que minorías políticas (en el Congreso) quieran imponer sus caprichos a las mayorías, y aseguró que «hay una mayoría política que hará valer su apoyo a través de decretos y leyes en cumplimiento de la Constitución». García Linera indicó que «ahora el tema de la nueva Constitución y el referendo ha pasado al Congreso», donde se deberá buscar acuerdos para que el primer poder del Estado asuma decisiones democráticas en función de lo que pide la mayoría.
Las reacciones no se dejaron esperar.
El vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Roberto Gutiérrez, afirmó que la movilización de los grupos afines al MAS es una provocación a la autonomía, y alertó sobre las reacciones de «ciudadanía» en contra de esa marcha.
El senador de Podemos, Carlos Borth, citado por la agencia ABI, advirtió de que las fuerzas de oposición y oficialismo están obligados a consensuar la aprobación de una ley que autorice la realización del referendo constitucional y dirimidor, como última oportunidad para salvar la imagen del Congreso.
El Vicepresidente dijo que el siguiente paso es aprobar una Ley para el referendo en el Congreso
Podemos retrasa designaciones de autoridades
La agrupación ciudadana Podemos, que tiene bajo su mando a la Comisión Mixta de Constitución en el Congreso Nacional, determinó que no se avanzará en la designación del Fiscal General de la República, presidente de la Corte Suprema de Justicia y los ocho magistrados del Tribunal
Constitucional, mientras no se modifique la propuesta de Constitución Política del Estado (CPE) aprobada por asambleístas del MAS en diciembre de 2007.
El senador Róger Pinto (Podemos), vocal de la Comisión Mixta de Constitución, manifestó este miércoles que no se avanzará en el tratamiento de las designaciones mientras no hay una modificaciones de la nueva CPE.
«Nadie está muriéndose por las designaciones, lo que fatiga es la nueva CPE. Más importante que la designación o cualquier proceso es la modificación de la CPE, que sentido tiene hacer designaciones por dos o tres meses si el Movimiento Al Socialismo quiere construir los poderes de forma unilateral, lo fundamental es la Carta Magna».
La mañana del miércoles, la Comisión Mixta de Constitución postergó el proceso de designaciones de autoridades judiciales y vocales de la Corte Nacional Electoral hasta el martes 16 de septiembre, debido al retraso que sufrió el cronograma de presentación de los postulantes.
Inicialmente se hizo un cronograma que establecía la presentación de 10 postulantes a los diferentes cargos, cada día de la presente semana.
No obstante, los congresistas determinaron que solamente se recibirán las presentaciones durante las mañanas, siendo previstas ocho disertaciones por día, lo cual retrasará la finalización de la evaluación de la fecha planificada. El senador del MAS, Félix Rojas, confirmó la fecha de la sesión.
LOS AUTONOMISTAS LLAMAN A CONFORMAR UN FRENTE
LA RAZÓN
AFIRMACIÓN • El Gobierno asegura que esta organización es un partido político de derecha.
El Consejo Nacional Democrático (Conalde) convocó ayer a los bolivianos a conformar un frente amplio que «trabaje en la pacificación y recuperación de la democracia». Inmediatamente, el Gobierno respondió que este bloque cívico-prefectural es un partido político de derecha.
Una de las resoluciones que ayer asumió el Conalde, conformado por líderes de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, convoca «a los ciudadanos, las organizaciones y las instituciones democráticas del país, sin distinción de raza, posición política o religiosa, a conformar un frente amplio en defensa de la democracia, que trabaje por la pacificación nacional y la recuperación plena de la democracia».
El presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, Jhon Cava, explicó que con ese frente amplio «se quiere conseguir que hayan instituciones, autoridades e instancias en Oruro, La Paz y Potosí, que se sumen a defender la democracia, para que no sean cinco departamentos, sino nueve (los que estén en este frente)».
Según Cava, con ese bloque se quiere llegar a «generar criterios políticos» en el occidente del país, aunque reconoció que «por la fuerte presencia del MAS, puede haber cierto temor».
Para el Gobierno, el Conalde no es más que «una agrupación política violenta, agresiva y provocadora, que encima está queriendo violentar las normas jurídicas y las estructuras democráticas que tiene el país», según señaló el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera.
Dijo que «resulta paradójico» que los miembros del Conalde propugnen defender la democracia, cuando ellos «no acatan las leyes de la República».
Antes, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, sostuvo que el Conalde «es una megacoalición renacida, donde hay ex miristas, ex adenistas y ex emenerristas que están ahí, claro, con nuevo maquillaje, pero esta vez un maquillaje cívico, aunque son básicamente lo mismo, los mismos actores políticos del pasado, de esa megacoalición (conformada por el MIR, MNR, ADN y NFR)».