El Gobierno boliviano respondió al pedido de informe de la Comisión de DDHH. Llorenti confunde una demanda y ataca a la CIDOB.
La vigilia en defensa del TIPNIS gana más respaldo en La Paz. Foto Abi.
Página Siete / La Paz – 23/09/2011
La OEA se pronunciará hasta el lunes sobre el caso TIPNIS
El Gobierno respondió al pedido de informe de la Comisión de DDHH.
Denuncia. Los indígenas del TIPNIS acudieron al organismo internacional con el apoyo del abogado alemán Björn Arp, socio del ex vicecanciller Jaime Aparicio Otero.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA se pronunciará hasta antes del próximo lunes sobre la denuncia de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) por el caso TIPNIS.
El Gobierno boliviano respondió el miércoles el pedido de informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, remitido a La Paz tras la denuncia de la CIDOB, que consideró que la seguridad de los indígenas en la marcha se encuentra en riesgo inminente.
Según los plazos, la Comisión tiene 72 horas para pronunciarse en este caso, en el que se han solicitado medidas de protección para los marchistas del TIPNIS. La Comisión podría o no, según su análisis, hacer una recomendación al Gobierno boliviano.
La denuncia ante la OEA fue presentada por el abogado de origen alemán Björn Arp, que trabaja con el ex vicecanciller boliviano Jaime Aparicio, quien admitió, en contacto con Página Siete, haber ofrecido los servicios del jurisconsulto para cooperar en la presentación de la solicitud ante la OEA.
Aparicio, sin embargo, rechazó toda vinculación con el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. “Yo soy un abogado y diplomático de carrera que ejerzo libremente mi profesión. No dependo de nadie y no tengo ninguna relación con el ex presidente Sánchez de Lozada”, dijo.
Añadió que efectivamente contactó a los indígenas con su socio, al sentirse conmovido por la situación que se vive en el país y conocedor de la experiencia del abogado Arp en ese campo. “Fue a través de un mail que mandé a una página web que sigue la temática y ofrecí colaborar”, sostuvo.
La firma internacional de abogados Aparicio, Arp y Asociados emitió un comunicado en el que, además de rechazar las expresiones del ministro Llorenti, señala que ante la Comisión se ha mencionado que “los indígenas se encuentran en una situación precaria de seguridad, porque sus derechos a la vida e integridad física están amenazados por los últimos incidentes”.
TIPNIS y “gonismo”
Denuncia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA recibió la semana pasada una denuncia sobre el peligro que corren los indígenas del TIPNIS.
Llorenti. El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, denunció la presencia del “gonismo” en la marcha, porque la oficina del ex vicecanciller boliviano Jaime Aparicio cooperó con los indígenas en la presentación de la demanda.
Aparicio. Desde Washington y en contacto con Página Siete, admitió que su socio coopera con los indígenas del TIPNIS ante la Comisión de DDHH de la OEA, pero rechazó todo vínculo con el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Independencia. Además de enfatizar la independencia de su oficina internacional de abogados, Jaime Aparicio informó que él contactó a la dirigencia indígena a través de una página web para ofrecerles apoyo.
Björn Arp. En un comunicado, el abogado a cargo del caso le “exige al Gobierno de Bolivia que se abstenga de cualquier clase de acusaciones en el contexto de las reclamaciones y demandas jurídicas que presente la firma y se limite a contestar a los argumentos jurídicos contenidos en los pliegues presentados por la firma, con arreglo a las normas de procedimiento…”.
Llorenti confunde una demanda y ataca a la CIDOB
Otra organización demandó al gobierno ante la CIDH.
ENCUENTRO. El exdirigente del MAS Lino Villca es recibido por un integrante de la CIDOB en Chapariña.
La Prensa – 23/09/2011
Los movilizados niegan vínculos con el “gonismo”. Los verdaderos demandantes consideran la acusación “una canallada” del Gobierno.
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, acusó ayer a los indígenas bloqueados en el sur del Beni de estar relacionados con el “gonismo” con base en una demanda internacional que, en realidad, no fue interpuesta por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), sino por la Confederación Nacional de Naciones Indígena Originarias de Bolivia (Conniob), una entidad sin representatividad entre los movilizados.
En declaraciones efectuadas ayer, Llorenti afirmó que el exviceministro de Relaciones Exteriores y exembajador en Estados Unidos Jaime Aparicio Otero durante los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada, es asociado al bufete de abogados que planteó la demanda internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en representación de los indígenas.
“Es una demostración irrefutable de los vínculos de los dirigentes de la CIDOB con el ‘gonismo’”.
Sin embargo, el presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez, negó que esa entidad hubiera planteado tal demanda y que tampoco conoce a la exautoridad.
Víctor Hugo Velasco, vicepresidente de la Conniob, calificó la denuncia de Llorenti como “una canallada”, pues esa demanda nada tiene que ver con la CIDOB, sino que es “una respuesta a la falta de autoridades judiciales en el país que procesen a quienes impiden que nuestros hermanos movilizados reciban agua, alimentos y medicinas”.
Velasco, dirigente indígena cruceño vinculado con el Comité pro Santa Cruz, negó cualquier relación con el “gonismo” y recordó que en octubre de 2003, “estuvimos en la lucha que cambió el destino del país”.
En una conferencia de prensa ofrecida en Santa Cruz, Llorenti aseguró que “de esa manera se ha desvelado el vínculo entre ciertos dirigentes indígenas y el ‘gonismo’”, y calificó a la marcha indígena como una ofensiva política lanzada por seguidores del mandatario depuesto en 2003.
Además, atribuyó la marcha a “sectores reaccionarios que dilapidaron recursos naturales cuando estuvieron en el poder, ahora esos intereses están detrás de la movilización indígena impulsada por la CIDOB”. Los indígenas de tierras bajas iniciaron el 15 de agosto pasado una marcha desde Trinidad para rechazar la construcción de una carretera que dividirá un área protegida, pero están bloqueados por policías y colonizadores afines al Gobierno en Chapariña, a tres kilómetros de Yucumo, al sur del departamento del Beni.
El canciller Choquehuanca va al encuentro de los marchistas. El ministro de Comunicación, Iván Canelas, informó que se decidió enviar una nueva comisión gubernamental encabezada por el canciller David Choquehuanca a la estancia Yenny, donde está bloqueada la marcha indígena que se opone a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, para reanudar el diálogo, informó la agencia ABI.
En rueda de prensa, Canelas recordó los intentos gubernamentales destinados a resolver en una mesa de concertación las demandas de los originarios del TIPNIS.
Entretanto, crecen las denuncias de que los indígenas difícilmente reciben agua, alimentos y medicamentos a causa del bloqueo de los colonizadores en Yucumo.
En forma simultánea, el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, anunció ayer el envío de 1.200 litros de agua a los marchistas y reiteró que el Gobierno no puede levantar el bloqueo por las consecuencias que esa medida traería consigo.
La marcha de apoyo llegó a yucumo sin mayores inconvenientes, informó Óscar Olivera. La caravana que partió de La Paz el miércoles pasado llegó a Yucumo la mañana del jueves. Alguno de sus integrantes se trasladó a la estancia Yenny, donde acampan los marchistas, para entregarles víveres y agua reunidos en La Paz. El grupo negoció con los bloqueadores el permiso correspondiente.