Cándido Tancara Castillo / La Paz
Estudiosos advirtieron el lunes que el decreto que autoriza el uso de semillas transgénicas de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya a través de procesos abreviados podría activar nuevos y más chaqueos en el oriente del país y en áreas no propias de la agricultura con el propósito de ampliar la frontera agrícola.
“Es regular que se practique (chaqueos) en zonas ya reforestadas, lo que llama la atención son los puntos de calor fuera de las zonas agrícolas”, sostuvo el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque.
De acuerdo con los estudios satelitales que realiza, continuó, “llama la atención” que esas quemas se realicen en territorio de los municipios de San Ignacio de Velasco y de San Matías, ubicadas en la Chiquitania, donde el año anterior el fuego arrasó con más de cuatro millones de hectáreas.
“Ahí se ve la concentración (de puntos de fotos de calor) en dos zonas en San Ignacio de Velasco, que es ganadera, y en San Matías, frontera con Brasil; no es época de quema por ahora, son parte de lo que el año pasado se dio en el proceso de expansión de la zona agrícola en estos municipios”, dijo Colque.
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El director de la Fundación Productividad Biósfera Medio Ambiente (Probioma), Miguel Crespo, coincidió con Colque, en sentido de que los chaqueos no sólo se adelantaron en la región de la Chiquitania sino que también van en la línea de apresurar la ampliación de la frontera agrícola en áreas no tradicionales con semillas resistentes a la sequía, una de ellas la soya.
La promulgación del Decreto Supremo 4232, dijo, “no es espontánea, es para introducir soya resistente a la sequía” y por ello “coincide con estos chaqueos y con lo que no está lloviendo”.
Crespo responsabilizó de los “chaqueos tempranos” al gobierno de Jeanine Añez que no derogó ninguna de las cuatro leyes que autorizan el desmonte indiscriminado y, por ello, aseguró que este “Gobierno es tan incendiario como el anterior”. Dijo que Evo Morales promulgó leyes para el desmonte de áreas sin vocación agrícola: Ley 337 (2013) o de perdonazo para desmontes efectuados sin autorización entre 1996 y 2011; Ley 741 (2015) autoriza el desmonte de pequeñas propiedades para actividades agrícolas y pecuarias; Ley 1098 (2018) de Aditivos de Origen Vegetal para la producción de biocombustibles; Ley 1171 (2019) de Uso y Manejo Racional de Quemas que reconoce “el manejo y uso del fuego como herramienta en la actividad productiva”. A estas cuatro leyes se suma el DS 3973 (2019) que autoriza los desmontes para ampliar la frontera agrícola.
Crespo dijo que los indígenas en la Chiquitania dejaron de realizar los chaqueos y no así los agroindustriales y ganadores, tampoco los colonizadores, pese a que se ha pedido que se deroguen las normas señaladas.
Focos de calor van en aumento
Entre el 1 de enero y el 6 de mayo se registraron 25.274 focos de calor en Bolivia, un 80% más que los 14.048 reportados en el mismo período del 2019, según el informe satelital Aqua_MT que permite la comparación y al que se accede desde la web del ministerio de Medio Ambiente y Agua. Las regiones más afectadas son Santa Cruz (este, 19.614), Tarija (sur, 2.309) y Beni (noreste, 2.298), según el mismo reporte.
Colque afirmó que el incremento de los focos de calor “llama la atención porque hay una mayor actividad” en el área no tradicional de agricultura. Afirmó que donde se observa fuego, mediante el satélite, “son zonas no tradicionales para este tipo de quemas; tendríamos que presenciar las quemas en lugares donde hay agricultura” porque la “agricultura no sea realiza exactamente en los bosques” sino hay “presión por la expansión de la frontera agrícola; hay que presentar igual atención a la parte sur que colinda con el Chaco”.
Explicó que si no se estuviera en cuarentena, su equipo se habría trasladado a la región de San Ignacio de Velasco y San Matías para medir el avance de los focos de calor. “Para cuantificar hay que verificar con una tarea de campo y por el coronavirus no se puede desplazar a un equipo”.
Anticipan que aumentará el valor de la tierra en la Chiquitania
El director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, sostuvo que el marco legal contra bosques y el área forestal “no ha cambiado”, con el gobierno de transición, “ha empeorado” con el Decreto Supremo 4232, que autoriza el uso de cinco nuevas semillas transgénicas, lo que a su vez podría derivar en el aumento del valor de tierras en la Chiquitania, que al no tener vocación agrícola las semillas resistentes a la sequía tendrían mejores resultados en rendimiento.
“El marco legal no ha cambiado, ha empeorado con los transgénicos (semillas de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya) en el proceso especulativo con el chequeo del monte y la habilitación de tierras que recientemente muchos fueron tituladas en la Chiquitania”, dijo el investigador al indicar que “hay expectativa desmedida por el valor de tierras que van a aumentar (de precio) con la liberación de transgénicos; mucho (dueños de tierras) están pretendiendo vender a extranjeros porque ya tienen títulos de propiedad”.
Colque dijo que por ahora en el municipio de Pailón (Chiquitos) la hectárea de tierra cuesta entre cuatro y cinco mil dólares, en poblaciones alejadas y donde no hay acceso a carreteras los costos bajan hasta 500 dólares.
Protestó porque en la zona de los focos de calor “hay flexibilidad en las sanciones por los desmontes ilegales, quemas ilegales; como hay permisibilidad desde lo legal para provocar más incendios y más agresión a los bosque, bajo esas condiciones hay una expectativa desmedida de habilitar boques para la ganadería, agricultura, y de los propietarios de vender sus tierras y a tener facilidades para desmontar y producir cultivos transgénicos”.
El director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Víctor Hugo Áñez, dijo a France 24, que la posición del Gobierno “es proteger y preservar el medioambiente”, pero que no ha podido hacer nada sobre las llamadas normas “incendiarias” porque el MAS de Evo Morales que aprobó esas leyes aún controla la Asamblea Legislativa. Las normas también han sido demandadas ante el Tribunal Constitucional y se espera una respuesta.
Fuente: paginasiete.bo