Evo condenó a Cárdenas por “cambiar” sus apellidos indígenas.
Los comunarios deciden expropiar la casa de Cárdenas. Tres días después, la Policía aún no recupera la vivienda.
En la toma se cometieron cinco delitos
Huatajata • Grupos de campesinos vigilan la casa que es de propiedad del ex vicepresidente (foto La Razón)
ONU y Francia repudian ataque a Cárdenas y Gobierno lo culpa
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El Ejecutivo destinó 5 policías para repeler ataque y refuerzos llegaron tarde
La Prensa
Violencia política. Evo Morales condenó a Víctor H. Cárdenas por “cambiar”sus apellidos indígenas y por sus vínculos con Sánchez de Lozada, y García Linera le acusa de usar el hecho políticamente. La Policía está en Sank’ajawuira, pero la vivienda no fue devuelta. Iglesia pide el uso responsable de medidas comunitarias a dirigentes.
García Linera negó que dirigentes del MAS hubieran promovido el ataque a los Cárdenas. El vocero presidencial, Iván Canelas, anunció que el Ejecutivo enjuiciará a los instigadores del hecho.
La agresión sufrida por la familia del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y los daños a su vivienda recibieron ayer la condena de Naciones Unidas y la Embajada de Francia, mientras autoridades gubernamentales lo acusaron de ser el culpable de la reacción de los campesinos que avasallaron su propiedad.
El sábado, alrededor de 300 campesinos tomaron por la fuerza la casa de campo de Cárdenas, ubicada en Sank’ajawira, y agredieron a su esposa, su cuñada, dos hijos y un sobrino, con el argumento de que el jefe de familia había hecho campaña por el No a la Constitución.
Naciones Unidas señaló que “deplora cualquier agresión, sin importar sus razones o proveniencia, y hace un llamado a todos los sectores de la sociedad a actuar en el marco del respeto de los derechos humanos y del estado de derecho”.
El documento resalta “las expresiones de condena a este hecho manifestadas por autoridades de Gobierno y líderes de todos los sectores políticos, y espera que las autoridades relevantes continúen con la investigación, el esclarecimiento de los hechos y la correspondiente sanción a los responsables”.
El inmueble está vacío, dañado y no le fue devuelto a Cárdenas. Los policías no pueden entrar en el domicilio. Para hacerlo, según el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, se necesita una orden judicial, pues sería un allanamiento, mientras que los comunarios tampoco ingresan, aunque no se alejan de las inmediaciones.
El Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia emitió un documento mediante el que expone su convicción de que es posible resolver las diferencias sin recurrir a la violencia.
La Embajada de Francia expresó su “conmoción” por los hechos de violencia ocurridos en Sank’ajawira y “deplora profundamente estos hechos”.
El Presidente y el Vicepresidente criticaron a Cárdenas, a quien acusaron de traidor y de ser responsable del ataque sufrido por su propiedad y los suyos el sábado.
Los diplomáticos franceses califican al ex Vicepresidente la República de “gran amigo de Francia y de su cultura” y que “contribuye, desde muchos años, a las buenas relaciones entre Bolivia y Francia”.
La legación gala hace votos por el pronto restablecimiento de las personas agredidas.
Protección insuficiente
Después de conocer la decisión de un ampliado celebrado el 28 de febrero, de quitarle su propiedad, el pasado viernes, Cárdenas pidió protección al Ministerio de Gobierno.
Las autoridades de esa cartera, dijo el ex Mandatario, no aceptaron una nota en la que solicitaba protección para su familia, sus bienes y para él.
Al día siguiente, sólo cinco efectivos de la Patrulla Caminera y la Policía Fronteriza acudieron para evitar la toma y fueron fácilmente superados al intentar defender el inmueble por los enardecidos comunarios. Los refuerzos demoraron más de una hora en llegar al lugar.
Un contingente de 100 policías se mantenía ayer a unos 800 metros al norte de la vivienda y un numeroso grupo de campesinos se hallaba apostado a unos 300 metros al sur.
El dirigente campesino Jerónimo de la Cruz, citado por la agencia oficial ABI, explicó que la población había decretado estado de sitio civil en la zona para impedir el acceso de la Fiscalía o la Policía.
El fiscal de Distrito, Jorge Gutiérrez, sostuvo que instruyó el sábado que el fiscal Isabelino Gómez se hiciera cargo de la investigación, aunque éste dijo no haber recibido la orden.
Los mandatarios
En contacto con corresponsales internacionales, el presidente Evo Morales dijo, en referencia al caso: “El pueblo boliviano no aguanta ni perdona a los traidores”. Aunque deploró el hecho, dijo que es necesario averiguar las causas por las que los comunarios actuaron de esa manera, y se preguntó qué hizo Cárdenas “a su pueblo y a sus bases” para generar esa reacción, y lo conminó a “resolver los problemas con su comunidad”.
El Jefe de Estado acusó a la ex autoridad de cambiar sus apellidos de Choquehuanca por Cárdenas y Condori por Conde, “cosas que causan la indignación del pueblo”.
Evo Morales recordó que Cárdenas fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, aunque no mencionó que lo fue entre 1993 y 1997 y no durante la “guerra del gas”.
El vicepresidente Álvaro García Linera declaró: “Está claro que está aprovechando este incidente social” para obtener réditos políticos, pero, en su opinión, es necesario saber “qué daño habrá hecho don Víctor Hugo Cárdenas a sus vecinos”.
Negó que dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) hubieran promovido este hecho, como lo denunció el agredido, porque “no tenemos la tontera de victimizar a quien ha sido victimario” de la economía.
“No somos tontos. Aquí hay una combinación entre algo premeditado y una especie de malestar del sector indígena”.
García Linera rechazó “las alevosas declaraciones del ex Vicepresidente”, quien responsabilizó a los activistas del MAS por el ataque a su propiedad y a su familia. Además, exhortó a los lugareños a llevar adelante “un proceso legal interno de expropiación” del inmueble, pero se deben “hacer los trámites, que son propios en las comunidades, sobre las personas que no cumplen las labores comunales, no cumplen las responsabilidades colectivas con la población” y descartó la retoma de la casa por la Policía.
El vocero gubernamental, Iván Canelas, lamentó el hecho y anunció que el Ejecutivo enjuiciará a los instigadores del ataque a una propiedad privada.
“La posición del Ejecutivo me causa dolor”
Víctor Hugo Cárdenas manifestó ayer que la actitud de las principales autoridades nacionales le causó “un profundo dolor”.
“Esperaba que los gobernantes se colocaran en una posición intermedia entre los comunarios y nosotros, los agredidos”.
Sostuvo que no es propio de un Gobierno “serio” adoptar una postura parcial, pues correspondía actuar con equilibrio, y reiteró que el ataque a su propiedad fue planeado por gente afín al MAS, pues la señora Beatriz Quispe, ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, dijo que coordinó el ataque a su vivienda de Obrajes, en La Paz, con los Satucos, el grupo dirigido por Gustavo Torrico, quien negó ese extremo.
“Tengo la aspiración de recuperar mi casa. En ella, mi esposa y yo invertimos los ahorros de toda mi vida para disfrutar de la tierra en la que nacimos. No despojamos a nadie de nada”.
Aseguró que todos los documentos sobre el derecho propietario de su inmueble están en orden.
Cárdenas reveló que tiene información de que “reducidos grupos” cumplen vigilias en torno a su propiedad para que no la recupere.
Aunque por la tarde esperaba entrevistarse con un fiscal para iniciar las investigaciones, no pudo hacerlo porque “todavía estoy preocupado por la salud de mis seres queridos. Felizmente, no sufren lesiones muy serias, como fracturas, se trata simplemente del golpes que provocaron hematomas”.
“Yo no maté a nadie, ni participé en las masacres de Warisata o El Alto. Yo fui Vicepresidente entre 1993 y 1997. En 2003 no ocupaba cargo alguno”, y recordó los atentados terroristas de la década pasado, en los que estuvo implicado —aunque no lo mencionó de forma explícita— el actual vicepresidente Álvaro García Linera, cuando formaba parte del Ejército Guerrillero Túpak Katari (EGTK).
Iglesia declara su indignación
La Conferencia Episcopal Boliviana expresó ayer “su voz de indignación y protesta por los acontecimientos del fin de semana, relacionados con las agresiones a la familia y propiedades” del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas.
La Iglesia “reitera su llamado a líderes y movimientos sociales” a un uso responsable de medidas comunitarias y evitar excesos.
El pronunciamiento indica que este hecho es “otro grave antecedente de violación al estado de derecho, de las libertades fundamentales y garantías constitucionales de los ciudadanos”.
La jerarquía católica lamenta que gente enardecida hubiese ocupado una propiedad, maltratara física y verbalmente a personas, y critica “la relativa pasividad de las autoridades y las fuerzas del orden, así como el innegable contexto político de lo acontecido”.
El organismo religioso exige a las autoridades “un rápido esclarecimiento de estos hechos, estableciendo las responsabilidades debidas” para asegurar las sanciones establecidas por ley.
REPERCUSIONES-OPINIONES
Rielma Mencias
Defensora del Pueblo
“Nosotros hablamos el viernes con el señor Víctor Hugo Cárdenas y hoy (ayer) enviamos una nota al Ministerio Público exhortando para que se investiguen los hechos ocurridos el sábado en Sank’ajawira. En cualquier hecho en que la ciudadanía sufra un atentado, el Defensor del Pueblo tiene una actitud de rechazo contra esos hechos, por lo que pedimos a las autoridades que se averigüen esos sucesos de violencia que se podrían producir en cualquier parte del territorio nacional”.
Rolando Villena
Derechos Humanos
“La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia está muy preocupada por el saqueo o invasión al domicilio del señor Víctor Hugo Cárdenas. Es un hecho que viola los derechos constitucionales y el derecho a la propiedad. El Ministerio de Gobierno debe tomar cartas en el asunto. En ese sentido, pedimos que estos actos no se vuelvan a repetir; por otra parte, la inacción de la Policía es preocupante y, ahora, el Ministerio Público debe actuar con prontitud”.
Guillermo Morales
Cámara Nal. de Comercio
“Hacemos conocer nuestra total indignación por los acontecimientos sucedidos en Sank’ajawira, cuando una turba intolerante tomó la vivienda del señor Víctor Hugo Cárdenas y golpeó a su familia. Los empresarios privados de Bolivia consideramos que este tipo de acciones, que no hacen más que demostrar violencia desmedida y falta de respeto hacia el prójimo, afectan la imagen del país hacia el exterior y nos hace ver como un país bárbaro en el que no es conveniente invertir”.
Valentín Ticona
Vicem. Just. Comunitaria
“Lo sucedido en Sank’ajawira no fue justicia comunitaria, sino el resultado de la decisión de un ampliado de las comunidades. La justicia comunitaria tiene un procedimiento que no se adecua a los hechos ocurridos en la vivienda del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, por lo que ahora debe pronunciarse la justicia ordinaria para determinar quién tiene razón, y como se trata de una propiedad privada, ésta debe ser devuelta a su propietario cuando logre resolver sus problemas”.
Disputa
El fiscal Isabelino Gómez quedó a cargo de la investigación correspondiente.
El Ejecutivo dice que el ex Vicepresidente es culpable de la agresión que sufrió.
Los campesinos no están dispuestos a devolver a su propietario el inmueble tomado.
Los comunarios deciden expropiar la casa de Cárdenas
La Razón
En Huatajata se conformaron comisiones para gestionar que la casa de Víctor Hugo Cárdenas se vuelva un asilo. El Vicepresidente mencionó la posibilidad de un “proceso legal interno de expropiación”. El predio permanece tomado
Los pobladores de Huatajata, que el sábado saquearon y tomaron la propiedad del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, iniciaron ayer las gestiones para expropiar el inmueble, mientras el Gobierno dio pautas para ello.
Los comunarios, que mantienen una vigilia en la casa de Cárdenas y no permiten que los efectivos policiales y la prensa nacional se aproximen al lugar, conformaron ayer cinco comisiones para tramitar en La Paz la expropiación de la vivienda, para usarla como albergue para personas de la tercera edad.
Algunos trabajan en Huatajata y otros en la urbe paceña, con la orientación de abogados.
´(Víctor Hugo Cárdenas) tiene el derecho de propiedad, pero lo que sí podría hacer la comunidad es hacer los trámites, que son propios en las comunidades, de aquellas personas que no cumplen las labores comunales, no cumplen las responsabilidades colectivas con la población; la siembra, la cosecha en las festividades, puedan ser objeto de un proceso legal interno de expropiación (…) eso sí podría darse´, dijo el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, en entrevista con la red Erbol.
Asimismo, el ministro de Descentralización y Autonomías, Carlos Romero, indicó que “si alguien señala que algún predio no cumple con una función económico social, debe denunciarlo y serán las autoridades de Estado, a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), quienes previas pericias de campo comprueben tal situación”.
Por su parte, el ex vicepresidente afirmó a La Razón que si su casa fuera declarada de utilidad pública y destinada a otro fin más importante, “no puedo oponerme a la figura de la expropiación”. No obstante, agregó que ello requiere que se apruebe una ley, se valore el inmueble y se compre el mismo al propietario.
El alcalde de Achacachi, Eugenio Rojas, quien participó en el ampliado que decidió la toma de la propiedad, admitió que en el mundo aymara “no se acostumbra tener un asilo de ancianos” y aseguró que la propiedad no será un albergue y que “seguramente la convertirán en oficinas”, donde se toquen temas relacionados a la tercera edad.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados (Conalab), Edwin Rojas, explicó que la expropiación es una potestad privativa del municipio o del Estado y que “lo único que pueden hacer los vecinos es solicitar a la autoridad (local) que inicie el procedimiento. En este caso, no veo motivo que la justifique”.
Hay 5 presuntos responsables
El ex vicepresidente de la República Víctor Hugo Cárdenas identificó al menos a cinco personas como presuntas responsables de propiciar la toma de su inmueble en Huatajata y posterior golpiza a su familia.
Entre los implicados se encuentran el dirigente Cruz Alarcón, quien habría dirigido la asamblea que determinó la toma, además de Alfredo Huayñapaco, otro líder campesino.
Cárdenas también identificó a la dirigente campesina Beatriz Quispe como una de las personas que planificó la toma, junto al diputado del MAS Gustavo Torrico. Justificó estas dos últimas acusaciones en una declaración que hizo Quispe, en la que reveló que la toma fue fruto de una decisión política.
Entre los acusados también aparece el alcalde de Achacachi, Eugenio Rojas, quien participó en la asamblea que decidió la toma. Sin embargo, ayer aseguró a La Razón que, si bien participó en la cita, no estuvo el momento en que se tomó la decisión y que llegó cuando ya se tomó la vivienda. Cárdenas anunció que esperará que su familia se recupere de las lesiones físicas para iniciar las acciones penales.
Tres días después, la Policía aún no decide recuperar la vivienda
SITUACIÓN • Hasta ayer, los efectivos permanecían a unos 200 metros del inmueble. Escóbar espera una orden para retomar la vivienda; mientras, la Fiscalía aguarda una denuncia formal.
• LA VIGILIA • Pobladores permanecen en las afueras del domicilio de Cárdenas. El resguardo policial se situó a unos 200 metros. Los comunarios no permiten el ingreso de extraños.
La Policía de La Paz no llegó para detener a la turba que tomó y saqueó la propiedad del ex vicepresidente de la República Víctor Hugo Cárdenas el sábado en la comunidad de Sankajahuira, y hasta ayer los efectivos ni intentaron ingresar a la vivienda tomada por los comunarios. Según el comandante general de la Policía, Víctor Hugo Escóbar, se aguarda una orden para hacerlo.
A través de una denuncia realizada por el ex mandatario de Estado, se conoció que tras recibir la alerta de su esposa, Lidia Catari, llamó inmediatamente al Ministerio de Gobierno y a la Policía para pedir ayuda.
“(…) Hablé con el ayudante del (entonces) comandante de la Policía, Miguel Gemio, y a la Policía de El Alto, y cuando les daba mi nombre me hacían esperar (…) y me colgaban el teléfono”, sostuvo Cárdenas el domingo.
Sin embargo, el general Escóbar dijo ayer que la Policía acudió de inmediato al llamado de alerta y aseguró que no hubo un retraso en el accionar.
“La Policía ha prestado sus efectivos de forma oportuna, inclusive ellos se han quedado. Están tratando de apaciguar en el lugar y con seguridad la Policía ha cumplido una vez que hemos tenido conocimiento de este hecho”, señaló ayer Escóbar.
Según el jefe policial, se desplegó a efectivos del Distrito 5. “Yo no diría eso, de que la Policía ha llegado tarde. Hemos recibido la información e inmediatamente hemos dislocado y ordenado a las unidades operativas de la ciudad de El Alto a que se hagan presentes, que custodien y garanticen todo ese sector”, complementó.
No obstante, ayer el comandante departamental de La Paz, coronel Édgar Revilla, quien también recibió la llamada de Cárdenas, dijo que se tuvo que reforzar al primer contingente policial que se envió a la zona y que incluso el alcalde de Achacachi, Eugenio Rojas, les pidió que se alejaran para evitar conflictos.
“Yo tuve contacto directo con el señor Cárdenas cuando él estaba muy desesperado por los problemas, lo tuve al tanto de la información acerca de su familia”, expresó Revilla.
Luego, el comandante reconoció: “(El primer contingente policial) llegó temprano, pero no pudo intervenir, así que tuvimos que reforzarlo (…). Nos hemos mantenido a unos 200 metros de la casa de Cárdenas”.
Al mediodía del sábado, una turba de al menos 500 personas llegó hasta la propiedad de Cárdenas y tomó el inmueble.
Los ocupantes, su esposa, su cuñada y sus dos hijos, sin lograr persuadir a la turba, salieron atemorizados del domicilio mientras los pobladores lanzaban objetos desde el segundo piso.
Mientras ellos abandonaban el lugar, algunos pobladores los siguieron a punta de pedradas y chicotazos. Más tarde, Catari sufrió un desmayo y sus hijos tenían lesiones en el cuerpo.
En ningún momento se observó la presencia policial pese a que Cárdenas pidió seguridad días antes. Según se pudo conocer, el primer contingente de policías arribó casi dos horas después y hasta ayer no lograron imponer el orden en el lugar.
Ayer, los efectivos policiales que fueron destinados a garantizar la seguridad se mantuvieron a unos 200 metros del domicilio de Cárdenas y no dieron luces de una posible intervención.
Al respecto, el comandante general manifestó que espera una orden y una respuesta de la Fiscalía para dicha labor.
“Cuatro núcleos se encuentran en el lugar con la finalidad de preservar y garantizar cualquier tipo de incidentes. Estamos esperando instrucciones, considero que el Ministerio Público va a entrar en las próximas horas y lógicamente ellos van a determinar qué hacer”, indicó.
En un contacto telefónico con este medio, el fiscal asignado al caso, José Santos Lipa, afirmó que esperará una denuncia formal de Cárdenas para iniciar las investigaciones; de momento, dijo que solicitará información de los policías de Huatajata para determinar si dará curso a una indagación de oficio. “Basta una nota y nosotros iniciaremos la investigación”, insistió.
En comunicación con La Razón, Cárdenas dijo que tiene “la mente y el corazón” en el estado de salud de sus familiares y que quizás en cuatro días inicie las acciones legales. Así, el caso ni siquiera se investiga.
El Alcalde de Achacachi detuvo a los policías
El alcalde de Achacachi, Eugenio Rojas, pidió a los efectivos policiales que no asumieran acciones para impedir que los habitantes de Sankajahuira tomaran el domicilio del ex vicepresidente de la República Víctor Hugo Cárdenas, afirmó ayer el comandante de La Paz, coronel Édgar Revilla.
En respuesta, la autoridad local señaló que fue para no provocar más conflictos ni enfurecer más a la turba.
“El mismo Alcalde de Achacachi indicó que se encontró con los efectivos y les dijo que no hagan ninguna acción en el lugar, pues era muy peligroso porque habían más de 500 personas y el grupo que teníamos era reducido”, sostuvo el comandante.
Al mediodía del sábado, un grupo de al menos medio millar de dirigentes comunales del municipio de Warisata tomó la vivienda del ex vicepresidente Cárdenas e hirió a sus familiares.
Por su parte, Rojas sostuvo que conversó con un capitán de la Policía y le sugirió que no ingresen al lugar. “Como la Policía tiene gases y están armados, se iban a enfurecer más. Eso iba a causar un problema más serio y era mejor que esperaran ahí por lo menos una hora”, explicó Rojas.
Según Revilla, el efectivo se mantuvo “a 200 metros de la casa”. El jefe policial añadió que se mantuvo en constante contacto telefónico con Cárdenas.
En la toma se cometieron cinco delitos
ACUSACIÓN
• TOMA • Dos personas pintan el frontis. Ocurrió el sábado.
Los pobladores de la comunidad de Sankajahuira habrían incurrido en al menos cinco delitos al irrumpir con violencia en el domicilio del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y provocar lesiones a sus familiares. Entretanto, la Fiscalía espera recibir una denuncia formal.
“Serían acusados por allanamiento a domicilio, por lesiones a los ocupantes del domicilio, amenazas de muerte, daño calificado —que es cuando destruyen las cosas del domicilio— y asociación delictuosa. Si esta gente tiene antecedentes de haber cometido estos actos irregulares, podríamos calificarlo como una organización criminal”, opinó ayer el presidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, Edwin Rojas, en un contacto telefónico con este medio.
“Es deber inexcusable del Ministerio Público actuar en forma inmediata al conocer los hechos. Sentar una denuncia de oficio, constituirse en el lugar de los hechos con la ayuda de la Policía, levantar las pruebas, recoger el testimonio de testigos y luego aprehender a los responsables”, agregó el experto.
Según fuentes de la Fiscalía de La Paz, el fiscal José Santos Lipa, asignado al Ministerio Público de Achacachi, debe indagar el caso.
En un contacto telefónico con este medio, el fiscal Santos indicó que esperará a que Cárdenas siente una denuncia formal para iniciar las pesquisas.
“Hoy me enteré por la televisión, pero todavía no tengo una querella fehaciente del señor Cárdenas, por lo tanto no estoy bajo el conocimiento del caso. Seguramente entre mañana o pasado se formalizará para empezar con la investigación. Mañana (hoy) instruiré a los de Huatajata”, señaló el fiscal Santos Lipa.