Evo se reunió ayer con sectores del trópico de Cochabamba, que apoyan el proyecto vial de su gobierno. Su exaliado, Juan del Granado, advierte que el Gobierno ha iniciado el segundo capítulo delictivo contra indígenas del TIPNIS.
El Presidente Evo Morales explica a la concentración en apoyo a la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, algunos detalles del proyecto vial. Foto: Presidencia de Bolivia.
Presidente desmiente que carretera del TIPNIS sea la más cara de Bolivia
Nueva Aroma, BOLIVIA, ABI.- La carretera que unirá a Villa Tunari (Cochabamba) y San Ignacio de Moxos (Beni) no es la más cara de Bolivia porque existen otras que sobrepasan su precio por kilómetro, informó el sábado el presidente Evo Morales.
En una masiva concentración de habitantes del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure y del trópico de Cochabamba, el Jefe de Estado desmoronó los argumentos de los sectores que se oponen a la construcción de esa obra vial.
"El camino Cotapata-Santa Bárbara llegó a costar 3,6 millones de dólares (Km) hace 10 años atrás cuando el asfalto era barato, al igual que los costos de operación", anotó al demostrar que ésta es la vía más cara de Bolivia.
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Agregó que lo mismo sucede con la carretera entre Padilla-Monteagudo, cuyo precio alcanza a más de 2 millones de dólares por kilómetro porque hay que construir por serranías y algo de monte.
El Jefe de Estado enfatizó que algo parecido sucede con el camino entre Santa Cruz de la Sierra y Cotoca, cuyo costo es de 1.450.000 dólares por kilómetro.
"El camino que unirá a Villa Tunari y San Ignacio de Moxos costará 1.350.000 dólares el kilómetro, por lo que no es el emprendimiento vial más caro de Bolivia", enfatizó.
Lamentó que aquellos que se oponen a la carretera del TIPNIS "hagan política sin conocer la realidad de la zona y cómo viven los pobladores en la región".
"Utilizan una serie de argumentos, además del costo, para descalificar el proyecto, entre ellos que promoverá una terrible deforestación del TIPNIS", aseveró.
"Los estudios demuestran que por un kilómetro desmontado se tumba tres hectáreas. Si hay 306 kilómetros, que es la extensión total de la carretera, habría que desmontar 918 hectáreas", dijo.
Sin embargo anotó que en realidad si se aprueba la construcción del segundo tramo de esa vía solamente se debe desmontar 60 kilómetros, que son 180 hectáreas de bosque, una vez que esa es solamente la extensión de monte cerrado.
Explicó que, en contrapartida a lo que señalan los "ecologistas", la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) informó que los chaqueos de bosques que ordenan los empresarios ganaderos, agroindustriales y colonos extranjeros, especialmente brasileños, llegan cada año a 68.000, 52.000 y 25.000 hectáreas, respectivamente, es decir 180.000 hectáreas cada año.
Igualmente remarcó que, del total de 306 kilómetros del camino entre Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, ya hay una carretera de 47 kilómetros entre Villa Tunari e Isinuta y entre Montegrande y San Ignacio de Moxos con 82 kilómetros.
Recordó que el proyecto del tramo II de la carretera comprende Isinuta y Montegrande que son de 177 kilómetros, pero ya existe una vía transitable hasta Ichoa de 55 kilómetros, al igual que de Montegrande a Santo Domingo con 61 kilómetros.
"Por ello, lo que queda es el camino de Ichoa a Santo Domingo que son unos 60 kilómetros de monte cerrado", afirmó el Primer Mandatario.
"Los tipnólogos (quienes dicen poseer la ciencia y la verdad sobre el TIPNIS) piensan que desde Isinuta a San Ignacio es monte cerrado y que se va a abrir 306 kilómetros de monte cerrado. Están equivocados", dijo.
“Bolivia pagará Bs 200 millones extras en la carretera del TIPNIS”
Juan del Granado recordó que el Estado boliviano debe proveer el asfalto.
ACCIÓN. El Gobierno ha iniciado el segundo capítulo delictivo contra indígenas del TIPNIS, según Del Granado.
Juan del Granado (izq) con periodistas de Página Siete.
Página Siete / La Paz
Esta semana, el líder del MSM, Juan del Granado, presentó dos denuncias judiciales importantes: una contra las autoridades que resulten responsables de la represión a la marcha indígena ocurrida el domingo 26 y otra sobre las supuestas irregularidades de los contratos de construcción de la carretera por el TIPNIS.
Página Siete.- ¿En qué situación está la demanda presentada por el MSM sobre la intervención policial y el contrato de la carretera por el TIPNIS?
Son dos grupos de delitos que hemos denunciado, el primero es por la violación de los derechos individuales, atentados contra la vida y la dignidad de los marchistas. Delitos que, obviamente, son emergentes de la acción del 25 de septiembre, que la hemos calificado como típicamente dictatorial y delincuencial desde la estructura del Estado.
El segundo grupo de delitos tiene que ver con indicios de que los contratos entre el Estado boliviano, a través de ABC, y la empresa brasilera OAS para construir la carretera por el TIPNIS.
La denuncia fue presentada el martes y se le dio el número de caso 9344. De inmediato se asignó a un fiscal de apellido Vargas, que ha declinado conocer el caso; ahora estamos a la espera de su reasignación, que ya está retrasada.
Página Siete.- ¿Cómo está enfocando su denuncia a los que usted llama ‘delitos del primer grupo’ y a quiénes se identifica como los presuntos autores?
El 25 de septiembre, a partir de las cinco de la tarde, concluye la primera parte de un plan gubernamental contra de la marcha, que era una acción de reivindicación legítima y democrática.
Esa acción gubernamental delictiva se inicia en el mismo comienzo de la marcha, pues el Presidente, el Vicepresidente y los ministros de Estado la descalifican, la difaman, se estigmatiza a sus dirigentes. Se los identifica como desde “agentes del imperialismo” hasta “turistas”; desde “traficantes de tierras y madera” hasta “monigotes de las ONG y del gonismo”.
Es un plan estructurado que se despliega en los más de 40 días de la marcha. Se los acosa policialmente, se los bloquea, se les corta la provisión de alimentos, el acceso al agua. Se los amedrenta con una movilización de los llamados colonos. Y el 25 es la culminación de un acto delictivo porque va en contra de las libertades, de la libertad de expresión y el derecho de tránsito de gente que sólo pedía respeto a su propiedad colectiva.
Preguntar quién dio la orden es importante pero no lo más importante porque estamos frente a un plan más grande, a una acción sucesiva de hechos delincuenciales que culminan, en su primera etapa, con la acción del domingo pasado.
Y el jueves 29 el Vicepresidente reanuda el plan en contra de la marcha. Sale otra vez a descalificarla, a develar un supuesto “complot periodístico”, que no existe, y a movilizar a los leales del Gobierno. Estamos ante el inicio del segundo capítulo de los hechos delictivos que culminaron el 25 pasado en una primera fase.
Página Siete.- ¿Se ha identificado a los presuntos autores en la denuncia elevada a la fiscalía?
Hemos identificado a los siguientes presuntos autores: Sacha Llorenti, entonces ministro de Gobierno; Marcos Farfán, ahora ex viceministro de Régimen Interior; Jorge Santiesteban, comandante de la Policía; Óscar Muñoz Colodro, subcomandante de la Policía; Edwin Foronda Franco, inspector general de la Policía; Víctor Maldonado Hinojosa, director de Inteligencia de la Policía.
Todas estas personas están denunciadas por la comisión y autoría de los siguientes delitos: genocidio, por el desplazamiento violento de niños y mujeres indígenas, la desaparición forzada de personas, privación de libertad, vejaciones y torturas, entre otros delitos, además de la violación del Código Niño, Niña y Adolescente en cinco de sus artículos.
Página Siete.- ¿Cómo se entiende que un Presidente indígena que llega al poder con banderas de respeto a la democracia haga lo que ha hecho?
¡No se entiende! Hoy no es posible entender la actitud, la decisión o conducta personal del Presidente.
Lo que ahora nos interesa es investigar la acción delictiva de la estructura del Gobierno, de la cual lógicamente el presidente Morales es parte. Y la explicación de la represión puede estar en la ilegalidad del contrato, en la ilegalidad de una obra y su crédito.
Página Siete.- ¿Cómo se puede explicar este componente de la denuncia del MSM?
Existen varias irregularidades en los contratos. Hace unos días hice conocer ocho de ellas, pero tengo una novena que realmente es mucho más grave en términos económicos y contractuales (ver recuadro).
Si recuerdan, las autoridades dijeron el 25 de agosto que no había un trazo definido. Entonces, mi bancada solicitó los documentos pero nunca se nos entregó nada, tuvimos que investigar por nuestra cuenta. Lo primero que establecimos en el documento base de contratación y en el documento de crédito es que sí, la carretera parte en dos el TIPNIS. Nos mintieron desde el primer momento diciendo que no había trazo. Claro que lo había, el documento establece los puntos intermedios.
En esta investigación nos hemos encontrado con serios indicios de graves delitos contra la economía del Estado. En primer lugar el sobreprecio para los 306 kilómetros de carretera, que tiene un precio total de 415 millones de dólares. Esto da un precio por kilómetro de 1,35 millones de dólares, cuando el promedio de costo lineal de otras carreteras alcanza a medio millón de dólares por kilómetro. Entonces estamos con un presunto sobreprecio de aproximadamente 800 mil dólares por kilómetro, que podría implicar unos 200 millones de dólares de sobreprecio.
La segunda irregularidad es que la constructora no provee el cemento asfáltico, según el contrato. Se libera a la empresa OAS de ello. Es el Estado boliviano el responsable de su compra y provisión. La cláusula 37 del contrato dice “se establece que la entidad contratante proveerá al contratista el material consistente en cemento asfáltico”.
Veamos, una vía de nueve metros de ancho y un espesor de pavimento flexible de 7,5 centímetros tiene un costo de entre 92.000 y 95.000 dólares por kilómetro lineal según los cálculos de los ingenieros del MSM. Si esto se multiplica por 306 kilómetros de carretera, esto suma más de 28 millones de dólares o unos 200 millones de bolivianos de costo adicional para Bolivia. O sea que el costo de la carretera no es 1,35 millones de dólares el kilómetros, sino 1,44 millones, la situación es todavía peor.
Las otras irregularidades que denunciamos son los 209 kilómetros de puentes que tiene la carretera, es decir el 68% de la misma. ¡Y ese cálculo lo hace el consultor sin ir a terreno!; otra es la reducción del financiamiento del 100% al 80%; también la falta de un estudio de pre-factibilidad, lo que es una aberración en la ingeniería de la construcción; la liberación del mantenimiento de la carretera para la empresa que inicialmente establecía cinco años de mantenimiento por OAS y la contratación de ítems de diseño y apertura de tramos que ya existen y tienen diseño.
Más allá de estas irregularidades en el contrato de construcción firmado por la ex directora de la ABC, Patricia Ballivián, con OAS, en agosto de 2008, está el contrato de financiamiento entre el Estado boliviano, la ABC, el BNDES y la OAS del Brasil.
Allí aparece otra enorme irregularidad. Se establece en la cláusula 22 del documento que éste estará sujeto a las leyes brasileñas, en violación directa del artículo 320 de la Constitución Política del Estado, que dice que toda inversión debe estar sujeta a las leyes nacionales.
En esta denuncia, estamos identificando como responsables a Patricia Ballivián, ex presidenta de la ABC; José Luis Zúñiga, gerente administrativo de ABC; Carlos Mendes Cárdenas, gerente de construcción de ABC; Andrés Castro, consultor de ABC; y Geraldo Pereira Santana, representante de OAS.
“El Gobierno adjudicó la carretera a OAS dos años antes de tener financiamiento”
Durante la entrevista con Página Siete, Juan del Granado reveló otra supuesta irregularidad sobre el contrato de la carretera por el TIPNIS mediante el cual el Gobierno adjudicó la obra a la brasileña OAS, dos años antes de contar con el financiamiento.
Esta supuesta irregularidad, señalada por el líder del opositor Movimiento Sin Miedo (MSM), señala que el estado boliviano establece que la empresa proponente debe aportar o gestionar el financiamiento. En este caso, por el 80% del costo del proyecto (cuando antes era del 100%). “Es decir, se contrata a una empresa para que venga con su financiamiento. Pero ahora resulta que eso no es así con la OAS. Bolivia es la que pone el financiamiento, firma el contrato con el banco del Brasil (BNDES), que le presta al Estado (a la ABC), para que esta entidad nacional pague a la OAS”.
“Entonces nos preguntamos cómo se adjudicó la construcción de la carretera a la empresa OAS si no se tenía financiamiento (en 2008) y recién más adelante, en 2010-2011, Bolivia contrata el financiamiento, mediante el crédito concedido por BNDES del Brasil”, advierte Juan del Granado y añade que eso es algo que la Fiscalía debe investigar.
Por esta razón, de acuerdo con lo manifestado por el líder del MSM, Bolivia debe pagar el financiamiento que debió traer OAS. Con esto, el Estado boliviano asume todos los gastos administrativos y financieros que ello supone, como la tasa libor, intereses, multas y un conjunto de otras erogaciones cuyo monto habrá que calcular por los 415 millones de dólares que cuesta la carretera.
“¿Por qué le adjudicaron más de dos años antes la obra a la OAS, si Bolivia no tenía el financiamiento?”, cuestiona Del Granado, añadiendo que “de esta forma, éste es un crédito para pagar las exportaciones que OAS hará desde Brasil a Bolivia”.
“Es un contrato tremendamente oscuro, en el que está involucrado todo el gabinete económico del Gobierno boliviano, por los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado; uso indebido de influencias; resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes”, concluyó el denunciante. Del Granado es recordado por su perseverancia en juicios de alta resonancia, como el que llevó a la cárcel al ex dictador Luis García Meza Tejada.
La cláusula 37 del contrato dice que el contratante (Bolivia) proverá el cemento asfáltico a la OAS.
El contrato para la carretera por el TIPNIS está sujeto a leyes de Brasil, violando nuestra Constitución.
¿Por qué le adjudicaron más de dos años antes la obra a la OAS si Bolivia no tenía el financiamiento?
“Estamos ante el segundo capítulo de hechos delictivos contra los marchistas que defienden el TIPNIS”
“¡No se entiende! O no es posible entender la actitud, la decisión o conducta personal del Presidente”.
“Estamos ante un presunto sobreprecio de la carretera por el TIPNIS de unos 200 millones de dólares”.