TIPNIS. La represión a la marcha indígena generó un punto de inflexión. Dos generales coinciden en que el anuncio de investigar a los efectivos por la represión a los indígenas generará a futuro una disyuntiva sobre cumplir órdenes o no.
El domingo, la Policía intervino la marcha por el TIPNIS. APG / Archivo Página Siete
Página Siete / La Paz
Dicen que los policías pensarán bien antes de acatar una orden
Dos generales en retiro de la Policía coinciden en que la investigación promovida desde el Gobierno contra los efectivos que presuntamente cometieron excesos en la intervención a la marcha por el TIPNIS en un futuro generará una disyuntiva entre acatar o no órdenes del “factor político”, debido al miedo que puede surgir a ser procesados por ello.
“Ahí habrá un problema, en el sentido de que el policía se encuentra en una disyuntiva. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿A quién va a obedecer?”, sustuvo Luis Caballero, ex comandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.
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Isaac Pimentel, ex comandante de la Policía, asegura que ese dilema no tiene que ver “solamente con la Policía”, sino aquello está ya pasando en las Fuerzas Armadas, que para cumplir una orden “tienen que pensar diez veces”. “Lo mismo puede ocurrir en la Policía”, ya que según asegura ésta “no actúa por sí sola”, sino que depende del Ejecutivo.
Caballero dice que algunos detalles del operativo deben “necesariamente ser investigados” como el hecho de indagar de “dónde emana la orden”, por el “uso excesivo de la fuerza” que hubo.
El pasado domingo, la marcha por el TIPNIS fue intervenida. Esa acción generó el repudio de la sociedad boliviana, a través de una serie de movilizaciones, que obligaron a Sacha Llorenti a renunciar a su cargo de ministro.
Hasta hoy el Gobierno no asumió responsabilidad sobre la orden de la intervención a la marcha y a principios de la semana se anunció una nómina de “los policías individualizados, como responsables” de los abusos. El Vicepresidente dijo que el Gobierno ya sabe quién dio la orden, pero dijo que esa información será entregada a una comisión investigadora.
Pero, ¿por qué es tan relevante lo que sucede con una institución del orden y su relación con el poder político? La socióloga María Teresa Zegada explica que la forma de ejercer el poder en un Gobierno está definida por “el consenso” y la “capacidad de coerción (FFAA y Policía)”.
En ese sentido, el segundo factor se pone en juego “cuando hay escenarios de conflictividad”, “se quiebra el consenso y la legitimidad” y se debe “echar mano” a ese recurso, que “es un poco lo que está pasando ahora”.
En agosto, cinco generales fueron sentenciados a más de diez años de cárcel por Octubre de 2003. Uno de ellos -Juan Véliz- pidió a sus camaradas en ese entonces tener “cuidado” cuando deban cumplir órdenes del Capitán general (Presidente), para no estar en su misma situación.
Ahora, el ex mayor David Vargas sostiene que los efectivos de la Policía “están molestos” porque el Ejecutivo se “lavó las manos” y más aun por “el anuncio de investigar a los policías que actuaron”. Sostuvo que los efectivos pensarán “tres veces” antes de acatar una orden política.
“No es que nadie se quiere hacer responsable”, rechaza enfáticamente la senadora oficialista Rinha Aguirre. “El Presidente anunció una investigación y sea quien fuere el que haya cometido ese error será sancionado con todas las de la ley”, agrega.
El sociólogo Ricardo Paz explica que la Policía -y también las FFAA- atraviesa una “crisis institucional” (aspecto estructural), que se profundiza porque el Gobierno “le echa la culpa de los excesos y no admite sus responsabilidades políticas” (aspecto circunstancial). Los policías “se sienten desincentivados para cumplir su rol institucional”.
“Se están juntando estos aspectos estructurales y circunstanciales en un cóctel explosivo que nos puede llevar a días complicados”, asegura.
Pimentel sugiere que los mandos y niveles operativos ahonden en la enseñanza de los derechos humanos aplicados a la función policial, bajo cuatro pilares “ fundamentales”: legalidad, necesidad, proporcionalidad y ética.
Sentencia por Octubre 2003 y las FFAA
A fines de agosto, los generales Roberto Claros, Juan Véliz Herrera, Osvaldo Quiroga, Luis Aranda Granados y Gonzalo Rocabado fueron sentenciados a más de diez años de cárcel por los hechos de Octubre Negro.
Los generales en retiro Alvin Anaya, Víctor Jemio y Marcelo Antezana aseguraron que ese fallo pondría en aprietos a las FFAA ante una orden del Ejecutivo en sentido de cumplirla o no, sabiendo que corren el riesgo de ser enviados a la cárcel por ello.
“Indistintamente que Gobierno esté en el poder, cualquier mando militar lo pensará mucho antes de asumir la responsabilidad de cumplimiento de una orden del capitán general (Presidente)”, sostuvo Antezana.
Las FFAA no actuaron en la represión a la marcha indígena y Cecilia Chacón renunció a su cargo de ministra de Defensa al día siguiente de esa acción policial, bajo el argumento de que no compartió "la medida” que “ha asumido el Gobierno”, ya que sostuvo que “no puede defender o justificar la misma".