Uno de los dos arrestados en la redada policial en un hotel boliviano, en la que el irlandés Michael Dwyer fue asesinado, dice que cree que varios venezolanos fueron parte del equipo que llevó a cabo la acción.
Mario Tadic también plantea la posibilidad de que uno o más de los tres muertos en el ataque fueron asesinados a tiros después de que él y un quinto hombre, Elod Toaso, fueron puestos bajo custodia.
En una declaración jurada firmada vista por The Irish Times, Tadic dijo que fue sometido, golpeado y sacado de su habitación al pasillo del hotel, y que tenía la cabeza cubierta por los hombres enmascarados que llevaron a cabo el ataque cuando escuchó "tres o cuatro tiros y gemidos en dirección de las habitaciones a mi izquierda".
Las habitaciones estaban ocupadas por Dwyer, Eduardo Rózsa Flores y Arpad Magyarosi, quienes fueron asesinados durante la operación policial en la oriental ciudad boliviana de Santa Cruz, el 16 de abril de 2009.
La declaración jurada es parte del caso de Tadic en contra de las autoridades bolivianas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la tortura que sufrió tras su detención. The Irish Times ha confirmado la autenticidad de la declaración jurada con las fuentes de su equipo legal.
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En ella se afirma que debido a "la manera de hablar y los términos utilizados los encapuchados puedo confirmar que 1) no eran bolivianos 2) que no eran policías, sino militares".
En respuesta a las preguntas escritas de The Irish Times, Tadic dijo que cree que había venezolanos: "Por diversas razones, el acento o la manera de hablar, estoy seguro de que había por lo menos dos a tres venezolanos".
Las autoridades bolivianas dicen que el ataque fue llevado a cabo por la unidad policial de élite UTARC, después de que el gobierno decidió actuar contra los cinco hombres, que según afirman habían puesto en marcha una campaña terrorista con el objetivo de matar al presidente izquierdista de Bolivia, Evo Morales, y asegurar la independencia del este del país.
Los gobiernos de Bolivia y Venezuela no devolvieron las llamadas en busca de una respuesta a la afirmación de Tadic sobre la participación de Venezuela en la redada hotel.
Bajo Morales, Bolivia ha desarrollado estrechos vínculos con el gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez. En 2007, personal militar uniformado de Venezuela fue filmado en Santa Cruz por un canal de televisión local, durante los disturbios civiles en los que el gobierno se apoderó del control del principal aeropuerto internacional del país, de las autoridades locales que exigen una mayor autonomía de La Paz.
Tadic afirma que fue torturado tras su detención, además de ser sometido a un simulacro de ejecución. Al ser introducido en un avión militar, uno de sus captores le dijo: "Es un largo viaje a Venezuela".
El avión lo llevó a un lugar de La Paz, donde dice haber recibido dos o tres inyecciones antes de un interrogatorio por el fiscal asignado al caso. Dice que las inyecciones le hicieron sentir náuseas y ahora es incapaz de recordar con claridad lo que le dijo el fiscal.
Tadic, que tiene ciudadanía boliviana y croata, y Toaso, húngaro, llevan presos 29 meses sin juicio.
Según la ley boliviana deberían haber sido puestos en libertad bajo fianza después de la detención de 18 meses sin juicio. Pero el año pasado el Gobierno extendió ese plazo a 36 meses y lo aplicó con carácter retroactivo. A principios de este mes, se les negó la libertad bajo fianza por un juez en La Paz. El fiscal también ha acusado a otras 37 personas, entre ellas miembros de la élite política y empresarial de Santa Cruz, por la participación en el caso.
En sus respuestas a las preguntas de The Irish Times, Tadic dice que conoció a Rózsa Flores en un foro para los veteranos de la guerra de Croacia de la década del ´90.
Ambos habían luchado por las milicias croatas durante la desintegración de Yugoslavia. Tadic dice que Rózsa Flores, identificado por las autoridades como supuesto líder del grupo, lo invitó a Bolivia para ayudarlo a establecer un negocio de turismo de aventura.
Una vez allí, Tadic dice que Rózsa Flores le confiscó el pasaporte, lo que le impidió regresar a Europa el 12 de marzo como estaba previsto, un mes antes de la redada.
Dice que su pobre inglés le impidió conversar mucho con Dwyer, pero pensó que era "un hombre feliz y relajado".
"Él salía y creo que tenía una novia en la ciudad, parecía una persona sana y normal. A veces yo no lo veía por un día o dos".
La familia de Dwyer hoy tendrá su primera reunión con Tánaiste y el Ministro de Relaciones Exteriores, Eamon Gilmore, como parte de su campaña a favor de una investigación internacional independiente, una medida a la que se opone el gobierno boliviano.
En diciembre pasado, los Dwyer presentaron un informe al Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, en el que adjuntan testimonios y pruebas en video, junto con la autopsia y los informes de balística, que contradicen la afirmación del gobierno boliviano de que su hijo habría muerto en un enfrentamiento armado con la policía.
Este mes, la familia de Dwyer actualizará su presentación con los resultados de consultores forenses del Reino Unido, que llegaron a la conclusión después de una revisión de la evidencia reunida que el dormitorio de Dwyer "había sido puesto en escena para dar la apariencia de un tiroteo entre la policía y el fallecido".
En su presentación revisada al Relator de la ONU, la familia dice que esta conclusión "además de los resultados y conclusiones del patólogo irlandés Dr. [Marie] Cassidy, muestran sin lugar a dudas de que Michael Dwyer estaba desarmado y fue ejecutado por miembros de la UTARC".
Desde la actuación policial en el hotel, la versión de las autoridades bolivianas de los acontecimientos ha sido gravemente afectada por las inconsistencias en la información oficial.
Testigos presenciales en el hotel contradicen directamente la afirmación policial de que hubiese un tiroteo.
Han surgido pruebas de video sobre la manipulación de la escena del ataque, mientras que otro video muestra a un testigo clave en el caso a quien el gobierno pagó u$s 31.000 (€ 22.800) en efectivo mediante un funcionario público, por un testimonio que luego afirmó fue realizado bajo tortura.
Cuatro meses después de la redada, el diario La Razón de Bolivia recibió fotografías que parecían mostrar al capitán de la policía boliviana a cargo de la incursión, en una reunión social con Rózsa Flores. Las autoridades afirmaron que sólo se detectó al grupo las últimas semanas antes de la redada.
Además, los expertos legales de Bolivia dicen que el gobierno actuó inconstitucionalmente, al asignar la investigación a un fiscal de La Paz en vez de acudir a un fiscal local de Santa Cruz, cuestionando la legalidad de toda la investigación.
The Irish Times