Campesinos y migrantes reclutados en occidente deben pagar hasta 5.000 bolivianos para tener “una plaza” en asentamientos en parques y tierras saneadas. Gobernación cruceña denunció asentamientos en el Amboró. El Gobierno investigará a la red de organizadores de asentamientos.
Un asentamiento ilegal que fue desbaratado en Sacaba. Archivo APG
Clanes reclutan a varias familias para instalar colonias ilegales
Boris Miranda / La Paz, Página Siete
En La Paz, Potosí y Cochabamba existen clanes de reclutadores que cobran a familias para darles “una plaza” en asentamientos ilegales en áreas forestales o tierras fiscales recién saneadas.
El Gobierno, al advertir este fenómeno, ya instruyó que el Ministerio Público realice una investigación sobre estos grupos.
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Campesinos, migrantes y gente de escasos recursos debe pagar entre 200 dólares y 5.000 bolivianos para poder acceder a parcelas de tierra en algún lugar del país. En algunos casos logran instalarse en colonias nuevas y dedicarse a la agricultura, sin embargo, en otros resultan estafados y pierden su dinero.
Tanto el INRA como el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, conocen de la existencia de estas organizaciones irregulares y ya abrieron procesos.
Johnny Cordero, director de saneamiento del INRA, afirmó que se trata de “colectivos de loteadores que se dedican a organizar y cobrar a los futuros colonos”.
Explicó que cuando se detectan estos casos, se coordina con la Policía, la Fiscalía y la Defensoría del Menor para realizar la intervención y el desalojo de los campamentos ilegales.
Por su parte, el viceministro de Defensa Social informó que los casos de cobros a campesinos pasarán a la justicia ordinaria. Todos los grupos involucrados serán investigados.
La autoridad gubernamental participó de una serie de operativos en el parque Isiboro Sécure, en el que se detectaron y desalojaron a más de 80 familias.
“No tenemos nada que negociar con esa gente que avasalla tierras”, dijo el viceministro mientras explicaba que la mayoría de los asentamientos ilegales se organizan en los departamentos de occidente. “Allí captan a los futuros colonos”.
Ya se produjeron desalojos en el parque Carrasco (Cochabamba), en áreas rurales cruceñas cercanas a la frontera con Brasil y recientemente en el TIPNIS.
La Fundación Tierra detectó que el mismo procedimiento para instalar colonias en Cochabamba es usado para los asentamientos ilegales en zonas aledañas al parque Noel Kempff. Un informe de esta entidad señala que los asentamientos ilegales en áreas protegidas y tierras fiscales disponibles son organizados por colonizadores, brasileños y menonitas.
Los detalles
Organización. Grupos de reclutadores identifican a familias en departamentos como La Paz, Oruro, Potosí o Chuquisaca y les ofrecen hectáreas en asentamientos rurales.
Cobros. Los migrantes deben pagar entre 200 dólares y 5.000 bolivianos para acceder a “una plaza”. Las colonias no están reconocidas por el Instituto de Reforma Agraria.
Colonos pagan entre $us 200 y Bs 5.000 por adquirir tierras
Los grupos que organizan asentamientos cobran entre 200 dólares y 5.000 bolivianos a campesinos y citadinos de pocos recursos a cambio de espacio en un asentamiento ilegal.
Los individuos que forman parte de estos clanes ya son investigados por la Policía, de acuerdo al viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.
La autoridad denunció que en el TIPNIS hay avasalladores de tierras que son investigados porque estafaron a migrantes de departamentos de occidente.
“Muchas familias que migraron de Potosí, Sucre y Oruro fueron engañadas y estafadas por los avasalladores que ofrecieron tierras prohibidas a cambio de dinero en el TIPNIS”, explicó.
Reveló que los estafadores pedían el pago de 3.000 a 5.000 bolivianos por la entrega de diez y 15 hectáreas de tierras.
“Estas personas, víctimas de la estafa, pidieron la cooperación del Gobierno y por eso la Policía inició la investigación para dar con los avasalladores, que fueron identificado por quienes entregaron dinero”, indicó.
Una familia cruceña, por ejemplo, pagó 5.000 bolivianos por diez hectáreas, en una de las colonias que se instalaron en el TIPNIS. Los nuevos colonos llegaron a la comunidad 16 de Octubre, donde el supuesto vendedor les entregó las tierras. El “organizador”, después de recibir el dinero de todos los migrantes, dejó el campamento con la excusa de hacer los trámites de los títulos ejecutoriales. Esa persona nunca más apareció desde 2010 y esa familia quedó abandonada y para sobrevivir se dedicó a cultivar coca. Una incursión de la Fundación Tierra en las inmediaciones del parque Noel Kempff Mercado descubrió que estos grupos de cobradores pidieron 200 dólares por familia a pobladores del Chapare para instalar campamentos que nunca fueron reconocidos por el INRA.
La Confederación Sindical de Comunidades Intercultuales de Bolivia ha hecho conocer que no promueve asentamientos.
Gobernación cruceña denuncia asentamientos en el Amboró
La Gobernación de Santa Cruz denunció el viernes que detectó asentamientos ilegales y cocales en el parque nacional Amboró y El Chore.
Después de una inspección a la zona, con fotografías y videos en mano, el director de Medio Ambiente de la entidad departamental, Manglio Roca, mostró plantaciones de coca y marihuana en ambas reservas forestales. Según Roca, existen siete lugares referenciales descubiertos, donde se han detectado cocales ilegales. “Significa siete lugares que han podido acceder, hay muchos lugares donde no hemos tenido acceso, esto se ha hecho en dos días con un guía local que conocía esto y él indica que más allá hay mucho más de esto, entonces esperamos que las autoridades encargadas por ley para controlar cultivos ilegales puedan, con esta denuncia que haremos llegar hoy día con los puntos georeferenciales, puedan acercarse y hacer su trabajo”, señalo. La autoridad departamental manifestó que los responsables de las plantaciones de coca en los dos parques nacionales son cocaleros llegados desde el trópico de Cochabamba y manifestó que esta región tiene una fuerte presencia del narcotráfico.
Además se pudo constatar la presencia de campamentos en los que se realizó desmonte. Por estos asentamientos ilegales, de acuerdo a la Gobernación de Santa Cruz, existen nueve personas que ya fueron detenidas. Página Siete.