La Ley 1687 prohíbe la compra y venta de sangre, por lo que los donantes o receptores no pagan.
La directora del Hemocentro del Complejo Hospitalario de Miraflores, Vanessa Tellería, explicó este miércoles que está en vigencia la norma que prohíbe la compra y venta de sangre, y aclaró que son las cajas de salud y el Sistema Único de Salud (SUS) los que pagan por el procedimiento a nombre de sus asegurados. La aclaración surge en referencia a las denuncias de supuestos cobros, de hasta 8.000 bolivianos, a las personas que quisieron donar sangre.
«La Ley 1687 prohíbe la compra y venta de sangre, sin embargo, el procedimiento tiene un costo porque se utilizan insumos y reactivos por las pruebas que se realizan, pero no lo pagan los pacientes como tal», explicó Telleria a Página Siete Digital.
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La funcionaria agregó que son las cajas las que hacen el pago para los asegurados y en el que caso de quienes no cuentan con un seguro, el pago lo hace el SUS.
Sobre el plasmaféresis, que es el método utilizado para ser aplicado en casos positivos de coronavirus, sólo el set para ese procedimiento cuesta 3.200 bolivianos, sin contar con los insumos, reactivos, anticuerpos, personal, y otros gastos que son asumidos por las cajas y el sistema público.
Por eso la médica manifestó que la factura emitida a nombre de la Caja de Santa Cruz nota fiscal que circuló en las redes sociales para denunciar supuestos cobros es un acto de «mala fe», que busca «desprestigiar el trabajo de los bancos de sangre que en este momento están trabajando con el mayor esfuerzo y compromiso», frente a la crisis sanitaria.
De la misma forma, el Banco de Sangre Regional Santa Cruz informó que trabaja bajo la normativa nacional basada en la Ley de la Medicina Transfusional y Bancos de Sangre, que en uno de sus capítulos establece la forma de facturación de los aranceles fijados por la Programa Nacional de Sangre dependiente del Ministerio de Salud, y que los costos son asumidos por esas instancias.
Indicaron que en el caso de las clínicas privadas se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados un proyecto extraordinario para la transferencia de competencias operativas del subsector privado de Salud al Ministerio del área durante el tiempo que dure la pandemia, para que de esa forma los gastos sean asumidos por el Gobierno central, según aranceles.
Fuente: paginasiete.bo