Después del fraude electoral de octubre de 2019, la mayoría de los bolivianos recobramos la esperanza de mejores días y avizoramos la posibilidad de reconstruir la institucionalidad democrática que afectó seriamente los cimientos durante el gobierno del expresidente Evo Morales Ayma.
Pero esa esperanza comienza a languidecer el 24 de enero de este año (74 días después del 12/11/2019) y se desvanece a partir del 17 de marzo, a raíz de la pandemia de la Covid-19 que está generando luto y dolor en miles de familias porque sencillamente el gobierno nacional nos estafó y, en el caso de Cochabamba, el Alcalde y la Gobernadora, así como los concejales y asambleístas -salvo excepciones- son cómplices de la estafa por parte del Estado y cuyas víctimas somos múltiples.
El gobierno de la Presidenta del Estado, cuya legalidad no está en discusión, en ocho meses de gestión ha tenido muchos desaciertos, como tantas idas y venidas hasta caer en el manejo irresponsable de la cosa pública repartiendo cargos entre sus familiares, amigos de sus hijos y círculos privilegiados en representaciones diplomáticas y en empresas públicas como YPFB, ENDE o ELFEC S.A, por citar algunas.
La mayor estafa es el manejo de la emergencia sanitaria con la compra de 170 respiradores inservibles y los anuncios de adquisición de otros 500 que no llegan, además de equipos e insumos, y entonces al ver su fracaso, el gobierno de manera irreflexiva decide suspender desde el 1 de junio la emergencia y la cuarentena rígida aplicando la dinámica dejando que sean las autoridades departamentales y municipales las que asuman las medidas más convenientes, pero olvida otorgarles recursos económicos, directrices mínimas y protocolos de acción para enfrentar la pandemia. Esa decisión puso en evidencia que el gobierno no ha tenido ni tiene un Plan Integral para enfrentar la crisis sanitaria, poniendo en grave riesgo no solo la salud sino la vida de los bolivianos que hoy nos sentimos estafados por la Candidata y Presidenta y por todos sus ministros.
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Y en el caso de Cochabamba, la estafa es mayor porque la actitud del Alcalde y del ministro de Gobierno, comparable con la de una cloaca política de la que no queda excluida la Gobernadora, es que ninguna de las tres autoridades han contribuido para contar con un plan integral, además de la incapacidad para establecer acuerdos destinados a proteger el bien mayor, que es la vida y la salud de los cochabambinos.
En síntesis, el gobierno nacional, el Alcalde y la Gobernadora de Cochabamba nos ofrecieron todo, pero la realidad demuestra lo contrario y los cochabambinos nos sentimos estafados, porque instruir armar camas, contratar hoteles o comprometerse a dar alimentación no es consecuencia de un plan si no es consecuencia de la improvisación; por eso digo que la Presidenta del Estado y sus ministros, así como las autoridades departamental y local nos estafaron sin piedad alguna.
*El autor es Abogado y docente en la UMSS