Los líderes de los marchistas fueron cuestionados debido a algunos términos considerados confusos en el acuerdo con el Gobierno.
Espera. Mujeres y niños que fueron partícipes de la marcha en defensa del Tipnis permanecen en la vigilia instalada en la plaza Murillo de la capital paceña
Ruy D’Alencar. La Paz, El Deber
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Gobierno y dirigentes indígenas han dado por resuelto el conflicto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) con un acuerdo firmado ayer entre las partes. Luego de un cuarto intermedio, desde las 16:50 se reanudaron las conversaciones en palacio de Gobierno hasta alcanzar un preacuerdo sobre el segundo punto del pliego petitorio de la marcha, la paralización de actividades hidrocarburíferas en el parque Aguaragüe, que deberá ser sometido a consulta con las bases para que sea firmado, de acuerdo con las explicaciones dadas por Adolfo Chávez, presidente de la Cidob, y el ministro de Comunicación, Iván Canelas.
Sin embargo, el acuerdo sellado y los avances en el segundo punto han sido criticados por las bases desde la plaza Murillo. La falta de consulta, la negativa del Gobierno para el ingreso a Palacio de algunos asesores de los indígenas, las dudas que existen sobre los alcances legales del término ‘intangibilidad’ del Tipnis y el hecho de que en el convenio no se aclare si se va a retirar los antiguos asentamientos ilegales de colonos que ocupan el área protegida hasta el Polígono siete, en la parte que colinda con Chapare, son algunos de los temas que preocupan.
Desde las 5:30 y por el lapso de cuatro horas, los dirigentes del comité de marcha y la comitiva gubernamental, encabezada por el presidente Evo Morales, negociaron el primer punto de la agenda de 16 demandas que tienen los indígenas. Al final, después de las 9:45, las partes dieron a conocer el resultado al publicar un acta firmada en la que los 21 delegados indígenas aceptan el proyecto de Ley de Protección del Tipnis con modificaciones propuestas por Morales.
Esta vez Adolfo Chávez y el capitán grande de los guaraníes, Celso Padilla, participaron en el diálogo. Luego de la reunión matutina se declaró cuarto intermedio hasta las 15:00.
“Se llegó al acuerdo correspondiente y la ley con observaciones debe ser aprobada y promulgada el lunes”, explicó Fernando Vargas, presidente de la subcentral del Tipnis, luego de presentar el convenio en plaza Murillo, al lado del ministro de Comunicación, Iván Canelas.
Las críticas no se hicieron esperar. De inmediato, los indígenas de base cuestionaron la conducta de sus dirigentes, según se dijo, por haber aceptado los términos del Gobierno sin consultar al grueso de la columna.
El reclamo tomó cuerpo otra vez por la tarde, cuando el comité político había vuelto a meterse en Palacio. De nuevo se impidió el ingreso de algunos asesores de los indígenas, pues según dijeron agentes de seguridad de Palacio, no estaba permitido el ingreso de técnicos de ONG o extranjeros.
Entonces, el grueso de la columna llamó a gritos a sus dirigentes para que abandonaran Palacio, amenazando con romper el diálogo. Otra vez en la plaza, los dirigentes fueron cuestionados por los mismos temas. “Da bronca que se porten así, sumisos con el presidente”, dijo Miguel Ángel Uche, uno de los guardias de la marcha.
A las 16:50 el comité volvió a ingresar a Palacio de Gobierno esta vez con tres de sus asesores, excluyendo a Leonardo Tamburini, presidente del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), por ser extranjero, por tanto considerado por el Ejecutivo como agente externo al conflicto.
El malestar se hizo general y este sentimiento solo se pudo dejar de lado cuando una llovizna fría y breve cayó sobre el corazón paceño, ahuyentando a los marchistas hasta el cobijo cálido de la catedral.
Luego de cuatro horas de charlas, los dirigentes de la marcha abandonaron Palacio declarando un cuarto intermedio hasta las 7:00 de hoy, en que se retomarán las conversaciones para aprobar o rechazar los preacuerdos alcanzados sobre el parque Aguaragüe en el Chaco boliviano, donde vive el pueblo guaraní.
Gobierno veta a asesor argentino
Leonardo Tamburini fue vetado en Palacio Quemado como asesor de la marcha indígena. El motivo: el Gobierno lo considera un actor externo al conflicto y en su condición de ciudadano extranjero (argentino), está inhabilitado para involucrarse en temas políticos de Bolivia.
Tamburini es director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), una ONG que el Ejecutivo culpó de empujar a la octava marcha indígena de acuerdo a intereses políticos. De la lista de seis asesores que eligió el comité político de la marcha, Tamburini es el único al que se le impidió el ingreso al diálogo en dos ocasiones. “Creo que se violó la Ley Contra el Racismo porque se me ha discriminado por mi nacionalidad”, dijo el director del Cejis, al abandonar Palacio, molesto. En su criterio, el Gobierno busca llegar a acuerdos de dudoso interés que violan algunos derechos indígenas.
Por la tarde se permitió el ingreso de cinco de los seis asesores de la marcha indígena: Jhonny Cárdenas, Iván Bascopé, Magalí Barba, Óscar Baldera y Mauro Cruz. Tamburini quedó fuera y para algunos indígenas este veto se debe a una pugna entre este y el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, anterior titular de esta ONG.