La defensa de Ramírez asegura que como el gobierno no rescindió el contrato con el consorcio, no hay delito alguno. Aún no se decidió qué pasará con el convenio.
CUANDO COMENZÓ LA INVESTIGACIÓN • Nardi Suxo se dirige a los periodistas luego de haber declarado ante la comisión de senadores que investigó el caso. Ocurrió el 4 de febrero.
La Razón
La empresa Gulsby avanza en la construcción de la planta. Masistas aseguran no conocer a los 11 militantes investigados. Con O’Connor preso, peligraría la planta, afirma un abogado. Fiscalía citará al diputado Marco Córdova
La defensa del ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez solicitará la cesación de la detención preventiva que guarda la ex autoridad en San Pedro, con el argumento de que no hay daños al Estado, pues el contrato con el consorcio Catler-Uniservice no ha sido rescindido.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Así lo explicó ayer a La Razón el abogado Víctor Borda, que defiende a Ramírez en el caso de corrupción en la estatal petrolera, que estalló en enero, tras la muerte del empresario Jorge O’Connor D’Arlach y el robo de $us 450.000 que presuntamente estarían destinados a una coima.
Según Borda, el Ministerio Público debería solicitar de oficio la cesación de la detención preventiva de Ramírez. “El propio Estado y el Ministerio Público, a través del proceso de investigación, han determinado que el señor Santos Ramírez no ha cometido los ilícitos (de los que se le acusa)”, sostuvo el abogado.
Explicó que el primer delito del que se acusa al ex presidente de YPFB es la firma de contratos lesivos al Estado, por la suscripción del documento para la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande. “Se le ha imputado, se le ha detenido. ¿Ha habido al menos alguna intencionalidad de YPFB o del Estado de rescindir el contrato? No, por lo tanto, no hay delito”.
El abogado recordó que se había indicado que Catler-Uniservice era una sociedad “fantasma”, “que tenía el objetivo de obtener ventajas ilegítimas”. Reiteró que, no obstante esas acusaciones, el Estado no rescindió la relación contractual con el consorcio.
El Ejecutivo aún analiza la continuidad del contrato, pues si se lo suspende, se corre el riesgo de perder el dinero que ya fue desembolsado para la fabricación de la maquinaria ($us 35 millones para una carta de garantía y $us 3,3 millones a Uniservice).
La segunda acusación es por conducta antieconómica. “¿Se ha demostrado objetivamente que este contrato en este momento está causando daño económico al Estado? no es así, porque no lo han rescindido e inclusive Carlos Villegas ha solicitado que renueven la póliza”, puntualizó Borda.
El miércoles, La Razón publicó la carta en que el actual presidente de YPFB solicitaba a la empresa que renueve la póliza de seguro que garantiza la correcta inversión de $us 1,65 millones desembolsados a Uniservice.
Al respecto, ayer la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, sostuvo que esto tenía que hacerse debido a que está en juego más de un millón de dólares relacionados al tema de seguros.
Explicó que con este acto no se legaliza el contrato con Catler-Uniservice, y que actualmente está en evaluación, por parte de la comisión que se creó para identificar las irregularidades sucedidas en la estatal petrolera, en la gestión de Santos Ramírez.
Otro de los argumentos de Víctor Borda es que se había dicho que la empresa subcontratista (la estadounidense Gulsby) no estaba construyendo los tubos expander. “Pero una comisión integrada por el ministro Arce ha viajado a EEUU y Argentina, y ha verificado que efectivamente se está realizando la construcción de la planta”.
Pese a que el viaje de la comisión fue durante la segunda semana de febrero, el Gobierno aún no dio datos al respecto.
APUNTES
Contrato • El 14 de junio del 2008, en la gestión de Santos Ramírez, YPFB firmó un contrato con Catler-Uniservice para la provisión e instalación de la planta separadora de líquidos de Río Grande (Santa Cruz), por 86,3 millones de dólares.
Cuestionamiento • Ayer, la ministra Nardi Suxo sostuvo que Catler, una de las socias del consorcio, no existe. “Es una empresa que la han creado específicamente para aparecer como socia de Uniservice para adjudicarse el contrato”
La empresa Gulsby avanza en la construcción de la planta
VERIFICACIÓN
El Gobierno verificó que existe un avance en la fabricación de la planta separadora de líquidos, por parte de la empresa estadounidense Gulsby, aunque aclaró que aún se evalúa si la máquina se enmarca en los requerimientos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), informó ayer la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo.
En febrero, la comisión gubernamental que investiga los hechos de corrupción en YPFB, mandó un equipo de profesionales a Estados Unidos para verificar el avance existente en la fabricación de la planta.
Se envió un grupo similar a Argentina, donde las empresas SICA y Gonella construyen otras partes de la maquinaria. A más de un mes del viaje, ayer la ministra Suxo indicó que se tendrá el informe final del avance de obra, una vez que se concluya la evaluación técnica y jurídica.
Con O’Connor preso, peligraría la planta, afirma un abogado
Posición • Un abogado corporativo opinó que si se encarcela a Miguel O’Connor, no podría cumplir con las obligaciones del contrato. La Fiscalía asegura que no hay avances en la obra.
La detención preventiva de Miguel O’Connor D’Arlach pone en riesgo la construcción y puesta en marcha de la planta separadora de licuables en Río Grande, Santa Cruz y peligraría, además, el dinero que se invirtió en el proyecto, afirmó el abogado corporativo Carlos Alberto Mostajo.
Según el experto, el Estado debería analizar la continuidad con el contrato firmado el 14 de julio entre Catler-Uniservice y Yacimientos, para no arriesgar lo invertido, o de lo contrario, argumentó, llamar a una nueva licitación, contratar a otra empresa y en un proceso judicial intentar recuperar el dinero.
“Si las partes van presas, ellos no van a poder cumplir con sus obligaciones, el contrato en la práctica se pararía y el Estado perdería el dinero. Habrá que ver hasta dónde son salvables las irregularidades halladas en ese contrato; de no ser así, tendría que parar el contrato y por cuerda separada, iniciar otra licitación que sea transparente”, opinó ayer el abogado Mostajo.
El 14 de julio, Yacimientos firmó una minuta de contrato con Catler-Uniservice para la construcción de la planta. El precio total aceptado por ambas partes fue de 86,3 millones de dólares.
No obstante, el asesinato a Jorge O’Connor, representante de Uniservice, el 27 de enero, destapó una presunta red de corrupción al interior de la estatal petrolera y en el transcurso de las investigaciones, el Ministerio Público halló una serie de irregularidades en el contrato.
La Fiscalía acusó a Miguel O’Connor y otros cuatro implicados, de generar irregularidades en el contrato, además de desviar dinero del Estado a cuentas personales. No obstante, a la fecha, dos recursos de recusación a jueces dilataron la audiencia prevista.
Ayer, el fiscal Edward Mollinedo reiteró que el contrato es “irregular” y aseguró que “no se puso ni un ladrillo” para iniciar la construcción de la planta.
“No conocemos de que YPFB esté realizando gestiones para realizar este contrato (…), tenemos absoluta seguridad de que no se ha puesto ni siquiera un ladrillo en esta planta”, dijo Mollinedo.
Según Mollinedo se habrían perdido 16,6 millones de dólares de los desembolsados a Catler.
APUNTES
Visita • Mollinedo anunció que el lunes se realizará una inspección al avance de obra de la planta separadora de licuables en Río Grande, Santa Cruz. Afirmó que no existiría un progreso.
Contrato • Según Mostajo, la Fiscalía podría solicitar la nulidad o anulabilidad del contrato en un proceso judicial, “pero demoraría tiempo, en todo caso se pediría que el contrato pare”, dijo.
Pedido • La Fiscalía solicitará a la juez décima de Instrucción que se precise fecha y hora de audiencia “para definir la situación legal de las personas imputadas”, adelantó ayer Mollinedo.
Tiempo • El abogado Mostajo indicó que el Estado debería prever la ejecución y puesta en marcha de la planta en el menor tiempo posible, “para evitar más pérdidas de dinero”, precisó.
Fiscalía citará al diputado Marco Córdova
DECLARACIÓN
El Ministerio Público anunció ayer que investigará al diputado Marco Antonio Córdova (Podemos) por su presunta participación en los hechos de corrupción al interior de YPFB.
“Vamos a recibir su declaración y determinar si es que ha participado o no. Hay una carta que llegó a la Fiscalía donde denuncian la participación del diputado en todo este proceso, por ese motivo se lo ha citado”, anunció uno de los fiscales que indaga el caso, Edward Mollinedo.
Los hermanos del diputado, Luis Fernando y Ernesto, guardan detención preventiva en el penal de San Pedro acusados de ser los presuntos autores intelectuales del asesinato a Jorge O’Connor D’Arlach. Asimismo, Luis Fernando Córdova está implicado en las irregularidades en el contrato con Catler y YPFB.
Según la Fiscalía, la próxima semana se citará también a las personas que conformaban el directorio de Yacimientos.
Masistas aseguran no conocer a los 11 militantes investigados
TRIBUNAL
Parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS) dijeron que no conocen a las 11 personas que el Tribunal de Honor de ese partido decidió investigar por los presuntos hechos de corrupción al interior de la estatal petrolera.
“No conozco a ninguno de los otros mencionados (por el tribunal)”, dijo a La Razón el senador Lino Villca; mientras el diputado Gustavo Torrico señaló: “No tengo idea de dónde han salido, quizás han venido de Potosí”.
El ente disciplinario del MAS decidió el miércoles investigar a quienes formaron las comisiones calificadora y de concertación de YPFB cuando se firmó el irregular contrato con Catler-Uniservice.
El diputado Jorge Silva aseguró que las 11 personas están registradas sólo como militantes y que no ocupan ninguna dirigencia reservada a representantes de los movimientos sociales.