Ignacio Villa Vargas, alias "El Viejo", presentado por el gobierno boliviano como el "testigo clave" en el denominado caso "Terrorismo I", declaró el pasado miércoles ante el juez 5to. de Instrucción Pública en lo Penal que fue obligado por la Fiscalía a sembrar pruebas e incriminar personas.
Durante la audiencia conclusiva del proceso, Villa Vargas también acusó al fiscal Marcelo Soza de haberlo secuestrado y de amenazar a su familia.
"El Viejo" fue el mismo testigo que dos años atrás -bajo las presiones ahora reveladas- afirmó que el delegado de UnoAmérica en Argentina, Jorge Mones Ruiz, habría sostenido una reunión en la ciudad boliviana de Santa Cruz con el líder de un presunto grupo armado, Eduardo Rozsa, muerto en un violento operativo policial realizado en el Hotel Las Américas.
Ahora, la confesión de Villa Vargas ante el juez desbarata el montaje contra UnoAmérica, impulsado por el régimen de Evo Morales y difundido por varios órganos de la maquinaria mediática del Foro de Sao Paulo, como el diario argentino Página 12, dirigido por el ex guerrillero Horacio Verbitsky.
Mones Ruiz viajó a Santa Cruz, Bolivia, a comienzos del 2009 como integrante de una delegación que investigó la masacre de El Porvenir (departamento de Pando), ocurrida en septiembre de 2008. Esa misión internacional estableció que fue el gobierno boliviano el que instigó la masacre, elevando esas conclusiones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por medio de un informe.
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El documento de UnoAmérica echó por tierra el informe realizado por un equipo de UNASUR, encabezado por el también ex guerrillero argentino Rodolfo Mattarollo, quien en connivencia con el gobierno de Evo Morales, acusó injustamente al Prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, llevándolo a la cárcel, donde lo mantienen arbitariamente y sin juicio hasta la fecha.
El montaje contra Mones Ruiz tenía el objetivo de descalificar la misión internacional de UnoAmérica y crear una cortina de humo que ocultara el informe sobre la masacre de El Porvenir.
UnoAmérica está estudiando las acciones legales que emprenderá tanto en Bolivia como en las instancias internacionales para denunciar la actuación de la justicia boliviana en este caso. Se trata de una flagrante violación de los derechos humanos y un claro delito de lesa humanidad, que como tal no prescribe.