La Fiscalía pide a YPFB anular el contrato con Catler-Uniservice. Ramírez visitará la planta cruceña.
El titular de YPFB debe aclarar la renovación de garantías con esta empresa
Partida: el fiscal Edward Mollinedo se aleja luego de responder consultas de la prensa después de una audiencia, el jueves
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La Fiscalía tomó la decisión por la carta que envió Carlos Villegas a Catler-Uniservice.
La Prensa
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, pasó ayer de testigo a sospechoso por haber presuntamente validado el contrato con Catler-Uniservice, y la Fiscalía encontró “indicios de responsabilidad” en el superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, por el caso de la empresa YPFB-SIPSA (Servicios e Industrias Petroleras S.A.).
La decisión la tomó el fiscal anticorrupción Edward Mollinedo, quien dirige la investigación por supuestas irregularidades en el proceso de licitación, adjudicación y contratación de la sociedad empresarial para la construcción de la planta separadora de líquidos de Río Grande, en Santa Cruz, y la creación de una sociedad anónima con recursos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
El Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción apoyará la investigación de la Fiscalía en contra de Aruquipa y de cualquier otro funcionario.
Villegas pasó de la condición de testigo a sospechoso luego de que enviara una carta el 26 de febrero a Catler-Uniservice para renovar una póliza de garantía por el primer anticipo de 1,6 millones de dólares, desembolsado del fideicomiso de YPFB.
Ésta fue aceptada por la aseguradora Credinform y le dio validez a la continuidad del contrato. Este argumento es usado por la defensa de Santos Ramírez para que se lo deje en libertad.
En su nueva condición, Villegas presentará su declaración informativa el jueves 19 de marzo. El viernes 20 acudirá Aruquipa ante el Ministerio Público. Ambas autoridades informaron sobre el mismo tema a la comisión del Senado semanas atrás.
Mollinedo explicó que la autoridad deberá explicar por qué mantiene vigente un contrato con una sociedad empresarial que desvió 16,6 millones de dólares de dinero estatal para fines distintos de los originales.
Catler-Uniservice firmó un contrato con YPFB el 14 de julio de 2008 para la instalación de una planta de extracción de líquidos en el campo petrolero de Río Grande. Sin embargo, sobre este acuerdo existen observaciones que fueron presentadas por el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción ante el Ministerio Público.
El Gobierno analiza si puede o no rescindir el contrato, que es una solicitud de Mollinedo, porque “no se movió ni un ladrillo” en Río Grande. La autoridad judicial viajará el lunes al campo petrolero para verificar las obras.
Agregó que en contra de Villegas pesan sospechas de uso indebido de influencias, pese a que la autoridad siempre negó conocer el contenido del contrato. El Fiscal no descarta la posibilidad de imputación a ambas autoridades, en cuyo caso podrían ser aprehendidas y sometidas posteriormente a la acción de un juez cautelar.
Sobre Aruquipa, el Fiscal Anticorrupción aplazó las declaraciones porque en sus exposiciones como testigo del caso se descubrieron indicios de responsabilidad, razón que determinó la suspensión de la audiencia.
El Superintendente llegó a la Fiscalía a las 10.30 de ayer y declaró por más de tres horas como testigo ante el fiscal Mollinedo. Después de la postergación de esta audiencia, el Superintendente interino salió en un vehículo, evadiendo las consultas de los periodistas.
“El señor Aruquipa ha declarado en el tema de SIPSA. Se han encontrado indicios de responsabilidad y será citado con abogado para garantizar sus garantías constitucionales”. Añadió: “Una vez que se presente con su abogado, estableceremos su participación en este caso”.
El Superintendente no era parte de la nómina presentada en la querella de YPFB y del Ministerio de Transparencia Institucional por la irregular formación de SIPSA por parte del ex presidente de la estatal Santos Ramírez.
La firma se creó a partir de la compra de la recalificadora de garrafas Full Industry y pasó a ofrecer una serie de servicios de perforación, construcción junto con Petróleos de Venezuela (PDVSA). Tiene dos contratos firmados, uno con YPFB, por 1,8 millones de dólares, y otro con YPFB-Andina S.A para la perforación del pozo 34D en el campo Víbora.
Algunos hechos
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, negó conocer “una sola coma” del contrato entre la estatal petrolera y la asociación accidental Catler-Uniservice.
Aseguró que su representante ante el Directorio de YPFB no pudo informarle porque en el tiempo que se ejecutó el proyecto, esa instancia cesó en sus funciones.
Además, como Ministro de Hidrocarburos, solicitó información al presidente de YPFB, en ese tiempo Santos Ramírez Valverde; sin embargo, no pudo conocer la respuesta porque dejó el cargo para pasar a la cartera de Planificación.
No obstante, cuando asumió la presidencia de YPFB, buscó la respuesta a su misiva y encontró dos proyectos de ésta, en los que rechazaban su solicitud, primero porque no contenía su firma y sólo, la de su Director Legal; y segundo porque era atribución de la Contraloría General de la República hacer ese control.
El superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, declaró ante la comisión del Congreso que no está dentro de sus atribuciones hacer el control en ese tipo de contratos petroleros, sólo en los que son de carácter operativo en hidrocarburos.
El presidente de dicha Comisión, Wálter Guiteras, calificó las respuestas del funcionario como poco útiles para el esclarecimiento de los hechos relacionados con la firma del contrato y las responsabilidades de los actores.
La Fiscalía pide a YPFB anular el contrato
Según Mollinedo, Catler aún extrae dinero del Estado y pide a Yacimientos que el contrato sea rescindido. El Banco Unión asegura que no hubo movimientos de dinero. El Gobierno dice que no decidió sobre el futuro de la empresa.
• EN ENTREVISTA • Edward Mollinedo responde a las preguntas de los periodistas al salir de la Fiscalía de Distrito, luego de recibir las declaraciones de Guillermo Aruquipa. Fue ayer.
La comisión especial de fiscales que investiga los presuntos hechos de corrupción en Yacimientos reclamó el hecho que la estatal petrolera no haya anulado el contrato firmado con Catler-Uniservice para la construcción de una planta separadora de licuables. Según afirmaron, los funcionarios de dicha empresa todavía extraerían fondos económicos del Estado.
Entretanto, el Gobierno aseveró que todavía no se tomó una decisión oficial sobre el contrato, pero se considerará el daño económico que podría generar al Estado si se anulara el documento.
“El Ministerio Público no puede pedir la anulación del contrato, éste es un mecanismo de las instituciones del Estado que deben precautelar los intereses económicos del Estado; en este caso, Yacimientos debería rescindir este contrato, porque no se puede permitir que esta firma (Catler-Uniservice) continúe sacando dinero del Estado”, afirmó ayer el fiscal Edward Mollinedo.
Sin embargo, una alta fuente del Banco Unión reveló ayer a este medio que desde el mes de enero no se realizó ningún otro desembolso de dinero del fideicomiso a la empresa
“No hubo ningún otro desembolso, desde enero no ha salido ni un centavo más. El fideicomiso está a instrucciones de Yacimientos o de (Ministerio de) Hacienda”, manifestó la fuente, que este medio mantiene en reserva.
Según la ministra Anticorrupción, Nardi Suxo, tras un proceso de análisis del contrato, se acordó en primera instancia evitar daños económicos al Estado.
“Es un proceso administrativo, eso no significa que se está reconociendo la continuidad o no de este contrato con Catler-Uniservice. Tuvimos un largo proceso de análisis del contrato, lo más importante es evitar un daño económico al Estado. No podemos ser tan ligeros en decir que rompemos el contrato con Catler cuando podría haber causales que pueden hacer que se tenga un daño (…). Luego el Gobierno dará una respuesta oficial sobre el contrato”, dijo.
El Ministerio de Hacienda suscribió un contrato de fideicomiso por 45 millones de dólares, equivalentes al 50 por ciento del total para la construcción de la planta.
El 12 de noviembre se realizó un desembolso de 35 millones de dólares con la apertura de una Carta de Crédito para la compra de equipo básico que requeriría la construcción. Luego, meses después, se entregó la suma de 3,3 millones de dólares a la Catler. El último desembolso fue realizado el 14 de enero.
Según Mollinedo, la empresa Catler es “ilegal” y “poco seria”. “La Fiscalía considera que esta empresa es ilegal, que no tiene sus papeles, ni una computadora (…), la empresa Catler no existe como una empresa seria, legal en el país y que se ha llevado más de 16,6 millones de dólares”, criticó.
La defensa del presidente destituido de la estatal petrolera, Santos Ramírez, solicitó el jueves la cesación de la detención preventiva de su cliente bajo el argumento de que no existen daños al Estado y que el contrato firmado ese 14 de julio todavía no ha sido rescindido. En respuesta, Mollinedo dijo que se trata de “especulaciones” y criticó la postura de Ramírez.
“Extraña mucho que ex funcionarios, que debían velar por los intereses del Estado como Ramírez, hablen de este tema cuando saben muy bien que la firma Catler-Uniservice se ha embolsillado, se ha llevado y ha generado un terrible daño económico al Estado”, argumentó.
“Yacimientos debería rescindir el contrato porque no puede permitir que esta firma continúe sacando dinero del Estado”.
EDWARD MOLLINEDO/ fiscal de Corrupción Pública.
Hallan responsabilidad en Aruquipa por el caso Sipsa
CASO • Mollinedo dijo que la ausencia de un abogado impidió que la declaración prosiga.
El superintendente interino de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, podría tener responsabilidades en el caso de la empresa Servicios e Industrias Petroleras SA (Sipsa), dependiente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
La autoridad fue citada a declarar ante la Fiscalía en calidad de testigo; no obstante, al hallar indicios de responsabilidad, la declaración fue postergada hasta que Aruquipa sea respaldado por un defensor legal.
“Aruquipa ha declarado en el tema de Sipsa, se ha suspendido su declaración debido a que se han encontrado algunos indicios de responsabilidad y va a ser citado con su abogado, con el fin de garantizar sus derechos constitucionales”, manifestó ayer el fiscal Edward Mollinedo.
Ayer, la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, alentó la decisión del Ministerio Público de indagar a quien considere necesario. “Si el Ministerio Público ve por conveniente indagar, no sólo a Aruquipa sino a otras personas, tiene que hacerlo, nosotros vamos a apoyar esa labor de la Fiscalía en todo lo que concierne a este tema”, afirmó Suxo.
Según el representante del Ministerio Público, las declaraciones de Aruquipa serán reanudadas la siguiente semana.
Tras descubrirse una presunta red de corrupción al interior de YPFB con el asesinato al empresario Jorge O’Connor D’Arlach, el 27 de enero, la Fiscalía halló una serie de irregularidades en Sipsa.
En las pesquisas, se conoció que Sipsa no había sido inscrita como empresa en la Superintendencia de Hidrocarburos, incluso reconocido por Aruquipa.
Luego, se conoció que Sipsa, empresa reedificadora de garrafas y de perforación de pozos, pagaba el alquiler de una perforadora a la estatal petrolera, hecho que, según la Fiscalía, también sería irregular.
Así, se fueron descubriendo supuestos hechos irregulares y el Ministerio Público anunció la ampliación de la investigación a nueve personas, ex funcionarios, entre ellos al ex presidente de YPFB, Santos Ramírez.
O’Connor dice que sólo acompañaba a su hermano Jorge
Aseveró que su hermano no le dijo adónde iban ni quiénes los acompañaban el día 27.
• PRUEBA DE LUMINOL • En el lugar del crimen, anoche, se realizó una pericia para determinar la posición de la víctima.
Miguel O’Connor D’Arlach, hermano del empresario fallecido Jorge O’Connor D’Arlach, afirmó anoche que sólo Jorge tenía conocimiento de adónde iban los 450 mil dólares y dijo desconocer a las personas que lo acompañaban ese 27 de enero.
“Aquel día (el 27 de enero) estaba como acompañante de mi hermano, lo vi después de bastante tiempo… Y bueno, siendo que él estaba acompañado de otras personas, me dijo que más adelante íbamos a poder conversar con más tranquilidad. Lamentablemente yo puedo tener muy poca información sobre todo esto, porque fue algo que ocurrió muy rápido, en minutos”, declaró ayer en La Paz Miguel O’Connor a la red Unitel.
El 27 de enero, Jorge O’Connor fue asesinado por cinco delincuentes que le arrebataron 450 mil dólares, que iban a ser presuntamente destinados a pagar una coima al entonces presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, por la adjudicación de su empresa, Catler-Uniservice, a la construcción y puesta en marcha de una planta separadora de licuables en la localidad de Río Grande, Santa Cruz.
El empresario iba acompañado de Miguel y de Mario Cossío y Luis Fernando Córdova (ahora detenido en el penal de San Pedro) socios de su empresa, además de Gonzalo Aramayo y Javier Navía, supuestos nexos con Santos Ramírez y familiares de su esposa Jiovanna Navía, esposa de Ramírez. El hecho sucedió en las puertas de un domicilio de la avenida Tejada Sorzano. Jorge O’Connor pereció cuando los delincuentes le dispararon para arrebatarle el dinero.
Ayer por la noche, una comisión de la Fiscalía de Distrito de La Paz se dirigió hasta el inmueble para realizar la prueba de “luminol” en el lugar. Para dicho acto estuvieron presentes el hermano de O’Connor, sus abogados, investigadores y peritos.
El fiscal de Homicidios, Luis Mamani, explicó que esa prueba podrá colaborar en el hallazgo de rastros de sangre, que a simple vista son difíciles de hallar.
“La prueba de luminol ayuda a establecer cuál fue la posición de la víctima en el momento del hecho, la trayectoria balística, la distancia en la que se activó el arma y todos los detalles que nosotros buscamos para tener mayor precisión en la investigación”, dijo.
ANTECEDENTES
Catler-Uniservice • Una minuta de contrato fue firmada por Miguel O’Connor y Santos Ramírez para la construcción de la planta. El acto se realizó el 14 de julio del 2008.
Irregularidades • La Fiscalía halló irregularidades en la Catler y la acusó de ser poco seria. Ayer, Miguel O’Connor dijo “desconocer” esas irregularidades en su empresa.
Decisión sobre el contrato con Catler complica a YPFB
SITUACIÓN • La palabra final la tiene la estatal, que debe tomar en cuenta la urgencia de tener la planta y los posibles daños para el Estado.
• LA ESTATAL PETROLERA • La imagen de archivo muestra la oficina central de la empresa, el día en que fue intervenida.
La decisión que debe tomar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sobre continuar o no con el contrato con la sociedad accidental Catler-Uniservice resulta complicada para la estatal, pues la empresa debe calcular los perjuicios y pérdidas que podría ocasionar la elección de cualquiera de las dos opciones, afirmaron analistas consultados por este medio.
El senador Carlos D’Arlach (Podemos), que fue presidente de YPFB, observó una difícil situación, “una ecuación compleja”. Explicó que si se rescinde el contrato con el consorcio, la construcción de la planta separadora de líquidos, imprescindible para el abastecimiento interno de gas, puede tener retrasos.
Carlos D’Arlach también se preguntó cuál sería el costo para el Estado por el pago de daños y perjuicios y por el dinero que ya se adelantó a Catler-Uniservice.
Sin embargo, el legislador señaló que la continuidad del contrato podría significar comprar una planta con sobreprecio, si se toma en cuenta el supuesto diezmo (10%) que la empresa tenía que dar al ex presidente de YPFB, Santos Ramírez, por haberla favorecido con la adjudicación de la obra. La planta tiene un costo de 86,3 millones de dólares.
“La decisión —que debe tomarla YPFB— depende (de) si habrá más daños si se cancela el contrato y se llama a una nueva licitación o si se remedian las cosas con un montón de daños”. Manifestó su asombro por el hecho de que aún no se haya tomado una decisión al respecto, pese a la importancia de la planta.
Mientras, el ex ministro de Hidrocarburos, Alvaro Ríos, consideró que la salida es cancelar el contrato, pues está cuestionado y ha sembrado dudas. Agregó que se debe ver la forma de contratar a otra empresa para la construcción de la planta, que es de mucha importancia para el país.
“Personalmente y desde un punto de vista técnico y práctico, es más beneficioso para el país cancelar el contrato con Catler-Uniservice y tratar de negociar para recuperar la mayor cantidad de los montos que se han dado como adelantos”.
Ríos indicó que mantener el contrato no sería bien visto por nadie, ya que “nació mal” y tiene problemas estructurales y de fondo. “Nos llevaría a futuros problemas y a que la planta de Río Grande jamás se concrete”.
El jefe de Podemos, Jorge Quiroga, opinó que el contrato debería ser anulado, y que el discurso de proteger los recursos “no cabe”, porque en EEUU, país de origen de la empresa subcontratada para la fabricación de la maquinaria, hay una norma estricta contra la corrupción. “En EEUU hay una ley muy dura contra las prácticas corruptas en el exterior. Les garantizo que si esa empresa (Gulsby) no devuelve el dinero se le puede seguir un brutal procedimiento penal en los EEUU”.
Ramírez visitará la planta cruceña
INSPECCIÓN • La Fiscalía verificará el avance de obra en Río Grande.
El lunes, el Ministerio Público, en compañía de los presuntos responsables del contrato firmado entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Catler-Uniservice, irán a Río Grande, Santa Cruz, para analizar el avance de obra.
Según el fiscal Edward Mollinedo, estarán todos los implicados en el caso y quienes fueron a prestar sus declaraciones, entre ellos, el presidente destituido de Yacimientos, Santos Ramírez.
“Se ha ordenado y se ha pedido a la jueza (Décima de Instrucción en lo Penal, Marcela Siles) para que Santos Ramírez esté en Santa Cruz y todas las personas involucradas, y de las que se han recibido las declaraciones, todas deben estar presentes”, manifestó ayer Mollinedo.
Williams Sánchez, abogado del ex representante legal de Catler-Uniservice, Luis Fernando Córdova, anunció que fue notificado para que su defendido esté presente en dicha inspección.
“Nosotros vamos a estar presentes en Santa Cruz, seguramente el Ministerio Público está haciendo los trámites para el traslado de mi cliente”, dijo.
Según fuentes de la Fiscalía paceña, también deberán estar presentes Miguel O’Connor, quien firmó una minuta de contrato con YPFB por la construcción de la planta, y todos quienes habrían trabajado en el proyecto de adjudicación.