A más de tres meses de decidir la expulsión de Bolivia del refugiado y ciudadano peruano José Antonio Cantoral, la Comisión Nacional del Refugiado (CONARE) admite violación de derechos fundamentales, falta de pruebas, revoca la resolución de expulsión y responsabiliza por la arbitrariedad cometida a un funcionario del Ministerio de Gobierno.
Familiares y amigos de José Antonio Cantoral realizan una vigilia en Lima frente a la embajada de Bolivia.
Los representantes del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados revocaron por unanimidad, mediante la Resolución Nº 819, la expulsión de Cantoral, quien había sido conminado por la CONARE a abandonar el país el 3 de agosto, en un plazo de 90 días, sin tomar en cuenta el debido proceso, el derecho a la defensa y el principio de presunción de inocencia.
“Los miembros de la CONARE corrigieron una grave violación de derechos en contra de Cantoral, tres meses después de haber ordenado su expulsión y haberle quitado su libertad”, señaló su representante legal, Bernardo Ortiz.
Cantoral todavía está privado de libertad en su domicilio, luego de haber pasado 22 días encerrado en la Dirección General de Migración, como consecuencia de la orden de expulsión ahora eliminada.
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Funcionario actuó a título personal
Según la resolución emitida por la CONARE, el Jefe de la Unidad de Gestión Jurídica del Ministerio de Gobierno, Efraín Rodas, actuó a título personal e influyó en la decisión de expulsión que la misma resolviera.
“El Jefe de la Unidad de Gestión Jurídica del Ministerio de Gobierno que originó el proceso de expulsión, carece de respaldo institucional y documental y, no constituye una posición oficial del Ministerio de Gobierno y de su Máxima Autoridad Ejecutiva”, señala la Resolución.
Sin embargo, el día de la detención, el 1 de agosto, el propio Ministro de Gobierno de entonces, Sacha Llorenti, presentó a la prensa al ciudadano peruano y dictaminó desde ese momento su expulsión al acusarlo directamente de terrorismo y ordenar a la CONARE una reunión de emergencia.
En las medidas cautelares, participó como parte acusatoria el Director Nacional de Régimen Interior Boris Villegas, funcionario del Ministerio de Gobierno, quien mantuvo en todo momento la acusación y declaró sobre la responsabilidad de Cantoral en actos de terrorismo.
La CONARE y sus asesores legales sustentaron en dos oportunidades la decisión de expulsar a Cantoral en base a declaraciones del exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, publicaciones de medios de comunicación y la acusación del fiscal Ángel Ponce Rivas, como pruebas fidedignas de terrorismo, según cita el informe del Gobierno dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
José Antonio Cantoral, refugiado de nacionalidad peruana, fue detenido por policías encapuchados en su centro de trabajo el 1 de agosto de este año. Fue imputado por delito de terrorismo, como señala la Red Iberoamericana de Jueces en su Declaración de El Alto, “sin tener ninguna prueba idónea para sostener dichas acusaciones”.
La Paz, 3 noviembre 2011 / ERBOL