A capa y espada.
Marcelo Varnoux Garay en La Prensa, Correo del Sur
La Constitución Política aprobada en el referéndum de enero determina que Bolivia es un Estado Plurinacional. Algo así como un conglomerado de naciones y pueblos indígena originario campesinos que, por obra y gracia de los iluminados que gobiernan y que tiempo atrás elucubraron el mito de lo indígena-originario y los invencibles movimientos sociales, han decidido convivir armoniosamente con el prójimo y la naturaleza. Del resto, es decir, la mayoría de los bolivianos, no dice ni "mu".
Hasta ahí la fantasía, porque en función de los recientes acontecimientos en que una turba (ampliado indígena-originario-campesino, en clave oficialista), determinó "expropiar" (asaltar y robar, en términos objetivos) la vivienda del ex vicepresidente de la República Víctor Hugo Cárdenas e invitar a sus familiares a salir de dicho predio a chicotazos, palos y pedradas según los "usos y costumbres" ancestrales de estos pueblos originarios, el "Estado Plurinacional" es un no-Estado, ya que fue incapaz de evitar la agresión y la conculcación de los derechos humanos de los habitantes del mencionado domicilio. Además, los "dirigentes originarios" declararon a la provincia Omasuyos "territorio libre", es decir, una cuasi republiqueta en la que campea la ley del más fuerte.
Además tenemos un Presidente indígena de ese "Estado Plurinacional" que se ha tragado el cuento de las treinta y tantas naciones originarias y gobierna exclusivamente para ellas, y dentro de ellas sólo para quienes comparten su línea ideológica. Víctor Hugo Cárdenas lamentablemente está en la vereda de la oposición y, por lo tanto, el Primer Mandatario, de forma vergonzosa desde el punto de vista humano y democrático, condena a la víctima, también indígena, se burla de su situación y prácticamente avala los desmanes de sus "ovejunos" correligionarios.
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La pregunta es: ¿para qué sirve un Estado plurinacional si éste es incapaz de hacer cumplir la ley, si no desea sancionar los delitos de sus bases electorales, pero se muestra desalmado con los delitos que supuestamente cometen los opositores? ¿Dónde están los valientes uniformados con pasamontañas que entran a patadas de madrugada en los domicilios de los presuntos delincuentes; les golpean y maltratan delante de sus hijos e hijas y de paso les llevan muy lejos de sus hogares para que en la absoluta indefensión sufran la angustia del encierro?
Pero claro, como éste es un no-Estado, los dirigentes campesinos que maquinaron toda la agresión en Huatajata hasta tienen la oportunidad de presentarse desvergonzadamente en el Parlamento (seguramente invitados por los representantes del oficialismo) para justificar sus actos y los de la pretendida comunidad originaria.
Como ya advertimos antes del referéndum, la NCPE ha establecido ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los primeros, por ser indígenas, originarios y campesinos pueden cometer cualquier tropelía, incluso atentar contra los derechos humanos reconocidos por las Naciones Unidas, porque la nueva Carta Magna establece la "justicia comunitaria", cuyos fallos son inapelables, aun cuando determinen terribles sufrimientos para los desdichados que han caído en su jurisdicción. El resto de los ciudadanos, por cierto la mayoría de los bolivianos, debemos andar como en los tiempos de dictadura: con el "testamento bajo el brazo".
El desgobierno de Morales ha traspasado la última línea que le separaba del autoritarismo secante, de la intolerancia como práctica política y la violencia como herramienta para implementar "el cambio".
El autor es politólogo y catedrático