El Defensor Villena y el destituido subcomandante de Policía, general Muñoz, tenían que declarar por la agresión contra los indígenas. Decisión. Remitirán investigaciones de La Paz y Beni a la capital Sucre.
Represión. Los marchistas fueron sorprendidos por la Policía el 25 de septiembre. Ese día la marcha fue intervenida.
Ni el exsubjefe de la Policía ni el Defensor fueron a declarar
Marco Chuquimia/Agencias, El Deber
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Ni el defensor del Pueblo, Rolando Villena, ni el destituido subcomandante nacional de la Policía, general Óscar Muñoz, se presentaron ayer a declarar en la Fiscalía General dentro de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por la violenta intervención policial contra marchistas nativos del Tipnis, ocurrida el 25 de septiembre en Chaparina, en los alrededores de Yucumo, en Beni.
Por la mañana, el exjefe policial presentó un memorial ante el fiscal Marco Vargas, que investiga la mencionada agresión, en el que requiere la modificación de la fecha de la declaración porque coincidía con su presencia en Sucre.
Sin embargo, Muñoz tampoco se excusó de asistir a la audiencia en Sucre, donde tenía que presentarse como testigo del supuesto secuestro en contra del canciller David Choquehuanca, aduciendo que tenía que responder a otro proceso en La Paz.
El fiscal Vargas informó de que el exsubcomandante de la Policía puede ser aprehendido si el martes no se presenta a prestar su declaración informativa; pese a estar suspendido en la Policía, en la denuncia que presentó el Movimiento Sin Miedo, Muñoz figura como testigo y no como acusado.
Vargas dijo que emitieron la segunda convocatoria y que ahora esperarán hasta el martes, y si no se presenta emitirán la orden de aprehensión contra la exautoridad.
Por su lado el defensor del Pueblo, Rolando Villena, tampoco compareció ayer por la tarde en la Fiscalía General, donde fue citado para que declare en condición de testigo por la intervención policial en dicha marcha.
Villena forma parte de una nómina de funcionarios estatales que, según la Fiscalía, puede contribuir al esclarecimiento de los hechos que derivaron en una violenta intervención contra los marchistas, que se encontraban, el 25 de septiembre, descansando en inmediaciones de la localidad de Yucumo en su trayecto hacia La Paz.
No se ha informado sobre las razones que impidieron que Villena acudiera a la Fiscalía General, aunque públicamente se conocía, a través de los medios, su abierta condena a la represión policial que terminó con varios indígenas contusos y que provocó una protesta casi unánime en el país.
El Defensor del Pueblo aseguró en varias oportunidades que estaba realizando una investigación paralela sobre los hechos de Yucumo.
Fuentes de la parte acusadora, entre los que se encuentran abogados de la Brigada de Asambleístas de Oposición al Gobierno, señalaron que la Fiscalía maneja una lista de alrededor de 35 personas que deben presentarse a declarar.
Para el lunes se espera la llegada de la ministra de Justicia, Nilda Copa, que, según denuncias de la oposición, suscribió un pedido de intervención de la marcha tras los incidentes en los cuales se vio envuelto el canciller David Choquehuanca.
Se informó de que a la Fiscalía comparecerán el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera; la ministra de Justicia, Nilda Copa; el ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti, el exviceministro de Gobierno Marcos Farfán; el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, la presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en Bolivia, Yolanda Herrera, el presidente de la Cidob, Adolfo Chávez, además de las víctimas.
La proposición acusatoria fue aceptada por la Fiscalía General del Estado y el caso está en proceso de investigación, bajo el control jurisdiccional de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Hasta la fecha, el comandante nacional de Inteligencia de la Policía, coronel Víctor Maldonado, ha sido el único funcionario que declaró.
Solicitan unificar la investigación
El Ministerio Público de La Paz solicitó a la Fiscalía General la unificación de las investigaciones en torno a la represión que sufrieron los indígenas en la localidad de Yucumo, el 25 de septiembre. La fiscal del distrito paceño, Betty Yañíquez, afirmó que pidió que se remita a esta instancia todas las investigaciones que se realizaron en otros departamentos.
“Nos llegó un instructivo para hacer una sola investigación, se ha pedido los informes correspondientes a todos los fiscales y hemos pedido los informes al fiscal de Distrito del Beni; una vez tengamos esos documentos y en mérito al instructivo se va actuar”, afirmó Yañíquez.
El fiscal Marco Antonio Vargas que investiga la denuncia que presentó el Movimiento Sin Miedo contra la represión policial en Yucumo y contra el contrato con la empresa constructora brasilera OAS, dijo que no se puede juzgar a una misma persona por el mismo delito y los acusados y testigos que están declarando en Sucre, también son procesados en La Paz, por ello dijo que se solicitó a la Fiscalía General “que tome cartas en el asunto” y esperan tener una respuesta el fin de semana.
Según Vargas, la investigación que abrió la Fiscalía General tiene las mismas características que la investigación que se realiza en La Paz, pero con la agravante que en el caso de Sucre, los acusados pueden resultar las dos principales autoridades del país: el presidente Morales y el vicepresidente García Linera.
EN LA JORNADA
Disidentes
Crean bancada indígena
El diputado Bienvenido Zacu, del MAS, ratificó ayer que la nueva bancada de legisladores indígenas está conformada por Pedro Nuni, Blanca Cartagena, Cristina Valeroso, Marcelo Leaño y él. Los diputados tienen previsto conformar la directiva de la bancada.
Dirigente
Sorpresa por la demora
El dirigente indígena Pedro Vare expresó su sorpresa por el trabajo del Ministerio Público porque la investigación y los acusados son convocados después de 40 días del hecho. Dijo que están dispuestos a recurrir a todas las instancias para que se haga justicia.
Carretera
Declaran los de ABC
Para el lunes deben presentarse a declarar en Sucre dos funcionarios de la Administradora Boliviana de Caminos (ABC) uno de ellos en calidad de investigado, Gerardo Santana, quien debe responder sobre los contratos que suscribió esta entidad con la brasileña OAS.
Viceministro
Gobierno cuida imagen
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, afirmó ayer que no es deseo del Ejecutivo ser calificado como “un gobierno represor”, por tanto exigirán que las investigaciones se aceleren y concluyan para esclarecer los hechos de Yucumo.
La Fiscalía General radica en Sucre pesquisa de represión
Decisión. Remitirán investigaciones de La Paz y Beni a la Capital.
La Razón – C. Corz, Y. Donoso – La Paz
La Fiscalía General unificó y radicó en Sucre las investigaciones que fueron abiertas en La Paz y Beni sobre la represión policial a la marcha indígena. La Fiscalía inició las investigaciones y convocó a 34 personas a declarar sobre lo ocurrido en Yucumo.
Operativo. Policías llevan a niños de la marcha indígena reprimida.
La fiscal de Distrito de La Paz, Betty Yañíquez, informó de que remitirán a la Fiscalía General la documentación de todo lo actuado a la fecha en el marco de la pesquisa para establecer e individualizar las responsabilidades sobre la represión a los indígenas.
“Nos llegó un instructivo de la Fiscalía General para hacer una sola investigación. Se ha pedido los informes correspondientes a todos los fiscales y pedimos los informes mediante cooperación directa al fiscal de Distrito de Beni”, explicó Yañíquez.
El Ministerio Público de La Paz inició las investigaciones tras la denuncia presentada por el jefe del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, mientras que el distrito del Beni inició de oficio la pesquisa. El 25 de septiembre, en Yucumo, los indígenas fueron golpeados, amordazados y maniatados con cinta adhesiva.
La Fiscalía General, a partir de las denuncias presentadas por legisladores de la opositora Convergencia Nacional y representantes de las organizaciones indígenas CIDOB y APG, también inició investigaciones y citó a 34 personas, entre ellas cinco ministros de Estado, exministros, la cúpula policial, diputados y dirigentes.
El fiscal Orlando Riveros es el encargado de la investigación en Sucre. El abogado de los opositores, Luis Ayllón, denunció que los demandantes no tienen acceso a la toma de declaraciones.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, y el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), general Tito Gandarillas, no asistieron ayer a declarar y solicitaron reprogramar sus declaraciones.
Entre el jueves y viernes debieron declarar cinco personas, pero sólo lo hizo el director de Inteligencia de la Policía, coronel Víctor Santos. Para el lunes están citados la diputada Blanca Cartagena; el viceministro de Justicia, Nelson Cox; la ministra de Justicia, Nilda Copa; el fiscal de materia Edwin Sarmiento y Facundo Coronel, asistente de la fiscal de Distrito de La Paz, Betty Yañíquez.
Ayllón señaló que la pesquisa radicará en Sucre a partir de la decisión de la Fiscalía General.