Editoriales. El MAS, entre el orgullo y la vergüenza


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¿Propiedad privada?

El gran reto

Así nos ven 15 – 03 – 09



La Patria

Dale con la prensa

La Razón

El respeto a la propiedad privada

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No hay respuesta al ofrecimiento de alcohol

La maldición de Saviano

Felicidades triple W

El Deber y La Prensa

Infracciones legales a granel

El Diario

Expulsiones injustificadas

Los Tiempos y Correo del Sur

El MAS, entre el orgullo y la vergüenza

La Estrella del Oriente

Función Económica Social de los ministerios

El Mundo

Los del pasado quedaron de cuadripléjicos

El Nacional

Proteccionismo y malos ejemplos


El Nuevo Día

¿Propiedad privada?

Editorial

Domingo, 15 de Marzo, 2009

Es inútil que ahora el vicepresidente García Linera intente frenar con una declaración lo que el Gobierno ha estado impulsando con acciones muy concretas. Hace unos días él mismo dijo que la invasión y el saqueo de la casa de Víctor Hugo Cárdenas debía derivar en un proceso de “expropiación comunitaria” y más tarde, el presidente Morales reforzó esa posición exhortando al ex vicepresidente a que arregle el asunto con su comunidad, como si se tratara de un tema de justicia indígena. Por último y pese al tímido llamado a no usar la Constitución Política del Estado para atentar contra la propiedad privada, en el Gobierno insisten en que lo sucedido hace una semana en Huatajata, es un “litigio” entre Cárdenas y los comunarios que asaltaron su vivienda y golpearon a su familia. En los hechos, las autoridades miran de palco lo sucedido, permiten que las turbas impongan su ley en la provincia Omasuyos y la Policía no brinda la más mínima garantía para que la justicia investigue lo ocurrido.

Más allá de que el ataque de Huatajata tiene una clara intención política de “disuadir” a los opositores para que no intenten asomar sus narices en los territorios del MAS, los campesinos intentan consolidar un supuesto derecho a través de un acto vandálico y abiertamente se niegan a devolver la vivienda de Víctor Hugo Cárdenas. Afirman que la nueva Constitución los ampara, cuando en su artículo 56 sostiene que se respetará la propiedad privada sólo cuando ésta cumpla una función social. Los Ponchos Rojos no han hecho más que condimentar este peligroso ingrediente con una abusiva interpretación de la justicia comunitaria y el resultado ha sido un hecho de barbarie plenamente justificado por el presidente Morales.

Mal puede solicitar García Linera que no se hagan interpretaciones abusivas de la Constitución, cuando en el Alto Parapetí, el propio Estado está llevando adelante un proceso de reversión de tierras basado en el mismo avasallamiento, sin respetar el debido proceso ni los procedimientos técnicos fijados por las leyes para evaluar la función económica y social de una propiedad.

Durante todos estos años se han hecho advertencias sobre el avance de las amenazas a la propiedad privada y el MAS no se ha cansado llamar a la calma, sabiendo lo delicado que es este tema para cualquier sociedad. Justamente estos días, el Ministro de la Presidencia ha estado en España intentando brindar señales de seguridad a los inversionistas de ese país para que apuesten por Bolivia, ahora que ya está vigente una nueva constitución. Lamentablemente, no sólo los españoles saben leer perfectamente lo que está ocurriendo en Bolivia con la casa de Cárdenas, con las tierras y con otros bienes en peligro, sino que deben haber hojeado el último reporte del Banco Mundial sobre el ranking de países seguros para hacer negocios. Bolivia ha bajado un punto y se ubica en el puesto 150, de un total de 181 naciones evaluadas. Las peores notas del país van por el lado de la inseguridad hacia las inversiones y sobre todo, por el incremento de los riesgos hacia la propiedad privada.

Las autoridades miran de palco lo sucedido, permiten que las turbas impongan su ley y la Policía no brinda la más mínima garantía.

El gran reto

bajo el penoco

Domingo, 15 de Marzo, 2009

Este Gobierno estuvo a punto de poner la hoja de coca en el escudo nacional. Se ha dicho que es mejor que la leche, que cura todos los males, que no es cocaína, que no genera adicción ni causa trastornos mentales. Evo Morales dice que de tanto mascar coca se volvió presidente. Si es tan buena, el presidente debería tener la valentía no sólo para acullicar frente a los representantes de la ONU en Viena, sino de frenar la erradicación y declarar cultivo libre en todo el territorio, desde Pando, hasta Tarija, desde el Chaco hasta Apolo. Coca por todos lados, coca en vez de soya y de vacas, coca en el desayuno escolar, coca para erradicar la desnutrición y curar el dengue. Debería atreverse o por lo menos intentarlo para buscar la “soberanía” que tanto se enarbola. ¿Será posible? ¿O es que el cochino mercado no se lo permite? El reto está lanzado.

Así nos ven 15 – 03 – 09

Domingo, 15 de Marzo, 2009

En los últimos cinco meses AeroSur (principal operadora en Bolivia) y Avianca (principal de Colombia), han trasladado a casa 23.000 inmigrantes desde España. Estos países se encuentran entre los viajeros que mayoritariamente han comprado sus billetes de ida. Según Ana María Quiroga, una responsable de AeroSur citada por El Periódico, habla de un aumento del 20 al 42 por ciento en los viajes sin retorno. Según sus cálculos, desde octubre transportan cada semana a unos 350 bolivianos. Es decir, unos 8.000 en el último trimestre.

La Patria

Dale con la prensa

No se puede permitir más ultrajes contra los periodistas ni amenazas contra los medios, la Nueva Constitución ratifica el derecho a la libre expresión y respeto pleno a las actividades de la prensa, se entiende en un marco de absoluto respeto por las Leyes y por la dignidad de las personas y en ese marco deben desarrollarse las actividades de la prensa responsable y ética.

Aunque ya resulta rutinaria la posición de las autoridades nacionales y las de algunas prefecturas dependientes del Gobierno, que están permanentemente ocupadas en descifrar contenidos periodísticos y encontrar cualquier indicio que los afecte para lanzar calificativos contra medios e informadores, no está demás recordar a los quisquillosos funcionarios que la mayoría de periodistas se sujetan en su trabajo cotidiano a un Código de Etica que recomienda de manera obligatoria manejar las fuentes de información que sean necesarias para publicar o transmitir una información veraz e imparcial.

Lastimosamente sucede que algunos dignatarios y otros funcionarios que tienen “sobre las espaldas” la responsabilidad de informar al pueblo, optan por eludir ese trabajo, disculparse casi siempre con el argumento de estar ocupado en una reunión o simplemente no tener “a mano la documentación que pueda respaldar su declaración”. Cuando esto sucede el periodista se ve obligado a buscar fuentes alternas que proporcionen datos requeridos para elaborar o completar su nota periodística.

El problema de autoridades en su generalidad y de las actuales en especial, es que no admiten críticas pero les encanta lanzar denuestos contra opositores y toda persona que disienta con sus posiciones anulando el derecho de opinión y de libre expresión, como si sólo quienes manejan la administración pública tuvieran la exclusividad de informar cuando y como quieran, sin derecho a réplica y menos con denuncias que pudiesen comprometer su rango oficial.

En el otro escenario de difusión de informaciones en los medios periodísticos del Gobierno las cosas marchan a la inversa, pues en cualquiera de estos se puede decir cualquier cosa de cualquier persona o institución y sin que los aludidos tengan derecho a aclaraciones o al uso de tiempo y espacio similar al utilizado para defenestrarlo, consiguientemente en esa alternativa no hay donde perderse, sólo hay que aguantarse. Pero la incongruencia salta a la vista porque sucede que en los medios del Estado los ciudadanos en general deberían tener acceso a los mismos, lo que en la práctica no sucede debido al control oficial y la política parcializada que está fuera de todo concepto ético.

Llama la atención que en las condiciones actuales en que se desenvuelven los medios noticiosos, bajo advertencias y conminatorias, con abierta amenaza en contra de los periodistas que investigan y denuncian, se efectúe reclamos de algunas autoridades, aludiendo parcialización o falta de veracidad en el trabajo de la prensa independiente.

Lo que preocupa es que a la menor insinuación sobre hechos de corrupción, mucha gente se pone nerviosa y su fácil salida para eludir el bulto es culpar a la prensa por cualquier cosa y este último extremo ya no se traga el pueblo.

No se puede permitir más ultrajes contra los periodistas ni amenazas contra los medios, la Nueva Constitución ratifica el derecho a la libre expresión y respeto pleno a las actividades de la prensa, se entiende en un marco de absoluto respeto por las Leyes y por la dignidad de las personas y en ese marco deben desarrollarse las actividades de la prensa responsable y ética.

La Razón

El respeto a la propiedad privada

En el exterior, autoridades del Gobierno recibieron en los últimos días preocupadas consultas de políticos, empresarios y periodistas sobre los atropellos a la propiedad privada y a la integridad física de miembros de la oposición.

En el exterior, autoridades del Gobierno recibieron en los últimos días preocupadas consultas de políticos, empresarios y periodistas sobre los atropellos a la propiedad privada y a la integridad física de miembros de la oposición.

Las alusiones estuvieron dirigidas al ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, cuya familia fue flagelada por sus vecinos en el lago Titicaca y su vivienda cerca de ser incendiada y luego ocupada para ser confiscada. El caso de la ex diputada masista Marleny Paredes también llamó la atención fuera del país, porque ella estaba sola cuando una turba la agredió, también con el propósito de arrebatarle su casa, esta vez en los Yungas de La Paz.

Por otra parte, la mina de oro Lipichi, en la zona de Sorata, fue asaltada por los comunarios de la zona, como había ocurrido con más de 250 minas el año pasado en todo el altiplano. Esto también fue motivo de alusión por parte de empresarios del sector que están interesados en invertir en Bolivia.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, tuvo que responder a preguntas directas sobre estos hechos en una entrevista con el diario madrileño El País, mientras que el propio presidente Evo Morales fue consultado sobre la suerte de Cárdenas en conferencias que ofreció en Viena.

Dichos incidentes perjudicaron, por supuesto, el propósito que habían llevado el Presidente y su ministro al exterior, de atraer a inversionistas para que ayuden a elevar la producción petrolera y minera y, de esa manera, generar empleos y riqueza.

Se ha comprobado que atropellos como los señalados, además de ser una violación de los derechos humanos y de la propia Constitución Política del Estado, que reconoce el derecho de las personas a la vida y a la propiedad privada, son dañinos para la imagen del país.

No se conoce de otro país latinoamericano, ni de otras latitudes, donde las ex autoridades sean tratadas de manera tan abusiva. Tampoco se sabe de naciones donde la gente de un lugar tenga que decidir cómo tienen que pensar todos respecto de un referéndum. Y menos todavía de lugares del planeta donde cambiarse el apellido haya sido motivo para pensar en linchamientos.

Aparte de estos detalles, lo que preocupa es que se esté convirtiendo en algo corriente en Bolivia que una población determinada —a juzgar por los acontecimientos registrados en la historia reciente, por lo general de la región aymara— decida no respetar las leyes del Estado nacional. Que los habitantes de un pueblo decidan dictar estado de sitio e impedir el ingreso de la Policía demuestra que el Gobierno no está cumpliendo con su deber de hacer respetar el Estado al que representa.

Con los últimos sucesos, tan emparentados con la barbarie y, por ende, tan lejos de una democracia íntegra, donde primen las libertades y el respeto a los derechos fundamentales, será difícil convencer a alguna empresa extranjera a decidirse a invertir en Bolivia. Sobre todo si el caso de la propiedad privada del ex vicepresidente Cárdenas y la situación de las concesiones mineras continúan en duda, con la venia del gobierno de Morales.

Es imperioso que el Gobierno nacional dé señales claras sobre el respeto a la propiedad privada, como se lo ordena la Constitución Política que promovió y que fue aprobada en un referéndum, por amplia mayoría, el 25 de enero de este año.

Subeditorial

No hay respuesta al ofrecimiento de alcohol

El país paga más de un dólar por cada litro de gasolina que importa para el consumo interno, a pesar de que la industria azucarera nacional ha ofrecido proveer de alcohol combustible en menos de la mitad. Hace tres semanas que se concretó esta propuesta y, hasta ahora, no se conoce respuesta alguna. Mientras, la factura por la gasolina importada crece y crece.

Los responsables del ingenio Guabirá advirtieron que, si YPFB estaba interesada en el alcohol combustible, habría que tomar previsiones. Calcula que con una pequeña inversión la empresa estaría en condiciones de producir 100 millones de litros de alcohol. El volumen es suficiente como para hablar de un proyecto de sustitución de una importación tan cara como la de gasolina.

En este momento, la producción nacional no abastece la demanda de gasolina y eso obliga al Estado a importar el combustible necesario en $us 1,10 por litro para venderlo en $us 0,70, debido a la subvención.

Bolivia importa también, como se sabe, grandes volúmenes de diesel oil y, según cálculos pesimistas, también podría verse obligada a importar GLP.

Por lo tanto, parece oportuno escuchar el ofrecimiento de la industria azucarera boliviana y tomar decisiones a partir del interés económico del país, no de principios ideológicos.

Se sabe que el presidente Evo Morales tiene simpatías por la campaña contraria al etanol lanzada por el líder cubano Fidel Castro; pero el propio Gobierno cubano podría, dentro de poco, terminar importando petróleo pues la producción venezolana está cayendo y el Gobierno de Caracas necesita recursos con suma urgencia. PDVSA ya ha suspendido algunos programas de ayuda a los países caribeños aplicando aquello de que la solidaridad empieza por casa.

Con la utilización del alcohol combustible para evitar la costosa importación de gasolina, Bolivia se daría la oportunidad de crear miles de empleos en la industria de la caña de azúcar y, quizá, obtener excedentes de ese producto para después exportarlo a otras regiones.

La decisión está en manos del gobierno de Morales, que tiene que definir sobre la base del interés y la necesidad del país. En este caso, principalmente, cualquier otra consideración está demás.

Nota del Día

La maldición de Saviano

Roberto Saviano terminó de escribir Gomorra en el 2006. Tenía 26 años. ¿Sería consciente de lo que hacía? Hoy, él dice: “No sé si estoy medio muerto o medio vivo. Lo que sé es que la amenaza de los Casaleses me ha convertido en peor persona”. Y su interlocutor concluye que la suya es: “una vida no vida, una vida-muerte”.

Miguel Mora entrevistó a Saviano, el periodista escritor best seller por excelencia en los últimos años, el que desnudó a la Camorra italiana y, por eso, nada más (y nada menos) que por eso, hoy no puede salir a la calle sin un séquito de guardaespaldas. Él lo tiene claro: nunca más podrá dormir tranquilo. La mafia lo ha sentenciado a muerte.

Más de dos millones de copias vendidas en su país, 33 traducciones, una maldición. Gomorra cuenta magistralmente, desde adentro, la mecánica del “Sistema”, que en Nápoles tiene 80 clanes y miles de afiliados armados.

Estos datos aparecen en la entrevista de Mora publicada en El País de Madrid. No es para nada fácil hablar con este joven cuyas próximas dos pisadas ni siquiera las puede adivinar él mismo.

El éxito de Gomorra no es casual. La historia despierta curiosidad. El imperio económico y la penetración de la Camorra en la vida del napolitano resultan fascinantes en la narración madura del insolente Saviano.

Meticuloso, arriesgado investigador, demuestra conocer los negocios más turbios de la mafia, que factura miles de millones de dólares pasando por la droga y por la industria de la moda.

El Gobierno italiano le brinda seguridad las 24 horas del día. Su novia, su familia, sus amigos, todos se alejaron de él. Lamenta “haber destruido mi mundo por un libro”. Y más: “Sé que acabarán conmigo. Tarde o temprano lo harán”. La Camorra comete, en promedio, un asesinato cada 2,5 días desde 1979.

Altímetro

Felicidades triple W

Si hay una letra que pasaba casi desapercibida y, de un día para el otro, se convirtió en “vedette” del abecedario, ésa es la w, más conocida como doble ve o, si se prefiere, ve doble.

¿Cuándo se dio el imprevisto cambio de esta otrora “fea” de la sopa de letras? Hace dos décadas, y el acontecimiento, porque lo merece, fue celebrado anteayer en Ginebra con un invitado estelar, Tim Berners-Lee.

Es que a él se le atribuye el revolucionario invento de la WWW (World Wide Web, que significa Red Global Mundial). En marzo de 1989, el inglés Berners-Lee trabajaba en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN), ubicado en Suiza, donde se creó esta herramienta que cambió la comunicación.

De allí vienen las raíces de la web, hoy en día un poderoso medio masivo de comunicación. Y había sido pensado para influir solamente a la comunidad científica…

El Deber y La Prensa

Infracciones legales a granel

Hay pruebas como para llevarlos ante un juez cautelar, posibilidad remota ésta pues el Estado ya no rige o ya no quiere regir en Sank’ajawira.

Si antes equivalían a meros chubascos, en los últimos días las infracciones del Gobierno al ordenamiento jurídico-legal del país alcanzan rigor de tormenta furiosa. Ya nos acostumbrábamos a que la gente del Gobierno definiera mediante decretos asuntos que son materia de leyes sancionadas por el Legislativo. Veíamos cómo procedía a apresamientos de opositores, con características propias de secuestro. Como en los tiempos de pasadas dictaduras militares, las víctimas eran transferidas a centros carcelarios de La Paz para ser “juzgadas” por jueces locales, lo cual entraña violación flagrante de principios constitucionales.

El caso del ex vicepresidente Cárdenas ilustra el recrudecimiento de tan peligrosa borrasca. Lo acontecido en la aldea del lago Titicaca, donde una turba dirigida por “ponchos rojos” (grupos de choque del MAS) se apoderó de la casa de Cárdenas, tras saquearla y vejar físicamente a su esposa e hijos, apareja graves e intolerables violaciones a la Carta Magna en vigencia.

Con los sucesos de Sank’ajawira se incurrió en violación del derecho a la seguridad personal y familiar, así como a la patrimonial. Se atentó contra “la libertad de pensamiento”, en virtud del cual nadie puede ser castigado, como lo fue Cárdenas, por discrepar a la línea ideológica, política y programática de un régimen. Los masistas arremetieron contra la esposa de Cárdenas, sin que en ellos y en cuantos les digitaban importase el precepto de “su” Carta Magna que prohíbe la violencia física contra todas las personas, en particular “contra las mujeres”. Les importó un bledo el artículo 56, que establece que “todas las personas tienen derecho a la propiedad individual o colectiva”. Estamos ante delitos de rango mayor sobre cuyos autores debe recaer una sanción penal. Así lo manda el artículo 110: “Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia” (Tanto autores materiales como intelectuales).

Los canales de televisión han acumulado testimonios gráficos sobre las acciones y la identidad de los autores materiales. Hay pruebas como para llevarlos ante un juez cautelar, posibilidad remota ésta pues el Estado ya no rige o ya no quiere regir en Sank’ajawira. Semejante omisión cae también en el campo de la infracción legal. Nos referimos a la obligación que impone la ley a los que administran un país a cumplir con lo que ella dispone en protección de las personas amenazadas en sus derechos humanos. No acudir en defensa de quienes son víctimas de violencia entraña el delito de incumplimiento u omisión de deberes.

Pero lo peor es que las cabezas del Gobierno incurrieron en un delito mucho más grave, como es el de la “apología pública de un delito”, al justificar los hechos, en términos que resonaban poco menos que a aplauso público. Éste el contenido latente en la frase del Jefe del Estado: “El pueblo (sus milicias “originarias”) no aguanta ni perdona a los traidores” (Cárdenas, porque discrepa con su Gobierno y el modelo ultraindigenista de Estado que quiere imponer).

El Diario

Expulsiones injustificadas

El gobierno del presidente Evo Morales Aima sigue cometiendo errores en asuntos de Estado, tanto de carácter interno como externo, que afectan la imagen de Bolivia. El Primer Mandatario se limita a justificar actos de corrupción que cometen sus allegados, por ejemplo se resiste a aceptar que desde Palacio de Gobierno salió la orden que autorizó el paso de 33 camiones de alto tonelaje, cargados con mercadería de contrabando. También justifica los delitos que cometen dirigentes y militantes de su partido, como el asalto y toma de la vivienda de Víctor Hugo Cárdenas y la posterior agresión a su esposa, sus dos hijos, un sobrino y su hermana política. No condena que dirigentes masistas y sus familiares formen parte de la actividad del narcotráfico, como el clan Terán, sin dejar de mencionar el incremento de las plantaciones de coca ilegal. Estas y otras equivocaciones son permanentes, sin olvidar los ataques a los medios de comunicación y a los periodistas, a la Iglesia Católica, al Poder Judicial, a las autoridades legalmente constituidas, como el Contralor de la República o el Prefecto de Pando. Ni qué decir de la confrontación que busca con los comités cívicos y prefectos de Beni, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija, departamentos que no son afines al Ejecutivo. Todo indica que el Jefe de Estado no conoce la realidad nacional, porque el entorno que existe a su alrededor se lo impide.

Es deplorable la forma cómo el gobierno del Movimiento Al Socialismo maneja la diplomacia y las relaciones internacionales, olvidando que en el contexto mundial tuvo aceptación el triunfo electoral del indígena Evo Morales, obteniendo reconocimiento a su mandato y compromisos de cooperación. Todo esto se está desmoronando, porque los gobernantes actúan precipitadamente, como producto de la soberbia, el triunfalismo y el desconocimiento de la realidad nacional, sin respeto y consideración no sólo a los bolivianos que se alinean en la oposición, sino fundamentalmente a los representantes diplomáticos de los gobiernos con los que el país mantiene relaciones, además de organizaciones e instituciones que nos proporcionan asistencia técnica y económica en diferentes rubros.

Como nunca antes, el actual Gobierno está empecinado en cuestionar y observar el comportamiento de diplomáticos y funcionarios de alto rango de determinadas legaciones diplomáticas, como también de instituciones de un régimen que no goza del aprecio del Gobierno boliviano. Recordamos la expulsión del Embajador de Estados Unidos en Bolivia, posteriormente se ordenó la salida del país de agencias de cooperación como la DEA y USAID: la primera, encargada de prestar asesoramiento técnico-científico y cooperación económica para la lucha contra el narcotráfico y la erradicación de miles de hectáreas ilegales de coca; la segunda, brindaba asistencia para la ejecución de diversos proyectos, asesoramiento técnico para desarrollo alternativo, programas específicos de agricultura, coordinación en la distribución y manejo de algunas donaciones que llegaban a Bolivia procedentes del Gobierno y del pueblo de EEUU. También el Ejecutivo hizo críticas que no correspondían a la forma de actuar de los presidentes Alán García, Alvaro Uribe y Luiz Inacio “Lula” Da Silva, de Perú, Colombia y Brasil, respectivamente, hasta llegar al colmo de haber recibido una fuerte reprimenda de su colega brasileño y reacciones vehementes tanto del peruano como del colombiano, lo que demuestra la carencia de una adecuada política de relaciones exteriores.

Recientemente el Gobierno declaró “persona no grata” a un funcionario de alto rango de la Embajada de Estados Unidos, argumentando una serie de irregularidades cometidas por el afectado, sobre todo por haber mantenido reuniones con gente no afín al MAS. Como en el caso del embajador estadounidense expulsado, el Ejecutivo hizo una serie de sindicaciones que no han podido ser probadas y todo indica que se trata de simples suposiciones, lo que hace quedar en ridículo a los denunciantes. Otra acusación oficialista es que la Agencia Central de Inteligencia de EEUU está infiltrada en el Gobierno boliviano, llegándose al extremo de sindicar a un ex policía de ser miembro de la CIA y que fue quien orquestó la corrupción en YPFB. Pero pasado el anuncio escandaloso, hecha la representación ante la justicia ordinaria, no se presentaron las pruebas, únicamente algunos recortes de periódicos, sobre el supuesto agente de Inteligencia. Esta forma de actuar con improvisación lleva por mal camino al Gobierno.

Por ello uno de los países afectados con estas medidas desproporcionadas puede revisar las relaciones que mantiene con Bolivia, por las arbitrariedades que está cometiendo el Ejecutivo. Los gobernantes tienen que entender que están haciendo un grave daño a Bolivia, porque en el contexto internacional causa sorpresa la forma como actúan, sobre todo por esas expulsiones injustificadas.

Los Tiempos y Correo del Sur

El MAS, entre el orgullo y la vergüenza

Quienes en nombre de su lealtad al “proceso de cambio” socapan con su silencio tanta barbaridad, deben sentir vergüenza pero también miedo

El pasado sábado 7 de marzo, cuando una turba de “indígenas campesinos originarios” se apoderó de la casa de Víctor Hugo Cárdenas, flageló a su esposa, a su hija y a su hijo, y decidió desterrarlos “definitivamente” del lugar en que nacieron y vivieron ellos y sus antepasados, se trazó una muy honda línea más allá de la cual ya no hay lugar para las interpretaciones ingenuas sobre el rumbo al que se encamina nuestro país.

Ese día, la turbamulta ebria de odio, primero, y durante los siguientes días el gobierno en pleno, encabezado por el Presidente y Vicepresidente del “Estado Plurinacional”, con todos sus ministros y principales colaboradores, despejaron toda duda, si todavía cabía alguna, sobre la naturaleza del régimen que se proponen instaurar.

Conviene recordar, al respecto, que fue el actual Vicepresidente, cuando todavía se hacía llamar “Qhananchiri”, (“el que da luz”), y no necesitaba guardar las apariencias, quien anticipó lo que hoy ocurre. Al exponer en una de sus obras su pensamiento político y al evaluar los frutos de los muchos años de su vida dedicados a sentar en el altiplano paceño las bases de su realización, decía: “Achacachi es “la capital de una republiqueta indígena (…) que ha replanteado el significado de lo que se ha de entender como democracia y república en las siguientes décadas”.

Razones para estar orgulloso no le faltan al Vicepresidente, pues debe reconocerse que no son muchos los ideólogos que alcanzaron tanto éxito al llevar de la teoría a la práctica su visión política.

No se puede decir lo mismo, en cambio, de quienes con buena fe brindaron durante los últimos años —y en algunos casos todavía brindan— su apoyo al proyecto político del MAS creyendo sincera pero ingenuamente que se trata de una fórmula para construir un país mejor, más democrático, más justo. Quienes depositaron sus esperanzas en la “revolución democrática y cultural” y aún no han perdido la capacidad de indignarse al ver sus primeros resultados, no pueden sentir orgullo, sino vergüenza y frustración.

Deben avergonzarse, por ejemplo, quienes antes defendían los derechos humanos y hoy guardan un ensordecedor silencio. O los defensores de la niñez y la adolescencia que callan cuando niños y adolescentes son flagelados por ser hijos de un líder opositor. O las feministas que miran a otro lado cuando una ex diputada del MAS es flagelada por “traidora”.

Quienes en nombre de su lealtad al “proceso de cambio” socapan con su silencio tanta barbaridad, deben sentir vergüenza pero también miedo. Mucho miedo, porque ya deben saber el trato que les espera si un día su conciencia les impide seguir al lado de quienes hoy nos piden que nos “vayamos acostumbrando” (…) “a lo que se ha de entender como democracia y república en las siguientes décadas”.

La Estrella del Oriente

Función Económica Social de los ministerios

Quienes creen que lo que Evo Morales ha hecho ayer en Alto Parapetí es un simple show, están muy equivocados, porque es el inicio de un difícil trance que tendrá que vivir y saber hacerle frente el pueblo de Bolivia.

La entrega de tierras es sólo la punta del ovillo de todo el proceso con el que no se eliminará el latifundio sino que se atacará al sistema productivo y la cultura de los pueblos que conforman Bolivia, para ingresar a aquello que es en realidad el Estado plurinacional y que tiene muy poco que ver con la cultura, pero tiene todo que ver con la ideología que se intenta implantar.

Si bien era necesario implementar cambios sociales para que exista una redistribución de los recursos más equitativa, pero en la gestión política del presente Gobierno no es esto lo que está camino a ocurrir sino que ésta es la pantalla sobre la que se está creando una cortina de humo para lograr un capitalismo de Estado en el que todas las riquezas queden en manos del grupo cercano que acompaña al Presidente.

Claro que se repartirán toda la tierra que encuentren a cuenta del latifundio, porque esta es la medida distractiva que necesitan tomar para dejar por sentado que se están haciendo cambios profundos y que con esa viveza criolla que caracteriza a los caudillos les llevará a afirmar que ya estos cambios se están haciendo, pero que el proceso necesita por lo menos diez años para que se haga efectivo, tal como lo planteó Chávez en Venezuela y hoy lo plantean sin empacho los ministros y hasta el mismo Presidente de los bolivianos.

La repartija de la tierra es el telón de fondo de la política expropiatoria que no necesita que un fundo tenga 5.000 hectáreas, ni que cumpla o no la función económica social en materia de productividad, puesto que el Gobierno puede pasar a esgrimir en cualquier momento el incumplimiento de la FES por servidumbre o esclavitud.

Después de las tierras seguirán las casas, los lotes y por último quizás también se expropien los autos y también los hijos para que éstos sean del sistema y no de sus padres.

Lo que está en juego y no es show, es la política expropiadora a la que además de las tierras del Alto Parapetí ahora ha tomado un ribete especial con la expropiación de casas de opositores y de quienes los comunitarios declaren enemigos del Gobierno. Esto y no otra cosa ha ocurrido con la casa del vicepresidente Cárdenas y tengámoslo por seguro que si bien este es el primer caso sin duda no será el último.

El Presidente estuvo bajo fuertes medidas de seguridad policial y militar, porque todavía les teme a los cambas y los sigue probando con lo que éstos llaman sus shows, pero sabemos así mismo que no por nada ha comenzado a tocarles el trasero, con una expropiación que no es legal desde donde quiera que se la mire porque las haciendas que está vulnerando cumplían ampliamente la función productiva y por lo tanto le inventaron la novela de ‘la Cándida Eréndida y su abuela, la desalmada’ para expropiarlas a cuenta de servidumbre, cuando en realidad lo que hay en el Chaco y en toda Bolivia, más ahora que antes, es una soberana pobreza en medio del saqueo de su clase gobernante, que sigue engordando a cuenta de corrupción y robo al Estado.

Si Evo fuera justo y digno, si fuera un dignatario en el verdadero sentido de la palabra, les expropiara los ministerios jugosos a sus ministros que están robando sin control y a quienes les ha dado amplio margen de maniobras para usar los dineros del Estado, con los que hacen jaujas y cumplen a rajatabla la función económica social que le han encomendado que cumplan desde sus ministerios, que tienen como principal función la de succionarse el país.

Esta es la expropiación que hoy debió hacer el Presidente frente a los guaraníes, los aymaras, los quechuas y los mestizos, que están cansados que todos los gobiernos vengan con prédicas, con mentiras, con engaños y que se lo metan el país en sus bolsillos agujereados.

Lo que sí fue show, fue todo ese miliquerío sin ton ni son, todos esos milicos que nunca ganaron una guerra ni la ganarán jamás a los verdaderos enemigos de la patria, porque sólo saben hacerse los machos cuando tienen que hacer el triste papel de represores de su propio pueblo y cuadrarse frente a los que les tiran mendrugos. Lo que sí fue show fue el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, que estaba, en una región en la que se soportaban 40 grados de temperatura, vestido de paramilitar habanero, con camisa tipo safari y gorra con orejeras para cruzar el desierto de sus delirios seguramente.

Los pobres guaraníes hicieron el papel de ovejitos hambrientos de atención que acuden a recibir la comida de los lobos que sólo los están engordando para luego darse con ellos un suculento manjar.

El Mundo

Los del pasado quedaron de cuadripléjicos

La corrupción de algunos funcionarios de este gobierno es un record indiscutible en la historia boliviana, los hechos conocidos hasta hoy dejan al MNR. MIR, ADN, UCS y los infaltables militares como una especie de: “bebés de pechos” frente a carteles que hoy encontraron el estado como la forma más fácil de saquear y dilapidar los fondos públicos (que nunca dejan de enriquecer a los que llegan), el MNR tenía la forma peculiar de robar a plazo fijo en cómodas cuotas que no despierten sospechas, el MIR buscó y cayó en formas más groseras, los militares en el gobierno se limitaban a las aduanas, a las licitaciones de armamento, y la ADN y otros usaron las elegantes coimas procedentes de la construcción de carreteras, caminos y puentes más compras de suministros al aparato estatal, el MAS por las acciones hasta hoy descubiertas aventajan con unos cientos de kilómetros a sus antecesores en los cargos que hoy ocupan, me imagino que ninguno de ellos (los del pasado) se hubieran imaginado las habilidades de los corruptos de hoy como vender pasaportes que costaban $US. 100 y los vendieron en $US. 800, no se les hubiera ocurrido licitar una obra en 86 millones de dólares a una empresa “trucha” (falsa), comprar una máquina en 26 millones de dólares cuando su precio en el mercado internacional es de 12 millones (caso fábrica de papel en el chapare), el tema de los sobreprecios en la construcción de carreteras, la malversación de fondos con el famoso tema de la revalorizaciones de la Bimodal $US. 400.000 mensual que no ingresan al TGN ni al Ministerio de Obras Públicas y todo lo que no se sabe.

En el pasado los símbolos de la corrupción eran personajes que dejaron escritos sus nombres en letras de piedra como: Bacovich en el servicio de caminos, Mauricio Gonzales en YPFB que hoy parecen ser simples cuadripléjicos frente a Patricia Ballivián o Santos Ramírez que en el pasado no tenían no se les conocía antecedentes algunos, de hombres que mantuvieron una línea ideológica y de una honradez que ganaron respeto de sus adversarios y sirvieron de ejemplo a generaciones como el patético caso del Concejal Peredo dueño de los permisos a las casas de juego, amo de la Bimodal y señor de las anteriores administraciones de migración, parece que solo aguardaban la oportunidad para tomar las instituciones del estado por asalto. Hoy espectamos el caso del actual superintendente de hidrocarburos a quien el fiscal Mollinedo encontró indicios de responsabilidad en la compra de una empresa engarrafadora y no hace la más mínima muestra de renunciar para que la justicia lo pueda investigar y encarcelar, si Santos está preso sus allegados más íntimos lo deberían estar acompañando ya que fueron los operadores de cada hecho de los que hoy se acusa a Ramírez, quien no es el único ni el inventor de la corrupción, sino fue simplemente el chivo expiatorio de un caso evidente, donde las otras estructuras que tienen cercado al Presidente colaboraron en apresurar su destitución y sacarlo del medio, ya que indiscutiblemente este hombre que hoy pasa sus noches en San Pedro organizaba una estructura que le garantizaría el manejo de la estructura del partido para las elecciones de diciembre.

No existe gobierno que dure 100 años ni nadie que lo soporte, en Bolivia el MNR que hizo la única revolución de América del sur, que destruyeron la rosca minero feudal, que crearon una burguesía nacional, que le devolvieron al indio la condición de ser humano, que nacionalizaron las minas, que hicieron la reforma agraria e implantaron el voto universal que tenía en sus filas a los mas lucidos intelectuales de la segunda mitad del siglo pasado, llegó a mantenerse en el poder simplemente 12 años, la narco-dictadura de García Meza luego de los crímenes políticos de los políticos más respetables pudo mantenerse en el poder simplemente un año. Por eso no alcanzamos a comprender la soberbia y egocentrismo de este gobierno que hace esfuerzo cada día para evitar enmarcarse en los pilares de un estado democrático, que destruyó la institucionalidad del país, que siembra semillas de odio y resentimiento por donde camina y toca, no hacen la mas mínima reflexión de cómo dejaran el país; cuando esta oscura noche empiece a amanecer, donde se esconderán, las cárceles no alcanzarán para colocarlos, o no se pusieron a pensar que en algún momento el poder eterno se evaporará como cuando desapareció la juventud eterna de Dorian Gray.

El Nacional

Proteccionismo y malos ejemplos

Desde niños hemos escuchado a nuestros padres y maestros que lo mejor para todos es impartir la educación con el buen ejemplo. Sin embargo esa idea hoy se ha tergiversado ya que la practican a la inversa cuando se trata de mostrar un predominio político para asustar a los opositores o para hacerse de bienes ajenos, utilizando la violencia y siguiendo el ejemplo de los más connotados líderes de una determinada corriente partidista.

Hacer política debe considerarse un arte, hacer politiquería es una terrible y muy peligrosa desviación del sentido socio cultural de un pueblo mal aleccionado por sus líderes, que dan ejemplos negativos con sus actos y con sus declaraciones que en la mayoría de los casos se convierten en abierta instigación a la violencia, al odio y al racismo.

No es casual lo que está ocurriendo de un tiempo a ésta parte, las amenazas de los llamados “movimientos sociales” se ponen en práctica y las turbas de militantes aleccionados se estrellan contra ciudadanos específicos, atacan, invaden la propiedad privada, destrozan lo que encuentran a su paso y castigan con inusitada violencia, a pobladores generalmente indefensos, como son las mujeres y los niños, aplicando una mal llamada “justicia comunitaria”.

Los ciudadanos bolivianos estamos viviendo un tiempo muy peligroso, que lamentablemente se complica con discursos, arengas y declaraciones de las más altas autoridades del país, y de los políticos oficialistas que parecen solazarse con los actos intimidatorios de sus bases como sucedió en los anteriores días.

En el caso del apaleamiento a los familiares y toma de la vivienda del ex vicepresidente de la República, Víctor Hugo Cárdenas, hubo muchas de esas opiniones, pero increíblemente las que correspondían a los altos funcionarios estatales minimizaron los hechos y hasta los calificaron de un show político para promover una supuesta candidatura, se mezclaron las ideas y un viceministro salió por la tangente culpando a la víctima y alterando el orden de los hechos, inclusive aprovechó la circunstancia para promover indirectamente otras represalias.

Hay que repetirlo, el mal ejemplo cunde rápidamente, de manera especial entre quienes son manejables con discursos y promesas, sin pensar seriamente en las consecuencias de sus actos y en la deprimente imagen que se muestra en el exterior de un país en el que de la manera más corriente se vulneran derechos de las personas y se violan las leyes, inclusive la recientemente aprobada Constitución Política.

No se puede, no se debe incitar a la violencia para acallar a quienes disienten con los actos del gobierno y de sus funcionarios; no puede permitirse que con el pretexto de la “justicia originaria” se declare hasta un estado de sitio comunitario y en el marco de esa vigencia se atropelle la dignidad de las personas y la propiedad privada. Es tiempo de poner remedio a estos malos ejemplos.

La manera más correcta de erradicar estos actos malos es demostrando con ejemplos lo que se desea y lo que se pregona. Tienen que ser nuestros gobernantes quienes hagan cumplir las leyes para sancionar a los infractores, pero es más importante que demuestren su predisposición solidaria de respeto a los derechos humanos, a la democracia, evitando que continúen los ataques contra quienes tienen el derecho de pensar de manera diferente.