Susana Seleme Antelo
Lo sabíamos, pero ya oficialmente sabemos que los votos nulos les ganaron a los válidos en las elecciones para conformar los nuevos órganos del Poder Judicial. Con una diferencia porcentual de 42.60% votos nulos, más los blancos que sumaron 15.07% y el ausentismo que tuvo un techo algo superior a 20%, contra 42.34 % válidos ¿de qué ‘empate técnico’ habla el oficialismo, tan reacio a aceptar sus derrotas?
A título de “profundización de la democracia”, Evo Morales, Álvaro García Linera y sus hombres nos han llevado a votar siete veces en seis años de gobierno. Lo que han provocado, no es esa ‘profundización, sino todo lo contrario: la agonía de una sana democracia electoral por múltiples indicios de fraude y burlas al derecho civil de expresar libremente opciones y adhesiones políticas. Así es como munícipes, gobernadores y asambleístas opositores nacionales o departamentales, habiendo ganado con mayoría de votos ‘limpios’, han sido pasados por ‘guillotinas judiciales’ -a falta de las que cortan cabezas- o están en cárceles para que Morales y sus hombres usufructúen del poder total sin estorbos y sin fecha de retiro en el calendario.
Si como anuncia el Servicio General de Identificación de Personas (SEGIP) “Al menos 2,4 millones de registros no tienen relación lógica y de contenido… 1,7 millones de registros contienen errores de identidad; 630.000 corresponden a personas que comparten el mismo número de documento de identidad… hay alrededor de 300.000 números duplicados o triplicados y alguno, en un caso extremo, asignado a 24 personas”, luego de la millonaria parafernalia del ‘patrón biométrico’, ¿qué ha hecho el llamado ‘gobierno de cambio’ con nuestros votos? ¿De verdad obtuvo Evo Morales casi 64 % de votos ‘limpios’ en su reelección en diciembre 2009? ¿Y qué del 61.43 % del referéndum sobre la Constitución Política del Estado? ¿Cuán reales son esos datos? ¿Qué pasó y qué pasa con la democracia del voto en Bolivia? ¿Somos un país de ciudadanos duplicados y triplicados?
¡Por favor, no somos idiotas y merecemos una explicación!
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La última parodia electorera para la supuesta elección de nuevos administradores de justicia sumó el calificativo de “inédita”. Sí, inédita porque más que una elección fue la obligación de cohonestar la elección de los ya elegidos en la Asamblea Legislativa que el MAS domina con dos tercios. Pero hoy, más nunca antes y luego de que el SEGIP informara sobre tantas irregularidades, me asiste el derecho a pensar que son dos tercios inflados a gusto y placer de los autócratas y prorroguistas del MAS. La pasada jornada electoral fue inédita, claro que sí, porque no hubo competencia democrática entre varias candidatas y candidatos, sino entre los únicos elegidos de antemano por el oficialismo en la instancia legislativa. Inédita también por la asimetría de representación regional a favor de los candidatos de occidente, donde el partido de gobierno tiene mayor aceptación política. Inédita además, pues ninguno de los elegidos/elegidas pudo hacer campaña para hacerse conocer con la ciudadanía, estuvieron sometidos al silencio y la gente fue a ‘votar’ por ilustres desconocidos. Inédita por último, por la prohibición expresa, pasible de multa, a periodistas y medios de comunicación a entrevistarlos/las. Elecciones inéditas sin duda.
Las trampas de la legalidad
No dudo de que el primer triunfo electoral de Evo Morales en diciembre de 2005, fue limpio, quizás porque era la tendencia de la sociedad indignada entonces por el manejo político y económico desde la recuperación de la democracia en 1982. Ese limpio triunfo de 2005 lo respalda aquella Corte Nacional Electoral independiente y proba, no como ahora, con otro nombre y apéndice del poder político.
Sin embargo, llegados a este 2011, son varias las preguntas de rigor. Una de ellas tiene que ver con la legalidad con la que se reprodujo Morales en el poder político para el ejercicio de la presidencia del nuevo Estado Pluri bochornos, en 2009, y si esa legalidad estuvo dada por el cumplimiento de normas electorales democráticas. Vale decir, si los votos obtenidos por Morales, sus hombres y MAS no surgieron de la dudosa procedencia del voto con trampas o inducidos por compra-venta de favores políticos o prebendas de cualquier tipo. ¿Cuán legal es ese poder político sospechoso y sospechado de reiterados fraudes electorales y, en ese orden, sobre qué bases se puede hablar de legitimidad social y política?
¿Cuán legales pueden ser las tantas ‘victorias oficialistas’ impuestas, como el NO en sus reductos políticos: La Paz, Oruro, Potosí, parte de Chuquisaca y Cochabamba cuando votamos por los referéndums autonómicos hace más de tres años? En cambio el SÍ ganó limpia abrumadoramente en la entonces llamada Media Luna: Pando, Beni Santa Cruz y Tarija, en el Oriente. Y si las dudas cunden ¿podrá ser legítimo un gobierno cuya legalidad democrática en términos de votos ‘limpios’ está con más sombras que luces? ¿Cuán legitimo y legal puede ser un poder político que ha hecho gala de violaciones a los Derechos Humanos, con muertes incluidas, cárcel, tortura persecución y exilios a cientos de ciudadanos opositores políticos y cívicos al quehacer autoritario y sectario de su gobierno? ¿Cuán legal y legítimo, si a la par de la violación a los DD.HH, los Derechos Civiles de pueblos indígenas y de toda la ciudadanía son menoscabados? Si preguntáramos sin temores y las respuestas fuesen también sin temores a represalias, este gobierno debe ser calificado como una dictadura revestida de democracia electorera.
Morales y sus hombres solo favorecen de sus clientes políticos como los del invento antropológico ‘interculturales’, invento en el que se inscriben los campesinos cocaleros y los informales que oscilan ente lo legal e ilegal. ¿Por qué llamarlos ‘interculturales’? Porque no había otra forma de camuflar sus actividades poco santas: los cocaleros cultivan 23.000 hectáreas de coca excedentaria, mientras las permitas para usos y costumbres son 12.000. El resto –nada menos que 23.000 Ha.- va a engrosar la plusvalía de la economía política de la cocaína y con ella la cadena de contrabando, informalidad, tráfico, ilegalidad, crimen y delincuencia de toda especie.
El director general de Control de Hoja de Coca e Industrialización (Digcoin), Luis Cutipa, afirmó a radio Erbol que tienen “serios problemas en el control de la circulación de esta planta, principalmente, en el Chapare cochabambino”. Según ONUDD -oficina de control de estupefacientes y el delito de Naciones Unidas, “El 93% de la coca del Chapare y el 65% de la producción nacional no va al mercado legal”, y lo corrobora el propio Evo Morales cuando dice que “La coca excedentaria del Chapare es desviada al narcotráfico” y por eso “hay que ordenar su erradicación”, según la misma radio. Recuerdo -para no olvidar el detalle- que Morales es presidente también de las 6 federaciones de productoras de hoja de coca de esa zona precisamente, desde hace casi dos décadas.
Otra vez el TIPNIS
¿Cuán legitimo y legal puede ser este gobierno electorero que luego de haber hostigado permanentemente a periodistas y medios de comunicación -Evo Morales los llama sus ‘enemigos’- pretende, además, poner mordazas a la libertad de expresión y al pensamiento crítico? Hoy los culpa de haber manipulado la información sobre la represión física y psicológica a mujeres, niñas, niños, jóvenes y hombres participantes en la marcha pacífica de indígenas en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) y contra la carretera que atraviesa su corazón. Tampoco admite que fue él quien tomó la decisión de ‘intervenir-reprimir’ a los integrantes de la marcha para evitar que lleguen a la sede de gobierno. Nadie del ejecutivo lo asume, se pasan la pelota de Herodes a Pilatos, culpan a los policías y su comandante está preso como autor material, pero la decisión política sigue buscando al autor intelectual.
Para Doña Justa Cabrera, la conocida dirigente la Confederación de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), quien tomo la decisión de reprimir no fue otro que el presidente, aunque la transmisión verbal fuera dada por el ‘Vice’ al ministro, este a un viceministro, este a otro y así hasta llegar al comandante de la policía. Otros dirigentes afirman que todo estaba planificado como lo confirma la presencia anticipada de autobuses para trasladar a algunos indígenas a sus lugares de origen, aviones militares para otros, las cachiporras, manillas y hasta las cintas adhesivas que luego usarían para ‘callarlos’, reprimirlos y espantar a mujeres y niños como a animales.
La Fiscalía General del Estado dio a conocer los nombres de periodistas, camarógrafos y personal de apoyo que realizaron la cobertura a la marcha indígena por la preservación del TIPNIS, particularmente durante el momento en que se produjo la intervención policial con las secuelas ya conocidas. El requerimiento llegó a medios de Santa La Paz, Cochabamba y Santa Cruz con una la lista como ‘testigos de cargo’ en la investigación sobre la represión ocurrida el 25 de septiembre en Yucumo. El objetivo es que proporcionen material fotográfico y audiovisual en un plazo de 72 horas. La petición del fiscal fue rechazada por los gremios periodísticos de todo el país por considerar que es un acto de amedrentamiento a los comunicadores.
Para Tuffí Aré, jefe de redacción del matutino cruceño El Deber, “Nuestra actividad es informar. Los personeros de Gobierno tienen las mismas imágenes que tenemos nosotros”. El mismo periódico señala en su editorial del pasado 12 de noviembre que es “inocultable el resentimiento que en el jefe de Estado dejaron los indígenas defensores del TIPNIS. En varias de sus últimas declaraciones sobre el tema salió a relucir aquel mal talante presidencial… Evo Morales no les perdona ni les perdonará la derrota que le infligieron los corajudos e irreductibles marchistas ni la pérdida en imagen que le causaron en la comunidad internacional”. De yapa el presidente acusa a los pueblos indígenas del Oriente y de la Amazonía de haberlo “engañado” y engañado al mundo para anular la construcción de la carretera “transcocaleira”, así calificada en Brasil, y de haberlo “obligado” a decretar su suspensión.
Con los resultados del embuste electorero nada favorables, y aun sin reponerse de la derrota a sus veleidades de ‘guía espiritual de los pueblos indígena de América’ y defensor de la madre tierra, Morales se pone en acción defensiva y ofensiva. Como señala el analista Ovidio Roca pone en práctica la ‘geopolítica cocalera’ y moviliza a movimientos sociales, cocaleros-interculturales, indígenas contra indígenas para que la aquella conocida como la ‘Ley Corta’ sea revisada y exige a los suyos entrar ‘en estado de emergencia’ contra la ley que él mismo decretó, para derogarla. Tamaña inconsistencia desnuda una vez más su soberbia e impostura, tanta que hace del término ‘intangible’ en venganza tangible: los indígenas yuracaré, chimanes y mojeños nada podrán explotar en su ancestral territorio. Como si fuera poco, militariza la zona, suspenden las actividades y licencias turísticas y de otro tipo existentes en el lugar, algunas de ellas en acuerdo con los indígenas. Para Adolfo Chávez, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (CIDOB) “es un revanchismo… y ahora que se ha descubierto que los pueblos indígenas no somos tomados en cuenta, el presidente está ahogando el desarrollo para matar de hambre a los pueblos indígenas”.
Otros dirigentes al observar que sus aportes a la reglamentación de la ley corta que cancela la construcción de la carretera -preservación, conservación y aprovechamiento sostenible en ese territorio amazónico, y que la intangibilidad se aplique para terceros y no para iniciativas propias, o proyectos de ecoturismo y de revalorización cultural- no son tomados en cuenta determinaron redactar una propia para presentarla a la Asamblea Plurinacional.
El dirigente de la CIDOB, Lázaro Taco, manifestó que “No habido voluntad política de parte del gobierno para ver las observaciones que habíamos hecho al reglamento… por eso, hemos decido replegarnos a nuestras comunidades, a nuestro territorio para explicar e informar a nuestros hermanos. El Presidente busca como recobrar su popularidad, puede hacer muchos malabares. El pueblo, el país es consciente del doble discurso que realiza, ya no le cree a la mayoría que les acompañan y es por eso que está desesperado y está incurriendo en el error de este tipo, campaña de revertir la ley corta”, registró Radio Noticia de Santa Cruz.
El TIPNIS, puesto otra vez en el tapete, exige como ayer, una movilización nacional e internacional a su favor. Es decir a favor de mundo, ahora que se sabe con certeza que la depredación de la naturaleza, de bosques y selvas, aumentará el calentamiento global en 4 grados centígrados en los próximos 25-50 años.
Morales puede seguir comprando conciencias a punta de demagogia y populismo, sumando votos nada limpios y acumulando poder, mucho poder mientras pueda, como Daniel Ortega en Nicaragua, y la sociedad se lo permita. Pero ya no tiene ni tendrá legalidad democrática ni legitimidad social y política.
Semanario Uno – Santa Cruz