El fiscal José Ponce indicó que no entregará documentos de la indagación a la Defensoría del Pueblo. Villena pidió al Fiscal General la destitución de la fiscal Yañíquez.
Operativo. Un policía detiene a un indígena en la represión del 25 de septiembre en Yucumo.
La Defensoría y la Fiscalía, en conflicto por la investigación
La Razón – Ernesto Calizaya
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El fiscal José Ponce informó ayer de que no entregará a la Defensoría del Pueblo documentos sobre la investigación de la represión policial a los indígenas, porque está facultado por ley a proveer sólo informes. La Defensoría exige la destitución de la fiscal de Distrito, Betty Yañíquez, por no facilitar su trabajo de indagación.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, señaló el 16 de noviembre que solicitó a la Fiscalía de La Paz la declaración del suspendido subcomandante de la Policía, general Óscar Muñoz, sobre la represión del 25 de septiembre en Yucumo, para elaborar un informe sobre lo sucedido ese día.
Ponce afirmó que el Defensor tiene derecho a solicitar informes que colaboren con su pesquisa. “Pedir informes está dentro de las facultades del Defensor, pero el pedir fotocopias de las declaraciones sale del marco de sus atribuciones”, expresó.
Fuentes de la Defensoría respondieron ayer que no polemizarán sobre el tema, pero explicaron que mantienen la posición que manifestaron el 16 de noviembre. En ese entonces, solicitaron al fiscal general, Mario Uribe, procesar y destituir a Yañíquez por incumplimiento de obligaciones y obstaculización del trabajo de la Defensoría. Muñoz fue identificado por el Ministerio Público como el autor de la orden operativa para intervenir la marcha en Yucumo. El abogado del acusado, Héctor Tapia, sostuvo en reiteradas ocasiones que su cliente actuó bajo órdenes de La Paz, aunque no identificó al que dio la orden.
Un contingente de al menos 500 policías intervino la movilización. Los uniformados golpearon, amordazaron y maniataron con cinta adhesiva a los indígenas. El exviceministro de Gobierno Marcos Farfán reveló ante la Fiscalía que Muñoz dio la orden operativa y que la actuación policial no contó con autorización fiscal.
El ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, suspendió el 6 de octubre a Muñoz del cargo de subcomandante para que asuma defensa por su participación en lo sucedido en Yucumo. La justicia ordenó el 8 de noviembre la detención domiciliaria del general.
El artículo 223 de la Constitución Política del Estado y el 25 de la Ley 1818 del Defensor del Pueblo refieren que las autoridades están obligadas a colaborar a la Defensoría del Pueblo en sus pesquisas, además de que la respuesta debe ser inmediata. Yañíquez aclaró el viernes que están obligados sólo a remitir informes.
A la indagación iniciada en La Paz a denuncia del jefe de los Sin Miedo, Juan del Granado, se sumará la investigación iniciada en Beni.
Defensoría presenta su informe hoy
La Defensoría del Pueblo programó para el viernes pasado la presentación de su informe sobre la intervención policial del 25 de septiembre, pero la misma fue suspendida porque buscaba incluir las declaraciones de Marcos Farfán y Óscar Muñoz. La cita se fijó para el lunes y tampoco se realizó. Ayer informaron que se prevé hacerlo en esta jornada.
General Muñoz pide acudir a la Fiscalía
El suspendido subcomandante de la Policía, general Óscar Muñoz, evitó ayer referirse al proceso que encamina la Fiscalía en su contra y pidió a La Razón remitirse a la investigación para conocer detalles sobre lo ocurrido en la intervención a la marcha indígena en Yucumo.
“¿Por qué me hablan a mí?, el fiscal tiene que hablar”, respondió escuetamente en un contacto telefónico con este medio. También evitó referirse a la imputación fiscal en su contra por delitos como genocidio.
Muñoz fue identificado como el autor de la orden operativa para la intervención a la marcha indígena el 25 de septiembre. Los policías golpearon, maniataron y amordazaron con cinta adhesiva a los caminantes.
El exviceministro de Gobierno Marcos Farfán reveló a la Fiscalía que el general comandó el operativo y que incluso instruyó el uso de la cinta adhesiva. Asimismo, reveló que la intervención estaba prevista para el lunes 26, sin embargo, el general le comunicó vía teléfono la tarde del 25 que se precipitó el operativo y que tenía orden de La Paz.
El ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, suspendió el 6 de octubre a Muñoz del puesto de subcomandante de la Policía para que asuma defensa en la indagación sobre lo ocurrido en Yucumo. La justicia ordenó el 9 de noviembre la detención domiciliaria del general.
La Razón logró comunicarse ayer con Muñoz, pero el acusado eludió responder a las preguntas y pidió remitirse a la Fiscalía. El fiscal José Ponce está a cargo de la pesquisa y explicó en reiteradas ocasiones que no dará detalles sobre el proceso.