Vicepresidente García dice que es necesario contar con un acuerdo entre los sectores de Cochabamba y Beni. Dirigentes de la marcha advierten conflictos. El MSM solicita aprehender a funcionarios de empresa brasileña OAS.
El Ejecutivo aún puede encaminar la carretera
La Razón – A. Melgarejo – Cochabamba
El vicepresidente Álvaro García sostuvo que el Gobierno dará paso a un eventual pedido de modificación de la ley corta para encaminar la construcción de la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, si está respaldado por un acuerdo de consenso entre las organizaciones de Cochabamba y Beni.
Encuentro. El vicepresidente García en la reunión con representantes de las juntas vecinales.
La autoridad expresó la posición poco después de un encuentro con representantes de juntas vecinales, en el que explicó la importancia y beneficios de la carretera interdepartamental, como también la aprobación y vigencia de la ley corta que vetó el paso de la obra por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
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No obstante, abrió la posibilidad de modificar la ley corta en la medida que tenga respaldo de los dos departamentos.
“A lo que ellos decidan, como hasta ahorita, nosotros cumpliremos su decisión”, anunció García, quien insistió en que la respuesta a demandas de sectores indígenas de encaminar la obra vial por el TIPNIS es: “Pónganse de acuerdo”.
El diputado masista y dirigente de la marcha indígena, Bienvenido Zacu, denunció que el Gobierno pretende dividir a los indígenas para reactivar la construcción de la carretera por su territorio. Esta posición también está contenida en las resoluciones de un encuentro del sector que declaró ‘enemigo’ al presidente Evo Morales.
Diferentes organizaciones en Cochabamba constituyeron un comité, precisamente para articular movilizaciones y otras acciones tendientes a exigir la ejecución de la obra que, según explicó el presidente Evo Morales el lunes en Trinidad, no es viable si no pasa por el parque indígena.
El gobernador de Cochabamba, el masista Edmundo Novillo, afirmó en la reunión con las juntas vecinales que el 30 de noviembre habrá una movilización a favor de la vía. “Vamos a luchar hasta que se haga realidad la construcción de esta carretera”.
La brasileña OAS está a cargo de los trabajos de construcción, divididos en tres tramos. El I y III están en construcción, mientras que el II —que debía pasar inicialmente por el parque— está paralizado en cumplimiento a la ley corta de protección del territorio, que también fue declarado intangible.
García insistió en que la suerte de la infraestructura está en manos de la población. “Si ven por conveniente que lo que se ha hecho hasta aquí (aprobación de la ley corta) esta bien, bueno, ahí nos quedamos; pero si ven por conveniente que se tiene que hacer algún tipo de modificación en las decisiones, en consenso con todos los habitantes, no sólo con un grupo, también será decisión de cochabambinos y los bolivianos”, sostuvo.
Añadió que, incluso, hay diferencias entre los dirigentes y las bases indígenas respecto a la declaratoria de intangible del parque, porque no hubo un proceso de consulta previa como manda la Constitución. “Es muy grave que no hayan consultado con los directamente involucrados si convenía o no convenía colocar este concepto de intangibilidad, es un tema incluso que involucra a la Constitución, un derecho constitucional”, cuestionó.
Diferentes sectores en San Ignacio de Moxos también apoyaron la construcción de la carretera por el TIPNIS en un encuentro del 10 de noviembre con Morales. “Es decisión de ustedes que se haga esta integración caminera”, sostuvo en esa ocasión.
El alcalde de Villa Tunari, Feliciano Mamani, anunció que los miembros de las Seis Federaciones de Productores de Hoja de Coca del Trópico de Cochabamba participarán de la movilización en defensa de la carretera interdepartamental.
La diputada indígena Blanca Cartagena, representante de los habitantes del TIPNIS, advirtió que las movilizaciones buscan generar escenarios de confrontación. “El presidente Morales les ha prometido territorios sobre los territorios indígenas y por eso ellos presionan al mismo Gobierno”.
García reiteró ayer que la suerte de la carretera interdepartamental están manos de la población.
En cumbre económica
Posición
El diputado oficialista Edwin Tupa informó de que el tema TIPNIS podría ser considerado en la cumbre económica de diciembre. “Deberíamos ingresar en un gran diálogo, y en una discusión seria”.
Zacu: Cambiar la ley va en contra de los indígenas
El diputado indígena por Santa Cruz, Bienvenido Zacu, aseguró que pretender modificar la ley corta de defensa del TIPNIS es ir en contra de los indígenas, por lo que acusó al presidente Evo Morales de promover la división del movimiento indígena con la insistencia en la construcción del tramo II por el parque.
Morales afirmó el lunes en Trinidad que no hay otra opción que cruzar por medio del TIPNIS para garantizar la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. En octubre y tras la marcha indígena de Trinidad a La Paz, el Mandatario promulgó la Ley 180 que veta la construcción de la obra por el territorio indígena.
“Buscar modificar la ley es ir en contra de los indígenas. El Presidente hace campaña por la carretera y divide a los indígenas”, cuestionó el legislador, quien informó que hoy sostendrán una reunión con representantes del Gobierno para definir el reglamento de la ley corta, particularmente en lo referido a la intangibilidad.
Los indígenas defienden que lo intangible llegue sólo al núcleo del parque, mientras el Gobierno dice que alcance a toda la zona.
OAS no detiene trabajos en tramos I y III
La empresa brasileña OAS no detuvo los trabajos de construcción y avanza en los primeros seis kilómetros del tramo I y ocho del tramo III de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, mientras tanto espera una definición del gobierno del presidente Evo Morales sobre el tramo II.
Una fuente de la empresa informó a La Razón de que las obras se realizan con normalidad en los primeros kilómetros. “Hay trabajos de ampliación de la vía, de drenaje y otras labores iniciales”, informó.
Las dos tramos deben empalmar con el tramo II, que hasta el momento no tiene un diseño. El trazo inicial establecía que debía pasar por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), sin embargo una marcha indígena logró la aprobación de una ley corta que veta este trazo y declara intangible el parque.
Morales afirmó el lunes en Trinidad que la carretera es inviable si no pasa por el territorio indígena, y dejó en manos de los habitantes del Beni la resolución de las posiciones contrapuestas sobre la construcción de la vía por el TIPNIS
“Tenemos entendido de que está en proceso y estudio el tramo II”, señaló la fuente que evitó hacer mayores comentarios sobre la situación derivada de la marcha indígena.
En la línea del Presidente, el vicepresidente Álvaro García informó ayer de que podrían dar paso a la modificación de la ley corta para encaminar la construcción de la carretera que unirá Cochabamba y Beni, si existe acuerdos en ambos departamentos.
El Gobierno definió en el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado 2012 renegociar “en condiciones más favorables y menos morosas” el crédito con Brasil para garantizará la carretera. Brasil concedió un crédito de 332 millones de dólares.
El MSM solicita aprehender a funcionarios de empresa OAS
Los empleados citados no fueron a declarar a la Fiscalía.
Proceso. Se los acusa por presuntas irregularidades de sobreprecio en los contratos suscritos para la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.
Aún buscan a los responsables de la intervención policial. Archivo Página Siete
Página Siete / La Paz
El Movimiento Sin Miedo (MSM) solicitó al fiscal a cargo del caso TIPNIS, José Ponce, emitir una orden de aprehensión contra los funcionarios de la empresa brasileña OAS que no fueron a la Fiscalía de Distrito de La Paz para brindar su declaración informativa.
El objetivo era esclarecer las presuntas irregularidades de sobreprecio en los contratos de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.
La solicitud de aprehensión se hizo oficial el pasado viernes 18 de noviembre mediante un memorial que fue presentado por la abogada del MSM, Aida Camacho, ante el Ministerio Público.
El memorial señala textualmente que “a efectos de continuar la investigación sobre los delitos contra la economía del Estado, solicitamos se sirva emitir la orden de aprehensión contra los funcionarios de la empresa OAS, que no concurrieron al llamado de la autoridad del Ministerio Público para que procedan a su declaración informativa”.
El frente político de oposición, a través del documento, también pidió al fiscal Ponce que solicite a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) fotocopias de las órdenes de paralización de obras de construcción de la nueva carretera, que supuestamente fueron remitidas a la empresa OAS.
Este domingo 27 de noviembre se cumplirán dos meses desde que el MSM presentó una doble demanda penal por la violenta intervención a la marcha del TIPNIS y por irregularidades de sobreprecio que se habrían cometido en los contratos firmados entre la ABC y OAS para la construcción de carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.
En el caso de los contratos con supuesto sobreprecio, los demandados son la ex presidenta de la ABC Patricia Ballivián, José Luis Zúñiga Tarifa, gerente administrativo de la ABC; Carlos Méndez Cárdenas, gerente de construcción de ABC; Andrés Castro Cucoc, consultor de ABC, y Gerardo Pereira, representante de la OAS.
Por el caso de la violenta intervención a la marcha del TIPNIS, el MSM solicitó al fiscal José Ponce, a través del memorial, que convoque de forma inmediata a declarar al ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti, al comandante de la Policía Nacional, general Jorge Renato Santiesteban, y al inspector general Edwin Foronda.
Se los acusa de ser los principales responsables de la violenta intervención policial a la marcha de indígenas de tierras bajas.
Algunos detalles del proceso
Dato. El MSM también pidió a la Fuerza Aérea que remita un informe completo a la Fiscalía sobre quién ordenó el desplazamiento de aviones a Rurrenabaque el 26 de septiembre, detallando el plan, los objetivos, el número de naves que fueron dispuestas y adjuntando la bitácora de vuelo.
Requerimiento. El fiscal del caso debería requerir también al Ministerio de Gobierno “los números de teléfono celular que fueron asignados a Sacha Sergio Llorenti, Marcos Jaime Farfán Farjat y Boris Villegas Rocabado”.
Material. La Fiscalía solicitará al Ministerio de Gobierno un informe sobre el equipamiento, material e insumos, “como cuerdas, cinta adhesiva (masking), linternas, gases lacrimógenos y otros”, con los que contaban los policías.