Una persona intentó eliminar las pruebas de cómo se hizo el disparo.
El aliado clave de YPFB se lava las manos.
El Ejecutivo pide a Gulsby continuar con la planta.
Estudio: peritos analizan el viernes 13 el lugar en el que murió O’Connor en busca de rastros de sangre
La Prensa
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Fiscal denuncia que se alteró escena de crimen de O’Connor
La prueba de Luminol permitió hallar rastros de sangre y la trayectoria del tiro
El Ministerio Público convocará a Gonzalo Aramayo por obstaculizar la acción de la justicia
Las huellas fueron borradas en presencia de algunos policías, una hora y media después del hecho.
El fiscal Luis Mamani denunció ayer que una hora y media después del asesinato del empresario tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach, alguien alteró por completo la escena del crimen al borrar las evidencias que habrían permitido conocer cómo se produjo el atraco.
El ejecutivo recibió un tiro, alrededor de las 10.25 del martes 27, cuando se hallaba en el zaguán del edificio, en el que es inquilino Gonzalo Aramayo, primo político del entonces presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, adonde llegó con 450.000 dólares retirados del Banco Unión.
El caso puso de manifiesto una serie de supuestas irregularidades en la suscripción de un contrato entre la estatal petrolera y el consorcio accidental Catler-Uniservice, que derivó en la destitución de Ramírez.
El fiscal de turno, Marcos Vidal, hizo las primeras indagaciones en el lugar y por la tarde, el caso fue tomado por Mamani, quien el último viernes ordenó un peritaje especial en el sitio.
Alrededor de las 12.00 del martes 27, después de que investigadores de la División Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) efectuaran los peritajes iniciales del caso, el zaguán fue limpiado con agua y detergente, cuando todavía estaban algunos policías en el sitio.
Mamani reveló que llegó a la escena del crimen a las 15.00 y se encontró con que había desaparecido gran parte de la evidencia para esclarecer el caso.
El representante del Ministerio Público lamentó que se hubiesen borrado evidencias tan importantes, como manchas de sangre y restos de pólvora, por lo que citará a todos los habitantes del inmueble para que expliquen, si lo hicieron, por qué ordenaron la limpieza.
Se investiga si “pudo haber una persona interesada en hacer desaparecer las pruebas y lo que queremos determinar es por qué esta persona pretendía que no queden rastros de cómo se hizo el disparo”.
Los detectives tomaron fotografías del lugar y muestras de sangre, anotaron los puntos en que había salpicaduras y otros detalles relativos al hecho, así como recibieron las declaraciones preliminares de Gonzalo Aramayo y su primo hermano, Javier Navia, quienes debían reunirse con la víctima esa mañana en ese edificio.
Parte del reguero de sangre cayó sobre un letrero luminoso, que se fabricaba en un taller situado en la planta baja del inmueble ubicado en la avenida Tejada Sorzano número 601.
Ese rastro fue dejado cuando se recogió el cuerpo moribundo de O’Connor D’Arlach para llevarlo al hospital Arco Iris, quien falleció al llegar a ese nosocomio y fue trasladado a la morgue del Hospital General, donde fue sometido a autopsia.
Con la finalidad de determinar la existencia de manchas y salpicaduras hematológicas en el suelo, gradas y paredes, bajo las órdenes del experto Jorge Toro Álvarez, la noche del viernes 13, se empleó una sustancia denominada Luminol para efectuar exámenes precisos.
Esta técnica es utilizada para la detección de sangre. Está compuesto por tres químicos en polvo que, al combinarse, se licuan. Se aplica en completa oscuridad y donde se sospecha que hay rastros hemáticos.
Al rociarse, en segundos aparecerán lugares luminosos que demuestran que allí hubo manchas del líquido vital. La sustancia se utiliza para establecer cómo ocurrieron los hechos criminales, en especial en escenas alteradas, lavadas y en sucesos registrados hace bastante tiempo.
Se puede aplicar en cualquier superficie, sea madera, cemento, tela, cartón o vidrio.
El reactivo tiene una alta sensibilidad ante la presencia de sangre, ya que es capaz de detectar cantidades muy pequeñas de hemoglobina, que es la proteína constitutiva de la sangre y que no desaparece fácilmente.
Aunque ya conoce los resultados, Mamani aseveró que todavía no puede darlos a conocer públicamente, pues debe esperar la recepción del informe oficial del perito.
Cinco imputados van a audiencia el miércoles 25
El Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal Cautelar decidió que el miércoles 25 se llevará a cabo la audiencia en la que comparecerán los imputados Miguel O’Connor D’Arlach, Mario Cossío Mac Galem y Luis Fernando Córdoba, ejecutivos de Catler-Uniservice, además de Javier Navia y Gonzalo Aramayo, representantes de la Fundación Khantati.
Sobre los tres primeros pesan imputaciones por organización criminal y cohecho pasivo, en tanto que los dos últimos, parientes políticos del ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez, son sindicados del primer delito y de cohecho propio en el grado de complicidad, por lo que la Fiscalía solicitó la detención preventiva de las cinco personas.
La juez Marcela Siles presidirá la audiencia en cuestión, después de que la Sala Penal Tercera de la Corte de La Paz declarara improcedente una recusación planteada por el Ministerio de Transparencia.
Las autoridades de esta cartera consideraron que Siles no había actuado con la suficiente firmeza al conocer los casos de la ex directora Jurídica de la estatal petrolera Esther Carmona y el ex gerente de Planificación de YPFB Misael Gemio, a quienes benefició con medidas sustitutivas y arresto domiciliario, a pesar de la solicitud de la parte demandante, que consistía en detención preventiva en los penales de Obrajes y San Pedro, respectivamente, mientras se lleva adelante la investigación.
La Fiscalía Anticorrupción presume que las cinco personas formaron una organización criminal con el objetivo de pagar y cobrar una coima a favor del destituido titular de la estatal petrolera Santos Ramírez.
El Código Penal vigente establece condenas de uno a tres años de reclusión para quienes sean encontrados culpables de organización criminal. El cohecho propio y el cohecho pasivo se penan con dos a seis años de reclusión.
Indagan toda posibilidad
El fiscal Sergio Céspedes, otro de los investigadores del asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach, explicó que el Ministerio Público indagará todos los hechos vinculados con el crimen y el volteo de 450.000 dólares, incluso aquellos que partan de versiones extraoficiales o comentarios de prensa.
El jurista refirió que indaga si el robo perpetrado el 27 de enero no fue el único que se hizo al dinero destinado supuestamente a pagar sobornos.
La Fiscalía presume que los 450.000 dólares robados estaban destinados al pago de una coima al ex presidente de YPFB Santos Ramírez.
“Sabemos que Javier Navia y Gonzalo Aramayo hablaron con la víctima Jorge O’Connor D’Arlach y que Navia y Aramayo le indicaron dónde tenían que seguirlos, sabemos que hay parentesco con la esposa del señor Santos Ramírez y la versión de Franz Michel Rodríguez es que Ernesto Córdoba sabía que ese dinero era para ser entregado al ex presidente de Yacimientos Santos Ramírez, por vía de Javier Navia, a través de la señora Navia o a través de unos de sus hermanos”.
De esa manera, el abogado señaló el curso que siguen actualmente las investigaciones que lleva adelante para aclarar el asesinato en cuestión.
Pistas
Luis Mamani citará a los inquilinos del edificio de la Tejada Sorzano para declarar.
Desea saber por qué y quién ordenó la limpieza de la escena del asesinato del empresario.
O’Connor fue asesinado la mañana del 27 de enero, cuando le robaron 450.000 dólares.
El aliado clave de YPFB se lava las manos
El abogado de Miguel O’Connor afirmó que su cliente sólo administraba las obras en Tarija y en el interior. Indicó que su hermano, Jorge, fue quien llevaba adelante el contrato con YPFB, sin embargo, fue él quien firmó el documento.
La Razón
• EL DOCUMENTO • Al final de la página 18 de la minuta de contrato, se ven las firmas de los representantes de la asociación accidental Catler-Uniservice y de la estatal petrolera YPFB.
Miguel O’Connor D’Arlach, hermano del empresario fallecido Jorge O’Connor D’Arlach, dijo que no conoce el proyecto para la construcción y puesta en marcha de una planta separadora de licuables en Santa Cruz, pese a que él fue quien firmó una minuta de contrato para el proyecto con el entonces presidente de la empresa estatal, Santos Ramírez, el 14 de julio del 2008.
El anuncio fue proporcionado ayer por su representante legal, Javier Zeballos, quien reiteró que su cliente sólo es representante legal de la empresa en Tarija, y descalificó la acusación planteada por el Ministerio Público.
“Jorge O’Connor se encargaba de todas las obras en Santa Cruz y el relacionamiento en la ciudad de La Paz, el ingeniero Miguel O’Connor trabajaba en las obras en Tarija y en el interior. No mezclaban sus atribuciones. Por esa razón Miguel no conocía lo que era el manejo administrativo interno del proyecto en Río Grande (Santa Cruz) que realizaba enteramente su hermano”, afirmó ayer Zeballos en el edificio de la Fiscalía de Distrito.
Sin embargo, el 14 de julio Santos Ramírez firmó una minuta de contrato con representantes del consorcio Catler-Uniservice, Miguel O’Connor D’Arlach, por Bolivia, y Agustín Tomás Melano, por Argentina (ver foto), en la que suponía la construcción de la planta en el lapso de 340 días calendario y por un costo de 86,6 millones de dólares.
Según el abogado de O’Connor, su defendido desconocía el destino final de los 450 mil dólares, que, según las investigaciones, iban a ser destinados a pagar una presunta coima a Ramírez por la adjudicación del consorcio al proyecto.
“Él (O’Connor) no administraba este proyecto, él vive en la ciudad de Tarija y está ahora en La Paz para ayudar al esclarecimiento de estos hechos”, indicó el abogado.
En una visita realizada el lunes por personeros de la Fiscalía de Distrito de La Paz, al terreno donde debía iniciarse la obra de construcción en Río Grande, provincia Cordillera, se confirmó que no existe ningún avance en la obra civil.
No obstante, Miguel O’Connor dijo que el proyecto empezará en breve y que para ello se aguarda una orden de proceder.
Ayer, el abogado de O’Connor declaró que el proyecto tiene un avance del 35 por ciento pero en la empresa estadounidense Gulsby, que fue subcontratada por Catler-Uniservice, para la fabricación de turbo expanders.
“De acuerdo con lo que manifiestan, tanto las empresas americanas, la Gulsby, como las empresas argentinas, el avance está alrededor del 35%. Pero no solamente son ellos, hay verificadoras internacionales que acreditan ese avance de obras”, explicó el abogado.
El 27 de enero, Jorge O’Connor pereció en la puerta de un domicilio de la avenida Tejada Sorzano, en La Paz, luego de ser asesinado por cinco presuntos delincuentes que le arrebataron 450 mil dólares, que iban a ser supuestamente destinados a pagar una coima a Ramírez.
Ese día, el empresario iba acompañado de su hermano y otros socios. Según Zeballos, Miguel O’Connor desconocía el destino de esos fondos. “El hermano le indicó que iban a hacer un retiro y que después le iba a indicar el porqué de ese dinero (…). No hubo un momento objetivo en el que haya conocido el destino final de esos dineros”, dijo.
ANTECEDENTES
Caso • La muerte del empresario O’Connor destapó hechos irregulares en la firma del contrato con Yacimientos que derivaron en una detención preventiva para Ramírez.
Implicados • La Fiscalía acusó a Miguel O’Connor y a otros implicados por las supuestas irregularidades en el contrato. El 25 de marzo se llevaría a cabo una audiencia.
Fiscalía inspecciona oficinas de SIPSA y las de Yacimientos
SANTA CRUZ
Las oficinas de la empresa Servicios e Industrias Petroleras SA (SIPSA) y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ubicadas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, fueron intervenidas entre el lunes y el martes por los representantes del Ministerio Público que investiga el contrato con Catler-Uniservice para la construcción de una planta de licuables en Río Grande.
El fiscal Edward Mollinedo y su comisión inspeccionaron SIPSA la tarde del lunes, luego de llegar de Río Grande. Estaban ubicadas en un edificio particular, ubicado al frente del Parque Urbano, cerca del segundo anillo de la urbe cruceña. Ayer realizaron la inspección en la oficina regional de YPFB en la misma ciudad, cuyas instalaciones se encuentran en la avenida Doble Vía la Guardia, entre el segundo y tercer anillo. Enviada a Santa Cruz
Fideicomiso no se legalizó en agosto, según Guiteras
SITUACIÓN • El senador denunció que el día en que se protocolizó el contrato en Oruro, las tres autoridades que firman estaban en La Paz.
• REPRESENTANTES BANCARIOS • Los ejecutivos del Banco Unión declararon ante la comisión del Senado el 4 de marzo.
El presidente de la comisión del Senado que investiga los hechos de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Wálter Guiteras, sostuvo que el contrato del fideicomiso firmado entre el Ministerio de Economía y el Banco Unión fue protocolizado después del asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach el 27 de enero y no el 14 de agosto, como figura en el documento.
El senador aseguró que tiene en su poder las agendas de actividades del ministro de Economía y Finanzas (ex Hacienda), Luis Arce, de la gerente del Banco Unión, Marcia Villarroel, y del ex presidente de YPFB, Santos Ramírez, quienes —según Guiteras— estaban en La Paz el día en que se protocolizó el contrato en la notaría de gobierno de Oruro.
“Las agendas las voy a entregar al Ministerio Público. Tengo sus agendas y (Luis Arce, Marcia Villarroel y Santos Ramírez) estaban en La Paz. Tengo el orden de entrevistas que tuvo la gerente Villarroel el 14 de agosto del 2008. Los tres no se trasladaron a Oruro y de ahí llego a la conclusión de que esto se hizo posterior al 14 de agosto”, manifestó en una entrevista con La Razón.
Agregó que esta es la razón por la que el documento se firmó en Oruro y no en La Paz, pues presuntamente en la Notaría de Gobierno orureña tenían un espacio para acomodar la protocolización a cualquier fecha.
“…ellos estaban cumpliendo funciones administrativas en La Paz. Incluso Arce el 14 y el 15 de agosto hace dos declaraciones de carácter público televisivas en la ciudad de La Paz”, añadió.
Guiteras reiteró que la protocolización del contrato de fideicomiso debió realizarse en la Notaría de Gobierno de La Paz, porque en esta urbe está el domicilio de YPFB, del Ministerio de Economía y del Banco Unión.
“¿Por qué no protocolizaron en esa fecha en La Paz?… El único motivo es porque este contrato no estaba hecho en esa fecha”.
Según la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, existe un vacío en las normas al respecto, pues establecen la protocolización de los contratos, y no así el lugar.
La Ministra de Transparencia no supo explicar por qué el documento del fideicomiso se protocolizó en Oruro. “Habrá que hacer la averiguación”, afirmó.
Mientras, según la gubernamental ABI, el prefecto de Oruro, Luis Alberto Aguilar —que también fue sindicado por Wálter Guiteras por ser parte de la protocolización del documento—, llamó “mentiroso” al senador opositor “porque la protocolización fue el 14 de agosto del 2008 y no después del escándalo».