Cochabamba es la tercera capital, después de La Paz y Santa Cruz, con más personas detenidas. Se estima que concentra el 22 por ciento de los privados de libertad.
“Uno de los males crónicos de la administración penitenciaria, desde la fundación de la República, es el extremo hacinamiento en el que viven los presos”.
Tomás Molina | Autor de Derecho Penitenciario
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Si al principio del quinquenio había 1.300 detenidos en Cochabamba, que provenían en su mayoría de delitos relacionados con el narcotráfico, desde 2011 la cifra va más allá de los 2.100. Nunca antes las cárceles del valle estuvieron tan hacinadas, llenas de presuntos culpables que cargan con una doble condena: la impuesta por la justicia y la dictada por las horrendas condiciones de los penales.
Mario Bernal nunca se imaginó lo caro que iba a pagar el enrolarse con un clan del narcotráfico, que lo reclutó en Cliza y lo llevó hasta una factoría, para que mezcle la coca con precursores a cambio de 60 bolivianos. El mismo día que empezó lo detuvieron, fue preso y luego de tres años se sentó en el banquillo de los acusados, fue la culminación de seis intentos para que se realice su juicio oral.
“¿Por qué pisaba coca? ¿No sabe que es sagrada?”, fueron las preguntas cruciales que la Fiscalía utilizó para demostrar que era un fabricante de cocaína. Fue condenado a cinco años junto a otro joven contratado por el clan. Son los únicos detenidos de un grupo de seis, el resto del clan recobró su libertad a los pocos meses.
Después de tres años tras las rejas, aprendió a leer y escribir; además, goza del aprecio de los internos que ven en él a uno de los barrenderos más eficientes del penal. Ha trabajado tanto que, según sus kardex, la suma de sus jornadas laborales (dos días de trabajo reduce un día de condena) que ya ha cumplido su condena de cinco años; pero, sigue preso.
La pasada semana salió con el rostro lloroso del juzgado, le concedieron la libertad pero con una fianza de 7 mil bolivianos, suma que jamás tuvo en su vida y que menos juntará en la cárcel. En su audiencia se tragó el llanto cada vez que los dos fiscales de en frente le preguntaban si tenía casa. Como su respuesta era afirmativa, los acusadores le decían: “¿Y tu familia no puede vender tu casa y sacarte?”
En Cochabamba el hacinamiento ha tocado fondo. El penal de San Sebastián es el más lleno. Con más de 600 internos en una infraestructura diseñada para 150 ha sido escenario en el último mes de un motín, generado por las pugnas internas entre grupos por la restitución de cobros del “derecho de vida” —un pago obligado aún vigente en algunos penales para los recién llegados— que es impuesto por el grupo hegemónico de la prisión.
El nuevo director departamental de Régimen Penitenciario, Dennis Mejía, es un convencido de que “hay que educar al niño de hoy para no castigar al hombre de mañana”. Por ello, sostiene que la sobrepoblación que hay en los penales es una consecuencia de la pérdida de valores en la sociedad y se ha propuesto trabajar en la rehabilitación de los internos.
“Hay un problema que es el presupuesto. Estoy hablando con la Gobernación y la Alcaldía —que tienen recursos del IDH— para que apoyen en lo que es infraestructura y salud. Se tiene que garantizar la rehabilitación en los privados de libertad: ellos no están privados de todos sus derechos, a la vida, a la salud, a la educación, entonces, el Estado también tiene que apoyar”, remarcó Mejía.
Al colapso de los penales se añaden las carencias: las medicinas son escasas, los servicios básicos son insuficientes, el acceso a los hospitales está limitado, los espacios para rehabilitación son reducidos, al igual, que para la comercialización.
Ante las enormes necesidades que existen en los penales, las iglesias y Pastoral Penitenciaria juegan un rol protagónico. Según Mejía, la dirección departamental de Régimen Penitenciario cuenta con dos médicos para atender a los más de 2 mil internos a través de un rol de turnos.
“Los médicos hacen visitas y, sobre todo, gestiones para conseguir medicamentos hasta para los pacientes que requieren de diálisis. Tienen que ir a los hospitales y pedir que rebajen la cuenta.
“La historia de Mario Bernal es una entre cientos de las que hay en las cárceles. Su caso es parte de la retardación de justicia. Tal vez recupere su libertad tras pagar Bs 7 mil ”
Por Katiuska Vásquez – Los Tiempos – 27/11/2011