El pasado lunes, el ministro de la Presidencia Yerko Nuñez señalaba que el Gobierno había iniciado una denuncia penal contra la exgerente de la Editorial del Estado Amanda Dávila y otras exfuncionarias de esa entidad por haber permitido el uso de la misma para elaborar material gráfico para fines electorales del Movimiento Al Socialismo (MAS) durante la época preelectoral de las elecciones anuladas de 2019.
Este martes el contralor General del Estado Henry Ara hizo conocer que la entidad que preside no recibió ninguna denuncia al respecto, sin embargo, esa cartera está dispuesta a llevar adelante auditorias pese a la recargada labor que tienen.
“En este caso no nos ha llegado la denuncia, quiero indicarles que la Contraloría tiene una capacidad de producción limitada. Cada año sacamos cerca a 650 productos, este año estamos tratando este tipo de denuncias, pero principalmente nos hemos abocado a ver el trabajo de auditoría a nivel nacional respecto a lo que ha sido los bienes adquiridos para la pandemia”, dijo Ara.
Respecto a la exgerente de la Editorial del Estado Amanda Dávila, el Contralor señaló que si bien ella no se encuentra en territorio nacional se podría solicitar informes a la institución que debería contar con una base de datos y toda la información respecto a los manejos durante la gestión de Dávila.
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Ara agregó que la Contraloría viene trabajando de acuerdo a una planificación, empero si la denuncia contra la ex administración de la Editorial del Estado es formalizada entonces procederán a realizar un trabajo de auditoría a la misma “si llega la denuncia la evaluaremos y nos gustaría que la denuncia llegue con documentación que nos facilite el trabajo que podemos hacer”, puntualizó el contralor.
Para el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Choque, el MAS respalda un proceso de auditoría a la editorial del Estado que era administrada por Amanda Dávila exministra de comunicación y exgerente de esa entidad, enfatizó que si el trabajo de auditoría establece responsabilidades, quienes cometieron irregularidades deben ser sancionados.
“Si se establece que en esas instalaciones públicas se han hecho con dinero del Estado propaganda política a favor de uno u otra persona, tiene nomás que ir a proceso como establece la norma”, dijo Choque.