Ese documento salió luego de que estalló el escándalo de corrupción en YPFB . El presidente del Colegio de Abogados dice que un decreto no puede eliminar una responsabilidad civil o penal.
• 2006 • Arce aparece junto a Marco Antonio Vega, hoy detenido por el caso YPFB, en las gradas del Senado.
La Razón
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El Decreto Supremo 0014, emitido el 19 de febrero de este año, busca salvar con retroactividad la participación del ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, en la administración del fideicomiso para la construcción de una planta de licuables a través del contrato entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Catler Uniservice.
El presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Ortiz, denunció esta supuesta irregularidad. “El artículo 20 del Decreto 0014 transfiere la responsabilidad de supervisión, seguimiento y evaluación del logro de la finalidad del fideicomiso del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas al beneficiario (es decir a YPFB) y a la entidad de la política sectorial”, señala Ortiz en un comunicado.
Sin embargo, nueve meses antes de la resolución de ese documento se emitió el Decreto Supremo 29564, el cual autoriza al por entonces Ministerio de Hacienda ser el fideicomitente en un contrato de fideicomiso para la construcción de esa planta. El inciso 15,5 de ese escrito señala que, entre las obligaciones de Arce, está la de “revisar los informes que rinda el fiduciario (Banco Unión) en el desarrollo de su gestión conforme a los plazos establecidos en el contrato”.
Asimismo, entre los derechos del fideicomitente, el punto 16,5 establece que el Ministerio de Hacienda debe “efectuar las acciones de seguimiento, control y fiscalización de los recursos transferidos al fiduciario con motivo del fideicomiso”.
La norma emitida en febrero salva a Arce de toda responsabilidad sobre el contrato de fideicomiso. Sin embargo, según el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Bernardo Wayar, “a través de un decreto no se puede eliminar una responsabilidad administrativa, civil o penal” con retroactividad.
En las declaraciones que el ministro Arce dio a la comisión de senadores que investigó los actos de corrupción en YPFB, según Ortiz, la autoridad de gobierno negó tener responsabilidad en el contrato del fideicomiso. “La competencia de fiscalización la ejerce la Contraloría General de la República (…) El Ministerio de Hacienda de acuerdo a la Ley Safco no ejerce la competencia de fiscalización”, aseveró Arce ante el Senado.
“El ministro no corrige los problemas en los fideicomisos y simplemente se deslinda de las responsabilidades de supervisión, seguimiento, evaluación y administración de los mismos”, señaló el senador Ortiz.
Manifestó que con ese decreto supremo no se soluciona ningún problema de fideicomisos. Hasta ahora “no existe un control de los recursos, puesto que no pasan por el Sistema Integrado de Ejecución Presupuestaria. No están sujetos a fiscalización y presentan características de confidencialidad que se asemejan mucho al manejo de gastos reservados”.
El inciso 24 del contrato de fideicomiso señala que “queda expresamente prohibida la divulgación de la información a terceros (…) todo intercambio de información entre las partes, con motivo de este contrato deberá guardar las formalidades de rigor y estar respaldada por la comunicación escrita respectiva…”.
El presidente de la Cámara Alta recomendó que se deben realizar auditorías externas a todos los fideicomisos creados por el actual Gobierno. Asimismo, se debe “limitar su uso y transferir los recursos a las empresas públicas anotando dichos recursos en sus presupuestos y especificando el uso de los mismos, como establece la ley”, entre otras.
El martes, el senador de Podemos Wálter Guiteras denunció que el contrato del fideicomiso firmado entre el Ministerio de Economía y el Banco Unión fue protocolizado después del asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach, el 27 de enero, y no como indica el documento que es el 14 de agosto del 2008.
Para el senador Ortiz es necesario que el Ministerio Público conozca estas supuestas irregularidades y que realice una investigación profunda al respecto.
FECHAS
Fideicomiso • El 14 de mayo del 2008 se emitió el Decreto Supremo 29564, el cual autoriza al Ministerio de Hacienda ser parte del contrato del fideicomiso. El mismo señala una serie de responsabilidades y deberes de esta cartera.
Decreto 0014 • El 19 de febrero de este año se emite otro decreto, en el que se deslinda la responsabilidad de fiscalización del ministro Luis Arce en el contrato de fideicomiso para la construcción de la planta de licuables en Río Grande.
En febrero se debió dar una segunda garantía a la Gulsby
INSPECCIÓN • Según el informe del Ministerio de Defensa Legal, esta empresa terminó el diseño final de la planta y avanza en la fabricación.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) debió abrir en febrero una segunda carta de crédito para que la estadounidense Gulsby Process System, que fabrica las partes de la planta separadora de líquidos que se instalará en Río Grande, pueda terminar la obra, según un informe del Ministerio de Defensa Legal.
El 12 de noviembre del 2008, el Banco Unión abrió la primera garantía de pago por $us 35 millones para la Gulsby. Pablo Menacho, consultor del Ministerio de Defensa Legal, fue uno de los enviados a EEUU para verificar los avances en el trabajo de la empresa. Durante la entrevista que tuvo Menacho con los ejecutivos de la empresa, James Gulsby, presidente de la compañía, le explicó que el contrato con Catler-Uniservice establecía la apertura de una segunda carta de crédito hasta febrero.
“La primera parte del proyecto estaba prevista por un monto de $us 35 millones, que incluía ingeniería básica y equipamiento principal de la planta y que el contrato estaba basado en una carta de crédito (…) El contrato establecía la entrega de una segunda carta de crédito, hasta febrero del 2009, para continuar con la segunda parte del proyecto”, señaló James Gulsby, según indica el informe de viaje presentado el 18 de febrero por Pablo Menacho al ministerio.
De acuerdo con declaraciones del 4 de marzo del actual presidente de YPFB, Carlos Villegas, a pesar de las gestiones realizadas aún no se encontró dinero para completar el fideicomiso y llegar a los 90 millones de dólares.
Abogado de Ramírez pedirá su libertad
Proceso
• A PRISIÓN • El 12 de febrero Ramírez es trasladado de los juzgados a la cárcel paceña.
José Luis Paredes, representante legal del presidente destituido de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, anunció ayer que solicitará la sesación de la detención preventiva de su cliente.
Según el abogado, el motivo por el que la jueza Décima de Instrucción en lo Penal, Marcela Siles, determinara su detención fue porque aún faltaba tomar la declaración de otros presuntos implicados, hecho que, según Paredes, ya cumplió su ciclo.
“La decisión de la jueza determinó además de que no existe peligro de fuga, porque Ramírez tiene familia, domicilio y es persona conocida. No existe obstaculización y por una susceptibilidad determinó que faltaban personas por declarar para darle la libertad. Como ya han declarado, puedo pedir la libertad inmediatamente”, indicó ayer Paredes en puertas de la Fiscalía de Distrito de La Paz.
Paredes no adelantó la fecha en que solicitará la sesación de la detención, “tengo que preparar mi audiencia, presentar un memorial y revisar las últimas declaraciones”, añadió.
El 12 de febrero, en una audiencia de medidas cautelares, la jueza Siles determinó la detención de Ramírez porque podría obstaculizar la investigación e influir en personeros de la estatal petrolera.
El ex funcionario público fue imputado por el Ministerio Público por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, asociación delictuosa, daño económico al Estado, conducta antieconómica y cohecho pasivo (soborno).
Contrato con Catler debe terminar, según políticos
OPINIONES • Tres legisladores consideran que se debería ejecutar las boletas de garantía.
El contrato entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Catler-Uniservice para la instalación de la planta separadora de líquidos en Río Grande debe ser rescindido o invalidado. En ello coincidieron legisladores oficialistas y de oposición.
La Razón consultó con tres diputados y un senador, y ninguno de ellos está de acuerdo con que la estatal petrolera continúe con el contrato, por las irregularidades detectadas en el documento. Algunos de los entrevistados pidieron que se ejecuten las boletas de garantía para reducir el daño económico al Estado.
El diputado Fernando Barrientos (Podemos) señaló que debería “romperse el contrato” si la relación contractual es corrupta e ilegal. Agregó que la empresa y los funcionarios públicos que lo suscribieron deben resarcir al Estado. Para el diputado Arturo Murillo (UN), “el contrato ligado con corrupción debe rescindirse” y se debe ejecutar las boletas de garantía. El diputado Jorge Silva (MAS) coincidió en que se debe asumir ambas acciones. El senador Félix Rojas (MAS) dijo que se debe invalidar el contrato y que quienes lo suscribieron deben pagar los daños.