Con la suspensión del gobernador del Beni, Ernesto Suárez, el partido de gobierno suma más de 20 golpes departamentales y municipales, que incluyen los dados en Cochabamba y La Paz (revocatorio inconstitucional), Pando (derrocamiento vía militarización), Tarija (ley corta) y una veintena de gobiernos locales, siendo los más relevantes los de Sucre y Potosí.
El gobernador beniano denunció esta tarde que el MAS propiciaba un golpe de Estado en su departamento, mediante una acusación en su contra presentada por la Fiscalía de Distrito a la Asamblea Departamental Legislativa para suspenderlo.
Suárez explicó que la acusación busca vincularlo con supuestos malos manejos en la reparación de un motor de luz eléctrica en San Borja, “cuando los encargados de ejecutar los recursos eran las autoridades municipales de esa población y no el gobernador”.
Poco después, se conoció que el asambleísta Haisen Rivera, del MNR, es el nuevo gobernador interino del Beni.
Lo cierto es que en los últimos días el régimen evista parece haber apretado el acelerador de la judicialización de la política con este y otros casos, lo que probablemente obedezca a una táctica para sobrellevar los distintos reveses sufridos por el gobierno en los últimos meses.
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Luego de las batallas perdidas del TIPNIS y de las elecciones judiciales, y del fiasco de la “Cumbre Social”, el oficialismo habría llegado a la conclusión de que “la mejor defensa es el ataque”, pasando a la ofensiva en contra de los resabios de oposición regional.
La movida sería estratégica de cara a un eventual referéndum bi-departamental entre Cochabamba y Beni, sobre la controvertida carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos…