Marcelo Ostria Trigo
Un editorial del diario El País de Montevideo (“Lo que paga el trabajo”, 16/12/2011) menciona que el actual Gobierno uruguayo “gasta un millón de dólares por día –300 millones al año– en transferencias a sectores de la población considerados ‘vulnerables’ económicamente”. “Somos –añade– el segundo país en América Latina (después de Bolivia, con el 60%) con mayor proporción (el 30%) de personas que dicen recibir ayuda estatal directa en alimentos o dinero”. Esto ha sido posible en Bolivia y Uruguay porque sus economías, desde 2006, han tenido una etapa de excepcional bonanza, gracias a los altos precios internacionales de sus productos de exportación.Las ayudas en Bolivia (los diversos bonos a ciertos sectores de la población) han cumplido con el propósito inicial de la creación del Bonosol en 1997, en vísperas de elecciones, como prebendas para concitar respaldo y captar votos. Posteriormente, la tendencia se consolidó y se desbocó, multiplicando bonos y canonjías. Poner en duda la conveniencia de conceder estos beneficios se ha convertido, desde entonces, en una herejía. Y si se actuaba con sentido responsable y previsor, el riesgo era perder apoyos y votos.Con una intención similar: conservar el apoyo y no hurgar el avispero, comenzó, hace ya más de una década, la nada neoliberal subvención del Estado a los carburantes que se consumen en el país; subvención que ha crecido paralela al incremento internacional de precios de los hidrocarburos. Pero todo tiene término, más aun cuando aparecen las dificultades. En diciembre de 2010 se intentó ‘regularizar’ los precios nacionales de los carburantes, pero con una torpe medida; es decir de una sola vez y cargando todo el peso al pueblo. Y, ante la protesta, se anuló la medida. Tan grande fue el impacto de la resistencia ciudadana al frustrado ‘gasolinazo’ que en la reciente reunión plurinacional de Cochabamba, pese a que se esperaba, no fue tocado el tema.Hay otras dificultades: la falta de inversiones habría ocasionado que no se incrementen las reservas de los hidrocarburos y, consecuentemente, que se estanque la producción. Esto es preocupante, pues puede ser que los hidrocarburos extraídos pronto sean insuficientes para atender el creciente consumo nacional de gas y gasolina y para cubrir los compromisos de provisión de gas a Brasil y Argentina. Tampoco habría perspectivas para que la producción de gas se incremente lo necesario para proveer, a corto plazo, lo requerido para el desarrollo del proyecto siderúrgico de Mutún. Paralelamente a lo que precede, hay un constante llamado a la defensa de nuestros recursos naturales de la “voracidad extranjera”, pero, en los hechos, estos recursos, que ya están en nuestro poder, hasta ahora no son las semillas que debieron ser sembradas para el desarrollo.Todo indica que ese 60% de los bolivianos que –se dice– reciben ayuda estatal directa para su subsistencia, podría quedar afectado si no hay un cambio de orientación, para conjurar el riesgo que se corre de que aumente el número de personas que se debaten en la extrema pobreza.Como si faltara algo más para preocuparse, no sería extraño, si se persiste en cerrar aún más la economía, que el fantasma de la inflación, a la que se considera como un cruel ‘impuesto’ que se ceba en los más pobres, se desate con fuerza.Es peligroso fundar un Estado de bienestar con pies de barro, es decir, cuando la bonanza depende exclusivamente de factores externos.