La demanda fue presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Colegio de Abogados de La Paz y la Oficina Jurídica de la Mujer de Cochabamba.
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La CIDH debe realizar un seguimiento para verificar las denuncias y poder emitir un fallo.
La Prensa y EFE.- El Colegio de Abogados de La Paz y la Oficina Jurídica de la Mujer de Cochabamba denunciaron ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el “debilitamiento” del estado de derecho en Bolivia, y acusaron al Gobierno de carecer de voluntad política para velar por una mejora al respecto. El Ejecutivo respondió que se trata de una acción política.
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Ésta es la primera denuncia que recibe la Comisión contra el Estado boliviano y que implica a la gestión del presidente Evo Morales. En julio de 2008, el Gobierno peruano envió una carta a la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que acusa a Morales de convocar a la rebelión al pueblo de Perú.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizará la denuncia, los descargos y, en caso de verlo necesario, recibirá declaraciones o denuncias adicionales de otras víctimas. Luego, en un plazo aproximado de dos meses, emitirá un fallo que podría contener recomendaciones o exigir acciones al Estado.
José Antonio Rivera, vicepresidente del Colegio paceño, efectuó la denuncia en una audiencia efectuada ayer en la sede de la CIDH en Washington, Estados Unidos. Dijo que el Gobierno ha “desarticulado” el Tribunal Constitucional hasta lograr su “paralización total a través de presiones y procesos penales ilegales a sus magistrados”, lo que ha dado lugar a la anulación del control de constitucionalidad.
Se denunciaron también acciones de funcionarios estatales y particulares, violaciones a la libertad de información, comunicación y expresión; a los derechos sexuales y reproductivos, a la vida, la integridad, la libertad y la salud.
“Existe un claro deterioro de las obligaciones de garantía y protección, una sistemática hostilidad y agresión contra la disidencia y la prensa, e impunidad por violaciones a los derechos”. Agregó que la “magnitud” de la corrupción ha penetrado hasta “los más altos niveles de la estructura estatal”, y que hay un “incremento” del narcotráfico.
El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, dijo que la denuncia es una maniobra política que surge “casualmente” después de las declaraciones con el mismo tenor y también en EEUU del ex ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín.
“No negamos avances formales en materia de derechos humanos —dijo Rivera—, pero no existe una voluntad política para implementarlos”. Agregó que pese al avance en el régimen democrático y las garantías a la plena vigencia y goce de los derechos humanos, incluidas en la nueva Constitución Política del Estado (CPE), por razones de “orden político-ideológico y de coyuntura”, el Ejecutivo “ha desactivado su aplicación”.
La directora de la Oficina Jurídica de la Mujer de Cochabamba, Julieta Montaño, dijo por su parte que el Gobierno “no ha honrado con plenitud sus compromisos con los derechos humanos, situación que se agrava por posicionamientos políticos sectarios y radicales del oficialismo y de la oposición”.
Hace tres semanas, en el marco del seguimiento al informe elaborado por la CIDH, que afirma que en el país se vulneran derechos, el Colegio de Abogados de La Paz solicitó audiencia, según su presidente, Bernardo Wáyar, “para sentar una denuncia con recomendaciones”.
La CIDH notificó al Estado boliviano sobre la reunión de ayer, por lo que también asistieron el ministro de Defensa Legal, Héctor Arce, y un asesor, quienes tuvieron la oportunidad de presentar argumentos de descargo ante la Comisión.
“Lo que ahora corresponde a la CIDH —agregó— es realizar un seguimiento para verificar si efectivamente existen las irregularidades denunciadas, para luego elaborar un fallo”.
Los cuestionamientos
Según Efe, los peticionarios tuvieron una hora para exponer su denuncia ante la Comisión. En ese tiempo alegaron que existe un sistemático incumplimiento de la Constitución —a partir de 2006, año en que asume el presidente Evo Morales— por el oficialismo y la oposición, lo cual se ha comprobado en el proceso constituyente, las legislaciones mediante decreto y la aprobación de estatutos autonómicos en departamentos opositores del sur y del oriente.
Por otra parte, Pedro Rivero, director del diario El Deber de Santa Cruz, presentó la semana pasada un informe a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en el que denuncia los ataques a la prensa en Bolivia y que el Presidente mantiene su “estilo inalterable de atacar” a los medios.
En 2008, también los prefectos opositores Rubén Costas (Santa Cruz), Mario Cossío (Tarija) y Ernesto Suárez (Beni), y el ex prefecto cochabambino Manfred Reyes Villa, viajaron a Estados Unidos para denunciar el autoritarismo del Gobierno ante la OEA y la ONU y a pedir su mediación para la concertación de la nueva Constitución.
Los prefectos Costas y Cossío realizan una gira por Europa desde la semana pasada. En países como Alemania e Italia, denunciaron que el Gobierno de Evo Morales comete ilegalidades contra los departamentos y las autoridades que se oponen a las políticas que su partido, el MAS, pretende imponer en el país.
Ejecutivo critica al Colegio y la oposición lo apoya
El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, señaló que no es de extrañar que dos militantes del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), como son el ex ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín y el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Bernardo Wáyar, promuevan este tipo de denuncias.
“Creemos que es una acción política del señor Wáyar —dijo Chávez—, que persigue intereses de orden político, pero es una situación que el Estado va a saber responder dando cuentas reales de lo que pasa en el país”. El Colegio de Abogados llegó a Washington representado por su vicepresidente, José Antonio Rivera.
Chávez recordó que Wáyar fue un radical opositor al proceso constitucional y que en sus argumentos no deberían mencionar a la Carta Magna ni siquiera para resaltar sus aspectos positivos. Asimismo, criticó que el Colegio “haya gastado recursos para este viaje cuando dicen que no tienen dinero. Al respecto, Wáyar respondió que su directorio “tiene la facultad de tomar este tipo de decisiones” y que el Viceministro debería “ocuparse de sus asuntos”.
La diputada de Poder Democrático y Social (Podemos) Lourdes Millares, también abogada constitucionalista, dijo que la acción del Colegio de Abogados paceño y de la Oficina Jurídica de la Mujer de Cochabamba es una iniciativa positiva, ya que de esta manera se podrá buscar los mecanismos para que el Gobierno se apegue a la Constitución.
“Estamos en una coyuntura peligrosa en la que se ataca a la democracia y se violan los derechos humanos; estamos viviendo una etapa en la que hay secuestros de ciudadanos de sus domicilios por parte de policías y agentes de inteligencia, quienes están incluso arrestando a menores de edad. Se están vulnerando jurisdicciones, y se toma el Congreso cada vez que éste no se somete a sus peticiones”.
Más detalles
El reglamento de la CIDH dice que todo proceso se instala ante la Secretaría de la Comisión en el idioma de trabajo.
Su artículo 33 señala que en la demanda deben incluirse las pretensiones exigidas, como reparaciones y costas.
Si hay observaciones en el documento presentado, el demandante tendrá 20 días para subsanarlas o completarlas.
El Secretario debe comunicar la demanda al Estado demandado, a la víctima, víctimas o representantes y al demandante.
El Estado, en no más de 30 días, debe designar a su representante, quien se presentará en la fecha fijada para la audiencia.
El demandado, además, tiene dos meses para responder por escrito a la notificación ante la Secretaría de la Corte.
Los casos son analizados al menos por la Secretaría en dos meses, según las denuncias. Este plazo puede ampliarse.
Tras debates y análisis, la sentencia concluye con una orden de comunicación y ejecución que el Estado debe acatar.